Ya es medio siglo desde el Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 y Chile sigue dividido, muy dividido en torno a sus causas. La vigencia del pasado sobre el futuro se hizo notoria, no solo en los debates en el Congreso, sino en el hecho que los partidos políticos no llegaron a acuerdo en una declaración conjunta, ni siquiera una donde se dijera que existía un compromiso de no repetición de violación de derechos humanos y el respeto absoluto a la democracia. La carta firmada por el presidente y ex presidentes no equivale a lo mismo, ya que nada asegura que este gesto represente hoy a sus sectores políticos.
¿La razón? Chile sigue dividido en torno a lo que ocurrió y de quien fue la responsabilidad. Ningún otro hecho o suceso ha polarizado tanto al país y durante tanto tiempo.
Pertenezco a una generación donde este es el hecho fundamental que marcó sus vidas. También a mi familia. Ese martes 11 acudí a trabajar a la Corporación de Fomento de la Producción, organismo público cuyas oficinas eran cercanas al Palacio de la Moneda. A media mañana recibimos la orden de evacuar. Me dirigí al estacionamiento a buscar mi automóvil y aproveché de invitar a otras personas para sacarlos del lugar.
Se incorporaron 4 personas que no conocía y antes de salir del centro de la ciudad, ya había un despliegue policial que estaba revisando a todos los autos. Allí fuimos detenidos, toda vez que uno de ellos llevaba su arma personal, un calibre 22 debidamente inscrito. Cuando se supo del bombardeo a La Moneda y de la muerte de Allende todo cambió y fui testigo de hechos violentos, y puedo asegurar que el primer simulacro de fusilamiento uno se lo cree, y lo sufre.
Se nos separó y a la madrugada siguiente fui llevado a la Fiscalía Militar. Creo haber tenido la suerte de encontrarme con un compañero de Facultad, quien, en vez de enviarme al Estadio Nacional, sede de conocidas torturas y fusilamientos fui enviado a la cárcel pública. Allí comienza una historia digna de Orwell, toda vez que acusaciones falsas culminaron en un “grupo armado de combate”, siendo juzgados y condenados (de “cómplice” en mi caso) nada menos que por un Consejo de Guerra y un Tribunal Militar. Una vez que la democracia regresó pude clarificar la mentira.
Mi familia pasó días buscándome ya que no sabían dónde estaba, y peor, era lo que estaba ocurriendo con ella. Mi padre era amigo personal de Salvador Allende desde fines de la década del 40. No tenía militancia política, pero si una amistad profunda, tanto que Allende en sus cuatro campañas presidenciales siempre se alojó en nuestra casa en toda visita a Los Ángeles, también como presidente. De hecho, mis recuerdos de infancia y adolescencia están relacionados con esas visitas y su figura.
Poco después del Golpe se le ordenó abandonar la ciudad por petición del comandante del regimiento local, quien, como parte del nuevo esquema, había asumido la suma de la autoridad local en la ciudad. Como se conocían, se justificó diciendo que tenía muchas presiones para encarcelarlo por su notoria amistad con el presidente depuesto. Al mes siguiente, mi madre se enteró que el fiscal militar había sido suspendido de sus funciones, ya que borracho había disparado y herido a un amigo en su casa, por lo que se esperaba que su reemplazante llegara en los próximos días, pero antes había dictado orden de detención contra mi padre, por lo que había que apurarse para que pudiera viajar a Argentina con mis hermanos menores. Y sin otro motivo que su amistad con Allende debió iniciar un largo exilio, ya que murió en Estados Unidos. Sus cenizas -eso si-regresaron para ser enterradas en el cementerio municipal.
Mi madre y mi hermana mayor esperaron que cumpliera sentencia y así salimos todos. Fue el hecho determinante en nuestras vidas, un antes y un después. Parte de una tragedia, que tuvo más de 40.000 víctimas entre ejecutados, detenidos desaparecidos y personas torturadas. La cantidad de muertos supera los 3.200 y hasta hoy existe una herida muy abierta en 1,159 detenidos desaparecidos sin ubicar ni identificar (hay quienes sitúan el numero en 1.469), con el dolor familiar transmitido a las nuevas generaciones.
En lo personal, después de terminar mi formación académica en Inglaterra, pude haber desarrollado una vida profesional fuera del país, pero nada era tan fuerte como mi deseo de regresar a Chile. Lo hice en 1980, y siempre he pensado que fue la mejor decisión que pude haber tomado, ya que esa década me permitió algunos de los mejores años de mi vida, al incorporarme a la defensa de los derechos humanos. Solo ahora, me he decidido a contar en detalle esa etapa.
Impresiona que 50 años después, no tanto que el tema siga vigente, como lo poco que ha aprendido el país y la sociedad, no solo por la polarización que hoy existe sobre lo que ocurrió, sino también que según un sondeo de la encuestadora Criteria, el 48% dijo que la conmemoración del golpe de Estado “es irrelevante para las personas como yo” y solo el 25% dijo que “si importa”.
Los sucesos que rodearon al Golpe son conocidos. Incluso, en las muchas crónicas periodísticas, documentales y libros de análisis que han aparecido con motivo de esta fecha, no hay datos realmente nuevos, como tampoco los hay en los últimos documentos desclasificados que Estados Unidos ha entregado a la opinión pública, los que recogen tanto a la Casa Blanca de Nixon y Kissinger como los enviados desde su Embajada en Chile. USA participó activamente en el complot para impedir que Allende asumiera en 1970, el que culminó con el asesinato del comandante en jefe del ejército, general Schneider. Como era la guerra fría, USA hizo todo lo posible para crear las condiciones para que el gobierno fracasara, con bloqueos económicos y políticos, pero todo indica que no lo organizó y que solo se informó del golpe cuando ya estaba en marcha, igual que los chilenos.
La participación de USA era conocida desde la Comisión Church del Senado norteamericano en los 70s, y ese conocimiento no ha variado en lo fundamental, incluyendo el rol jugado por Henry Kissinger. Es lo mismo que pasa con otros temas, cuyo conocimiento básico proviene de esa década y también de los 80S, ya que todo lo importante es conocido desde antes del plebiscito que derrotó a la dictadura en 1988.
Lo fundamental del último tramo del gobierno de la Unidad Popular (UP) se conoce, al igual que el hecho que Pinochet se incorporó al golpe solo el domingo 9 de septiembre. Fue en su propia casa, que enviados de la Marina le entregaron un documento a ser firmado. Esa rama de las fuerzas armadas ya había sufrido un golpe interno, toda vez que en la practica el almirante Merino ejercía el control, lo que fue ratificado cuando el comandante en jefe, almirante Montero, fue detenido la noche anterior al golpe. La Fuerza Aérea y la Marina ya estaban institucionalmente comprometidas y si Pinochet no hubiese firmado su adhesión, hubiese sido reemplazado, tal como ocurrió en Carabineros, la policía nacional uniformada con presencia en todo lugar, donde el número 4 del escalafón asumió el mando ese día.
El golpe estaba en el aire. Para todos quienes lo vivimos, era de conversación habitual en las familias y entre amigos. Se sentía, solo no se sabía la fecha exacta. Lo que probablemente no se esperaba era su duración de 17 años y la inédita violencia, sobre todo el nivel de violación de Derechos Humanos, lo que es difícil de justificar, ya que al mediodía de ese martes 11 el control del país era total, y un desafío armado de envergadura solo apareció en la década del 80, con la decisión del Partido Comunista de crear el Frente Manuel Rodríguez y de adoptar “todas las formas de lucha”, incluyendo la vía armada.
Se sabía que fueron 15 los generales y almirantes de las tres ramas que integraron un Comité para planificarlo desde el mes de junio de ese año. Dispusieron para ello, de algo que no llamó la atención de los responsables del gobierno, ya que se actualizó la planificación de seguridad que indicaba el control militar de todos los edificios públicos y de la infraestructura critica. Probablemente, dentro del desconocimiento que había de las fuerzas armadas, hubo quienes pensaron que esta planificación se hacía para “defender” al gobierno, tal como había ocurrido en el llamado “tanquetazo” del 29 de junio, cuando un grupo de oficiales de menor graduación, habían llegado con tanques hasta la propia Moneda, para ser desarmados por el general Prats, leal a Allende, quien renunció posteriormente, recomendando a Pinochet como su sucesor, para ser asesinado por orden de este en su exilio de Buenos Aires en 1974. Era el clima donde Allende confiaba en la existencia de regimientos “leales” que simplemente no existían, al igual que tampoco muchas armas, con las que la ultraizquierda había promocionado un enfrentamiento, en cuya propaganda también deben haber caído los golpistas.
Desde el retorno a la democracia, en todos los gobiernos hubo avances, salvo en el actual. El gobierno de Aylwin creó la Comisión de Verdad y Reconciliación, también conocida como Informe Rettig, por el jurista que la presidió, que hizo un balance formal de la violación de derechos humanos que tuvo lugar, y que sirvió de base para experiencias similares en Sudáfrica y otros países. El gobierno de Lagos creó la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura o Informe Valech, por el obispo que la encabezó, para conocer lo que le ocurrió a quienes sufrieron privación de libertad y torturas por razones políticas, cuyo trabajo fue continuado en una segunda Comisión en el gobierno de Bachelet. Por su parte, Piñera, en la conmemoración de los 40 años, acuñó la frase de “cómplices pasivos” para hacer visible a quienes, en su propio sector de la derecha, habían apoyado lo que ocurrió, toda vez que detrás del golpe hubo una alianza de civiles que lo respaldaron, y de partida, no hubiera sido la mayoría del país sin el respaldo de la Democracia Cristiana, entonces el principal partido. Decir que Aylwin apoyó el golpe, pero fue vital en el retorno a la democracia no es contradictorio, es tan solo la historia de Chile contada sin sesgos. Aún más, refleja el propio tránsito y sufrimiento de ese partido político y de otros chilenos.
El golpe era esperado, no la violación tan grande de derechos humanos. Desde mi salida del país, he tenido dos temas orientadores que siempre me han acompañado, la democracia y los derechos humanos. También para intentar entender lo que ocurrió, por lo que a ningún otro tema le he dedicado tanto tiempo y esfuerzo como a esos 1000 días del gobierno de la Unidad Popular, toda vez que Allende fue electo el 4 de septiembre y asumió en noviembre. Escribí en las décadas del 70, 80, 90 y también en este siglo XXI, lo que incluye una tesis de magister y una disertación doctoral. También varios libros, uno en ingles que recibió el premio centenario de la Arizona State University, publicado por esa editorial en 1989 bajo el título de “Politics and Ideology in Allende’s Chile”. Desde entonces cambie de opinión en algunas conclusiones, y me permito destacar “Chile 1970-1973: La Democracia que se perdió entre Todos” (Editorial Mare Nostrum, 2006), no solo porque el titulo todavía me interpreta, sino el hecho, que en general, lo que he escrito ha recibido atención de los especialistas y de medios de comunicación, más en el extranjero que en mi propio país. Fui guiado por un intento serio de entender lo que ocurrió en ese gobierno, dejando que los hechos hablen y no asignando previamente responsabilidades y culpas. Al respecto, en el tiempo transcurrido entre ambos, mucho me beneficié de extensas conversaciones con políticos de esa época, incluyendo a quienes se retiraron de la vida pública.
A pesar de que ha tenido el acierto de anunciar un esfuerzo para identificar donde podrían estar los restos de los detenidos desaparecidos, creo que el gran error de Boric ha sido su intento que desde arriba se establezca una historia oficial del 70-73 y del gobierno de la Unidad Popular, sin matices ni complejidades, solo en blanco y negro. Lo que ha logrado es retroceder. Chile ha avanzado mucho, y puede estar orgulloso de lo logrado, ya que son pocos los países que han podido enviar a la cárcel y con largas condenas a los responsables de las violaciones de derechos humanos. Se han dictado esas condenas en buena parte debido a que la principal figura en la defensa de los derechos humanos fue el cardenal Raúl Silva Henríquez, en cuyo homenaje edité el libro “Recordando al Cardenal” (Pehuén Editores, Santiago, 1999), quien, como abogado, pidió algo que fue poco entendido y hasta criticado en su momento, que, aunque no hubiera entonces justicia, todos los hechos debieran ser puestos en conocimiento de los tribunales. Probablemente, sin esos testimonios y esos testigos, décadas después hubiese sido mucho más difícil obtener las condenas.
No solo generales (aunque Pinochet murió procesado, pero no condenado), sino también aquellos responsables de inteligencia y de organismos de seguridad. No es algo menor, en comparación a muchos otros países que han sufrido dictaduras, incluyendo América Latina y, por cierto, los países ex comunistas, pero la izquierda más extrema todavía no reconoce nada de lo hecho en la transición democrática.
Lo que logró el actual gobierno fue una división aun mayor, reflejada en cómo ha regresado la polarización y como hay un retroceso tal, que ha aumentado en las encuestas el número de chilenos que aceptarían un gobierno autoritario, y también ha subido la aceptación de la figura de Pinochet.
El gobierno se equivocó, ya que en vez de centrarse en buscar el consenso en torno a lo que une y no una separación entre buenos y malos, pretendió imponer una historia oficial. Nadie ganó, pero Chile perdió, desde el momento que existe una conmemoración sin que todos concuerden que nunca más deben violarse los derechos humanos como tampoco que ninguna diferencia debiera servir de pretexto o motivo para acabar con la democracia.
La memoria enfatiza hechos, pero también existe la historia, que lo que busca es iluminar esos hechos, interpretarlos, por lo que pueden estar y de hecho es bueno que estén en constante revisión. Es lo que me ha ocurrido cada vez que he revisado el gobierno de la UP, donde he cambiado de opinión, más de una vez. Nada en lo fundamental, pero me alegro de haber tenido esa libertad intelectual, para siempre intentar entender por qué Allende estaba aislado, y la UP había sido derrotada políticamente antes del golpe militar. La respuesta la he encontrado en la ideología y en la creciente oposición de las clases y sectores medios, uno de los aportes politológicos que he intentado hacer.
Incluso, su amistad con mi padre me permitió tener acceso a Allende, y dos veces lo recuerdo quejándose amargamente de los ultras de su propio partido, el socialista, que explica su actitud de molestia hacia los enviados partidarios ese mismo 11, según lo relata su asesor, el español Joan Garcés. Aún más, lo escuché quejarse del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MR, que, con las tomas de propiedades en campo y ciudad, mucho habría perjudicado a su gobierno. No es que me lo hubieran contado, se lo escuché.
Pero, si tenía esa opinión, ¿por qué entonces no los persiguió judicialmente? La razón que encuentro es que Allende estuvo siempre en contra del gobierno de González Videla (1946-52), quien había incorporado a Chile a la guerra fría, ilegalizando al Partido Comunista que había sido parte de su gobierno, poniéndolos fuera de la ley con la Ley de Defensa de la Democracia, también conocida como “Ley Maldita”, y Allende era parte de esa generación, para la cual ese era un tema para NO repetir, ya que por motivo alguno aceptaría que se le calificara de “traidor”.
Nadie me lo dijo ni lo leí. A diferencia de otros analistas, estoy convencido de dos cosas, primero, que Allende hubiese sido parte entusiasta de la Concertación y que posiblemente no se hubiera sentido cómodo con este Frente Amplio de Boric, que también difícilmente hubiese apoyado a la Unidad Popular de la que se siente heredero, ya que seguramente se hubiese unido a aquellos que despreciaban a Allende por considerarlo-en el lenguaje de la época- un “reformista”.
De Allende también recuerdo algo que hoy es relevante. Lo llamé por teléfono a principios de septiembre. Era para contarle, a petición de mi padre, de un ataque sufrido por el establecimiento comercial de su propiedad conocido como “Almacenes Dalí”, donde la turba quebró buena parte de sus ventanales. Días después me devolvió el llamado a mi oficina, y creo que algunos de quienes allí trabajaban nunca me creyeron que efectivamente era él. Su voz, me pareció muy tranquila, considerando los días que se vivían, y conocedor de las opiniones de mi padre, además de su solidaridad, me pidió que le transmitiera que estuviera pendiente de las noticias, ya que estaba trabajando en la convocatoria a un plebiscito, que podría permitir un acuerdo con la Democracia Cristiana.
Creo que esos temas no han vuelto a reaparecer en este aniversario 50 con la fuerza que alguna vez tuvieron en años anteriores. De partida, la responsabilidad de la ultraizquierda en impedir que la Unidad Popular conquistara a la mayoría del país estuvo muy presente en los primeros documentos que redactaron al interior de Chile, las directivas post golpe de socialistas y comunistas, también conclusiones que difieren mucho de los juicios del actual partido comunista. Fueron también directivas que figuran entre los detenidos desaparecidos.
Otra situación que me parece oportuno comentar ocurrió en Buenos Aires, a donde me dirigí después de salir de la cárcel. Allí nos esperaba mi padre, con quien tuve la oportunidad de visitar al general Prats, en el modesto departamento que ocupaba en esa ciudad. Allí nos relató las gestiones que hizo por encargo de Allende entre lideres de partidos políticos. Recuerdo que dijo que gran responsabilidad en que no se llegara a un acuerdo entre Allende y la Democracia Cristina recaía en la persona de Eduardo Frei Montalva, a quien culpaba de no apoyar un acuerdo, ya que equivocadamente esperaba que el golpe le entregaría el poder como presidente del Senado. Y después de decir lo que dijo, para enfatizar su disgusto, se puso de pie y empezó a imitarlo, caminando con las manos en la espalda, tal como lo hacía Frei.
No he visto este antecedente en ninguna parte, y el rol de la DC, es un tema que a diferencia del pasado, no he visto suficientemente analizado en la cobertura periodística de estos 50 años, probablemente porque la Concertación los unió para la transición y por la enérgica defensa de sus decisiones que han hecho dirigentes de esos años.
Hoy soy un centrista químicamente puro, pero hay una cosa a la que todavía no me acostumbro, y es la nueva agresividad de muchos partidarios del gobierno de Pinochet. No debiera ser así, pero me pasa que puedo estar comentando hechos distintos como puede ser la violación de derechos en otros países, para inmediatamente recibir el comentario sobre cuan diferente habría sido Pinochet, a pesar de su trayectoria en derechos humanos. Pareciera que repiten la idea que algunas dictaduras son “buenas” lo que no es cierto, simplemente porque me gusta, por ejemplo, la política económica que se aplicó, exactamente lo que ocurre con quienes siguen defendiendo a dictaduras de izquierda en la región, solo que usan argumentos diferentes acerca de lo que les gusta o disgusta.
Me desilusiona mucho que esta actitud haya reaparecido, como si los detenidos desaparecidos y las torturas no hubiesen existido.
Existe otro motivo adicional por el cual pienso que Chile no ha avanzado lo suficiente. Resulta que sigo vinculado al tema de los derechos humanos por algo que me hacer sentir orgulloso, la de colaborar con los demócratas venezolanos. Así, se me solicitó que hiciera lo posible para que en Chile el presidente Boric y la ex presidenta Michelle Bachelet aceptaran una llamada telefónica de quien sería la próxima presidenta, si hay elecciones y se le permite competir. Lo que quería María Corina Machado, aún si estas dos personas no querían que se hiciera público, era entregar la información que dispone acerca de lo que el régimen dictatorial está intentando al respecto. Lo hice a través de personas de mi absoluta confianza, quienes activaron las gestiones correspondientes, no hablando directamente, pero llegando en ambos casos a gente muy cercana de ambos. Desilusionante es saber que no hubo una respuesta afirmativa. La verdad es que en un caso no esperaba mucho, pero sí de la ex presidenta, cuyo conocimiento solo puede ser detallado, ya que fue comisionada de derechos humanos de la ONU.
Amargado que Chile no tenga todavía una abrumadora mayoría a favor de la democracia y de condena a la violación de derechos humanos, concluyo regresando al tema de esta columna con la afirmación que, en esos 1000 días que lo precedieron, a cuyo estudio y comprensión le he dedicado tantas páginas y años, el golpe de estado fue de unos, pero la democracia se perdió entre todos.
@israelzipper
PhD. en Ciencia Política, Abogado, ex candidato presidencial.