Ecuador, en una guerra que recuerda a Colombia

Ecuador es el escenario de un conflicto armado interno que podría extenderse por la región. Todo fue anticipado por Francisco Huerta Montalvo el 23 de octubre de 2009 cuando anunció por televisión que el país sería tomado por las organizaciones del crimen transnacional si continuaba el desmantelamiento de las instituciones de seguridad pública y del Estado. Eran momentos difíciles para la libertad de expresión y nadie podía arriesgarse a decir lo que dijo Huerta Montalvo, exalcalde de Guayaquil, exministro de Estado y exdiplomático que tras su retiro de la política se convirtió en activista por la transparencia pública.

Casi 15 años después, el lunes 8 de enero de 2024, al menos 5 cárceles en todo el país amanecieron tomadas por los reos y alrededor de 100 guías penitenciarios permanecen secuestrados en lo que parece ser la artimaña mejor planificada por la delincuencia organizada en el mundo. Con complejas maniobras de avanzada que arrancaron un día, se han detonado decenas de coches bomba por todo el país y mercenarios han atacado lugares públicos como centros comerciales, terminales de autobuses e instituciones educativas. Ecuador se encuentra bajo el asedio armado de grupos de delincuencia transnacional.

Por haber sido un pequeño y pacífico país cuyas ciudades se abrazan en lo más alto de los Andes, su política ha sido irrelevante para la opinión pública global, hasta hoy. Con el inicio de este 2024 Ecuador se convierte en el epicentro de un giro institucional que modificará la interpretación de las políticas de seguridad de esta parte del mundo. ¿Por qué?

El 13 de marzo de 2009, el mayor de la Policía Nacional Manuel Silva Torres, apenas unos meses antes de las declaraciones de Huerta Montalvo, encabezó las portadas de los impresos ecuatorianos. Silva, ex jefe de la Unidad de Investigaciones Especiales, aseguraba que el desmantelamiento de las unidades policiales dedicadas a combatir a las organizaciones terroristas, subversivas y narcotraficantes, provocaría que “en poco tiempo estemos como México”. El mayor Silva no se equivocó. Habían pasado apenas unos meses de la expedición de la actual Constitución del Ecuador de 2008 y el gobierno volcó ingentes recursos publicitarios para anunciar reformas legales para ciudadanizar a las instituciones policiales. El anuncio estuvo cargado de frases desdeñosas sobre el trabajo de los policías y militares. En septiembre de 2010 se produjo el amotinamiento policial en contra del gobierno de Rafael Correa.

En octubre de 2022, el exvicepresidente de Colombia de 2002 a 2010, Francisco Santos, en entrevista televisada se refirió al bombardeo colombiano del 1 de marzo de 2008 en Angostura. Dijo que fue imposible solicitar la participación del gobierno del Ecuador porque “las FARC estaban ya bajo la autorización de Rafael Correa. Correa sabía que las FARC estaban allá. Si nosotros le decíamos a Correa que íbamos a bombardear, pues Correa les avisaba antes. Entonces no existía esa posibilidad”. Esta no sería la primera vez que ocurre algo así. El exmandatario anunció en su cuenta de X que se produciría el más grande operativo de la historia judicial del Ecuador ejecutado en diciembre pasado. El anuncio provocó el escape de, al menos, una decena de personas vinculadas con el caso Metástasis, una investigación que impulsa la Fiscalía del Ecuador en contra de operadores judiciales, políticos y periodistas vinculados con el narcotráfico.

Además de esta acusación planteada por Santos poco tiempo después de ocurrido el bombardeo, Jorge Briceño Suárez o alias Mono Jojoy, comandante del Bloque Oriental de las FARC, confirmó en un video difundido en julio de 2009 que el narcoterrorismo financió la campaña electoral que llevó a la presidencia a Rafael Correa en 2006. En otras ocasiones el mismo Correa ha sido fotografiado en eventos públicos con narcotraficantes como los hermanos Ostaiza y Leandro Norero. Colocadas en estas fichas en orden no parecen una casualidad.

Pero Huerta Montalvo, Silva Torres, Santos no fueron los únicos en denunciar la penetración de las infraestructuras del narcotráfico en la política y en la democracia del Ecuador. El extinto presidenciable Fernando Villavicencio, asesinado en un mitin de su campaña electoral el 9 de agosto de 2023, denunció la presencia en ejercicio de cargos políticos y representativos de actores directamente vinculados con el narcotráfico y de recursos procedentes de estas fuentes las que habrían financiado sus campañas. Eran días de elecciones y Villavicencio no dejó de ofrecer pruebas sobre la presencia de financiamiento ilícito a las campañas de candidatos que corrían por un puesto en la Asamblea Nacional. Muchos de los mencionados integran las filas del Movimiento Revolución Ciudadana de Rafael Correa. Entre estos constan una alcaldesa recientemente elegida que ha sido mencionada en unas conversaciones reveladas por la justicia y recabadas del teléfono móvil de Leandro Norero, alías el patrón, cabecilla y financista de Los Ñetas, Los Latin King, Los Lobos, Tiguerones, Chonekillers entre otras organizaciones narcodelictivas. Es el mismo que aparece en 2012 en una foto acompañando Rafael Correa, entonces presidente del Ecuador, y ambos sonríen a la cámara en compañía de Ricardo Patiño, entonces canciller del Ecuador. Norero, Correa y Patiño asistían a los acuerdos de paz entre bandas narcodelictivas y el gobierno nacional. Una de las medidas de pacificación fue afiliar a 300 pandilleros al partido político de Rafael Correa, uno de ellos, perteneciente a los Latin King, fue elegido congresista en el Ecuador.

Villavicencio también denunció las constantes amenazas en contra de su vida que recibió de Adolfo Macías, alias Fito, líder de la organización narcodelictiva Los Choneros, cabecilla que escapó de la cárcel de máxima seguridad de Guayaquil en una fecha indeterminada entre el 25 de diciembre y el 7 de enero, dos días antes de la actual explosión de inseguridad nacional. La justicia presume que Macías, además de Fabricio Colón Pico, otro cabecilla quien escapó el martes 9 de enero de la cárcel de Riobamba, estarían detrás del magnicidio de Villavicencio y de las amenazas que constantemente ha recibido la fiscal Diana Salazar. Villavicencio denuncio penalmente un plan para acabar con su vida, en la denuncia singularizó nombre de compañeros suyos en el legislativo ecuatoriano entre los que constan dos militantes del partido de Rafael Correa, uno de los cuales es el legislador Latin King.

El Ecuador de Leandro Norero de la década del 20 es muy parecido a la Colombia de la década del 80. Con cuatro décadas de distancia se repite un repertorio criminal, político, policial y comunicacional que solo pueden permitirse los pueblos que ignoran su propia historia.

En Colombia se produjo el magnicidio del presidenciable Luis Carlos Galán el 18 de agosto de 1989. Este atentado terrorista estuvo precedido del también magnicidio del fiscal nacional Rodrigo Lara Bonilla el 30 de abril de 1984. Lara Bonilla, en sus funciones de fiscal, fue perseguido y difamado por un intenso aparato de acoso congresal y de propaganda financiado de Pablo Escobar e impulsado por un partido político con representación en el Congreso de Colombia y por varios medios de comunicación. Sobre Lara Bonilla se dijo que era empleado de la CIA, financiado por el narcotráfico, extorsionador, incluso se intentó sin suerte destituirlo en el legislativo colombiano. A Pablo Escobar lo entrevistaron y presentaron como un hombre de paz, un mecenas y un benefactor progresista, enemigo del imperialismo estadounidense, que se oponía a la extradición de los colombianos para defender la soberanía del país. Es lo mismo que dijeron los progresistas ecuatorianos cuando se opusieron al plebiscito que consultó sobre la extradición en febrero de 2023. La gigantesca maquinaria de comunicación política vinculada al narcotráfico aprovechó que la consulta era convocada por un presidente ineficiente y débil, y derrotó la propuesta en todas sus preguntas, incluyendo la de la extradición. También entró al balotaje presidencial.

Entre 1984 y 1993 se produjo un periodo en la historia política continental llamado como la Guerra Total Colombiana. Inicia con el magnicidio de Rodrigo Lara Bonilla y concluye con el abatimiento de Pablo Escobar. Tras la muerte de Escobar fueron judicializados los periodistas que lo ensalzaron y se disolvió el partido legislativo bajo su control.

Una década después de la muerte de Escobar empieza el proceso de desmovilización, en 2003, y, al menos, 30 mil combatientes paramilitares se entregaron en el 2006. Como saldo quedaron 8 millones entre muertos, desaparecidos, desplazados y afectados por la violencia. Fueron casi 20 años de sufrimiento y tragedia que en Ecuador podría estar apenas iniciando.

¿Se disolverán los partidos vinculados al narcotráfico y pagarán los políticos, jueces, abogados, legisladores y periodistas por esta crisis que vive el Ecuador? ¿Volverán los prófugos de la justicia ecuatoriana y darán la cara por haber entregado el país al narcotráfico, el terrorismo y al crimen organizado? Solo el tiempo lo dirá.