La lucha por los derechos laborales y la libertad en Venezuela: un llamado a la solidaridad internacional

Venezuela es un país lleno de incongruencias y profundas desigualdades. Aunque su régimen se presenta como un gobierno socialista con un “presidente obrero”, en realidad reprime las demandas por condiciones laborales justas, persiguiendo y encarcelando a los trabajadores. Desde la llegada de Maduro al poder, más de 150 trabajadores, incluyendo activistas sociales y líderes sindicales, han sido judicializados en el contexto de denuncias y protestas legítimas.

Este 4 de julio se cumple un año desde el inicio de una ola represiva en la cual se detuvo de forma arbitraria e injusta a seis luchadores sociales, acusándolos sin pruebas y bajo cargos ficticios y absurdos, a pesar de ser completamente inocentes. Estas detenciones se produjeron durante un aumento de las protestas de los trabajadores activos y jubilados en busca de sus derechos laborales.

Al igual que en otros casos documentados por la Misión de Determinación de los Hechos, Néstor Astudillo, Reynaldo Cortés, Alcides Bracho, Alonso Meléndez, activistas del partido opositor Bandera Roja vinculado al movimiento sindical, así como los dirigentes sindicales Emilio Negrín y Gabriel Blanco, fueron arrestados entre el 4 y el 7 de julio sin órdenes judiciales y privados de su libertad, violando el derecho al debido proceso.

Estas detenciones de los seis luchadores sociales y presos políticos se enmarcan en un contexto de fuertes protestas masivas por los derechos laborales. Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), se registraron 1.642 manifestaciones de trabajadores en todo el país en el primer semestre de 2022, todas ellas exigiendo derechos laborales.

Amnistía Internacional, en recientes informes (junio 22, 2023), ha denunciado la represión y las violaciones de derechos por parte del gobierno de Maduro hacia las personas que participan o lideran protestas sociales. Existe un patrón que indica que las detenciones arbitrarias aumentan cuando hay una mayor participación popular y una mayor unificación de las luchas de los trabajadores. Esta táctica represiva busca silenciar las justas demandas de los trabajadores.

Ante las legítimas demandas de los trabajadores y la creciente unificación del movimiento, el régimen responde con actos de intimidación, como en este caso contra el sindicalismo disidente y el partido Bandera Roja, una organización política socialista opositora que respalda las luchas populares. La represión y persecución política hacia las organizaciones populares que critican y disienten del gobierno de Maduro se ha manifestado de diversas maneras, desde amenazas hasta encarcelamiento.

Acusados de asociación para delinquir y conspiración, el juez José Maximino Márquez (actualmente detenido por corrupción), quien estaba a cargo del tribunal 4to de Control en Delitos contra el Terrorismo, ordenó su juicio y privación de libertad. Cortés, Meléndez, Bracho, Astudillo, Blanco y Negrín fueron sometidos a prisión junto con presos comunes.

El sistema de justicia venezolano, bajo el estricto control hegemónico del gobierno, ha utilizado la acusación de terrorismo para degradar a la disidencia, caracterizándola como delincuencia organizada y encarcelando a los detenidos en prisiones comunes. Esto constituye una forma de tortura y malos tratos oculta e indemostrable. Los trabajadores desconocen los códigos de la delincuencia, sus comportamientos y reglas, lo que dificulta injustamente la convivencia y adaptación sin faltar al respeto a ninguna condición humana.

En las cárceles venezolanas se violan de manera atroz los derechos humanos. Los presos están cruelmente hacinados, llegando a tener que dormir de pie en algunas celdas. Además, no reciben ningún tipo de alimento por parte del Estado, ni siquiera agua potable. Si un prisionero no tiene a alguien que le lleve comida, podría morir de hambre. En la mayoría de los casos, las cárceles carecen de baños y los reclusos deben evacuar en bolsas plásticas. Como si esto fuera poco, estos crueles lugares están privatizados, lo que significa que las visitas deben pagar para poder ingresar y los mínimos beneficios tienen un alto costo.

Actualmente, los 6 luchadores sociales están prisioneros en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en La Yaguara. Llevan 1 año privados de libertad por crímenes ficticios, y sus condiciones de salud se han deteriorado intensa y rápidamente. Sus familiares y amigos tienen cada vez menos posibilidades de llevarles comida, agua y medicinas. A raíz de su protesta por los insuficientes salarios para sobrevivir, han sido arrastrados a un calvario que empobrece aún más a sus familias.

A pesar de las grandes riquezas y abundantes recursos con los que cuenta Venezuela, los venezolanos están sumidos en una compleja crisis humanitaria causada principalmente por una corrupción sistemática del gobierno. El pueblo sufre y se ve arrastrado a la pobreza extrema debido a un régimen que impone un salario mínimo de 5 dólares mensuales. Todos los derechos laborales conquistados por la clase trabajadora han sido violados.

Se vulnera el derecho a un salario justo, la prerrogativa de protestar y realizar huelgas, la libertad de asociación y la libertad sindical, así como el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, la seguridad social, las condiciones laborales seguras y, por supuesto, los principios de no regresión y progresividad.

En un territorio con las mayores reservas de petróleo del mundo y sustanciosas minas de oro, el salario está muy lejos de asegurar la subsistencia del trabajador y su familia, así como de cubrir sus necesidades más básicas. Con una canasta básica de alimentos que tiene un costo aproximado de $390 y un salario de $5 mensuales, ni siquiera se puede garantizar la supervivencia.

En respuesta a esta situación, las organizaciones sindicales y de base de los trabajadores se han estado articulando para ejercer su derecho a la protesta y luchar por un salario suficiente, no bonificado y por el respeto a sus conquistas laborales. También exigen la liberación de los trabajadores, dirigentes sindicales y luchadores sociales detenidos.

Durante el primer semestre de 2023, las protestas por salarios y derechos laborales han vuelto a aumentar. Tanto trabajadores activos como jubilados se encuentran en las calles reclamando lo que les corresponde: un salario justo y constitucional. Como resultado, se han producido nuevas detenciones de líderes sindicales, siendo un total de 16 dirigentes detenidos en este periodo. Entre ellos, se encuentran Leonardo Azócar y Daniel Romero, sindicalistas de la estatal Siderúrgica del Orinoco (Sidor), quienes han sido detenidos desde el día 12 de junio.

Existe un patrón sistemático en contra de la clase trabajadora, con la intención de subyugar sus justas luchas. En Venezuela no existe un gobierno que defiende los derechos de la clase obrera; por el contrario, se trata de un régimen que busca pisotear las conquistas laborales y someter a un pueblo trabajador a aceptar un salario de indigencia.

Hacemos un llamado a la solidaridad de los dirigentes políticos y sociales de todo el mundo. Nos dirigimos a aquellos que luchan contra la opresión y defienden los derechos de la clase trabajadora, así como a quienes son sensibles ante la violación de los derechos humanos. Les pedimos que nos acompañen en alzar la voz por la libertad de los 6 luchadores sociales, así como por la justicia para todos los trabajadores judicializados y presos políticos en Venezuela.

*Belsaí Yánez es Dirigente del partido Bandera Roja de Venezuela y miembro del Comité de Apoyo a los Luchadores Sociales y Presos Políticos.

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