Qué significa la presidencia de Bernardo Arévalo en Guatemala para América Latina

En América Latina, los llamados “outsiders” con agendas anti-sistema o anti-establishment – desde Alberto Fujimori en Perú hasta Hugo Chávez en Venezuela, Nayib Bukele en El Salvador, Donald Trump en Estados Unidos y Jair Bolsonaro en Brasil – han tenido un fuerte impacto en el Estado de derecho tras asumir el poder.

Si bien la candidatura de Javier Milei en Argentina deja en evidencia los riesgos continuos para la democracia asociados con este tipo de liderazgo, el accidentado camino de Bernardo Arévalo hacia la presidencia de Guatemala ofrece una alternativa. El recorrido de Arévalo demuestra que es posible desafiar el status quo sin socavar el Estado de Derecho. Si asume la presidencia el 14 de enero, podría comenzar a restaurar las instituciones democráticas de Guatemala, aportando aire fresco a una región donde el retroceso democrático se ha convertido en la norma.

Arévalo se postuló prometiendo combatir la corrupción y fortalecer las instituciones democráticas en un contexto de intentos deliberados por parte de quienes ejercen el poder de manipular el resultado electoral. Llegó a la segunda vuelta el 20 de agosto probablemente porque ninguna encuesta esperaba que ganara en las elecciones de junio. De lo contrario, habría sido descalificado, como sucedió con los demás candidatos que desafiaron el status quo y se asomaron en las encuestas. Su sorprendente victoria ofreció a los guatemaltecos una opción genuina para votar por su candidato preferido en lugar de hacerlo en contra de alguien o conformarse con “el menos malo”. Esto es bastante excepcional en América Latina.

La victoria internacionalmente reconocida de Arévalo ha perturbado a quienes ostentan el poder, lo cual llevó a que se intensificaran los esfuerzos de la Fiscal General Consuelo Porras, una figura clave del “Pacto de los Corruptos”, como se refieren los guatemaltecos a la red de políticos que gobiernan el país y sus aliados, para evitar que asuma el cargo. Sus preocupantes acciones incluyen intentos arbitrarios de suspender el partido de Arévalo, Semilla; un allanamiento arbitrario en el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala para abrir y confiscar actas electorales; y una solicitud de levantar la inmunidad para enjuiciar a los jueces de dicho tribunal que respaldaron los resultados electorales.

En respuesta, en Guatemala surgió una notable muestra de unidad, con autoridades indígenas, estudiantes, trabajadores y sociedad civil sumando fuerzas para protestar contra estas medidas. (Después de más de una semana de manifestaciones pacíficas, la situación se intensificó cuando individuos infiltrados incitaron a la violencia). El Tribunal Supremo Electoral ha intentado frenar los esfuerzos de la fiscal general. Actores clave del sector privado han instado a las autoridades a aceptar los resultados electorales. Esta acción colectiva es un testimonio de la resiliencia y el compromiso del pueblo guatemalteco en defensa de la democracia cuando se enfrentan a estructuras de poder corrompidas.

Para Centroamérica, la presidencia de Arévalo representa un rayo de esperanza en una región plagada de autoritarismo. En Nicaragua, la dictadura de Ortega-Murillo continúa su campaña represiva para sofocar el espacio cívico, más recientemente confiscando propiedades pertenecientes a presos políticos y disidentes exiliados, a quienes anteriormente se les despojó de su nacionalidad. En El Salvador, el gobierno de Bukele ha consolidado su poder tomando el control de la Fiscalía General y la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, mientras implementa políticas de seguridad punitivas que han resultado en violaciones generalizadas de los derechos humanos bajo un estado de excepción indefinido. En Honduras, la presidenta Xiomara Castro, a pesar de prometer reformas necesarias en materia de derechos humanos y anticorrupción, no ha logrado resultados significativos.

Con Arévalo como presidente, el gobierno de Biden tendría un interlocutor confiable para fortalecer el Estado de Derecho, marcando un cambio significativo en las relaciones entre Estados Unidos y Centroamérica. Motivado probablemente por una combinación de un compromiso genuino con la democracia y el deseo de abordar la ola de migración hacia el norte, el gobierno de Estados Unidos ha invertido millones de dólares en iniciativas democráticas en estos países. No es coincidencia que en reuniones recientes con Arévalo en Washington, D.C., altos funcionarios de Estados Unidos expresaron su apoyo inquebrantable y destacaron los esfuerzos antidemocráticos para obstaculizar una transición pacífica del poder.

El apoyo regional a Arévalo está creciendo, con respaldo de todo el espectro ideológico, incluyendo de Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Brasil, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Paraguay y México. La Organización de los Estados Americanos (OEA) celebró una sesión especial de su Consejo Permanente para llevar a cabo una evaluación colectiva de la situación en Guatemala, en la cual el Secretario General Luis Almagro presentó su informe después de una misión de observación que forma parte de un proceso para “facilitar un diálogo nacional”. Arévalo ha calificado las acciones de la fiscal general como un golpe de Estado y ha instado a la OEA a invocar la Carta Democrática Interamericana. La Unión Europea (UE) también ha advertido que socavar los resultados electorales podrían afectar sus relaciones con Guatemala.

Los actores internacionales deben tener en cuenta que la voluntad popular del pueblo guatemalteco está en riesgo si la fiscal general continúa abusando de sus poderes. El presidente Giammattei ha aceptado los resultados electorales y ha expresado su disposición a transferir el poder a Arévalo, pero, a pesar de llamados de actores democráticos para que la fiscal general renuncie, el presidente se ha abstenido de cuestionarla. Porras fue nombrada en 2022 después de un proceso marcado por múltiples intentos de socavar la independencia y la imparcialidad de la comisión nominadora. La comunidad internacional debe instar a Giammattei a no permanecer neutral indefinidamente.

Los riesgos son excepcionalmente altos. Si Arévalo asume el cargo, tendrá una oportunidad única para reformar las instituciones democráticas. Si es exitoso, no solo beneficiaría al Estado de derecho en Guatemala, sino que también enviaría un mensaje contundente más allá de sus fronteras, demostrando que la democracia liberal sigue siendo una opción viable en el Triángulo Norte y que es posible desafiar el status quo basándose en valores democráticos.

Tamara Taraciuk Broner es directora del Programa Peter D. Bell sobre Estado de Derecho; Daniel Caballero es asociado de programa en el Diálogo Interamericano.