Inhabilitación de candidatos presidenciales rompe la democracia en Guatemala

Las elecciones generales en Guatemala que se realizarán el 25 de junio próximo están marcadas por la inhabilitación de candidatos presidenciales con argumentos inconsistentes, e indican un proceso que no es libre ni justo, que presenta todas las características de violar la soberanía del pueblo. A menos de un mes de las elecciones, los hechos demuestran que la inhabilitación de candidatos presidenciales ha roto la democracia en Guatemala por violación e inexistencia de los elementos esenciales de la democracia.

La Carta Democrática Interamericana determina que “los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”, y establece como elementos esenciales de la democracia: “el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”.

En el proceso electoral de Guatemala no existe ninguno de los elementos esenciales de la democracia. Se violan el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales que incluyen el ser candidato, no hay estado de derecho suplantado por “leguleyadas”, las elecciones no son libres ni justas, no hay libre organización y participación política, y los hechos prueban inexistencia de separación e independencia de poderes.

La violación los elementos esenciales de la democracia supone una crisis del sistema que debe ser prontamente resuelta, pero su ausencia o desaparición rompe la democracia y la hace inexistente, llevando al país a una situación de ilegalidad, autoritarismo, inestabilidad y violencia potencial. Esta es la penosa situación del proceso de las elecciones del 25 de junio de 2023 en Guatemala, para elegir “presidente la República, Vicepresidente, 160 diputados al Congreso, 340 corporaciones municipales y 20 diputados al Parlamento Centroamericano”.

El mes de febrero fueron excluidos los candidatos Roberto Arzú y Telma Cabrera y el 19 de Mayo la Sala Sexta del Tribunal Contencioso Administrativo suspendió la candidatura de Carlos Pineda y de “todos los que se postulen con su partido”, y la Corte de Constitucionalidad lo acaba de dejar fuera de las elecciones rechazando la apelación de Pineda. Las causas de las tres exclusiones reflejan muy poca transparencia porque van desde la infracción a un reglamento en el caso de Arzú, una denuncia penal respecto a Telma Cabrera y un tecnicismo administrativo de una reunión en el de Pineda.

La exclusión de Pineda supone sacar del proceso electoral al virtual ganador de la primera vuelta. Para “principios de Mayo según encuesta divulgada por Prensa Libre uno de los principales diarios del país, Pineda lideraba la intención de voto con el 23.1% seguido por la ex primera dama socialdemócrata Sandra Torres con el 19,5%”.

La independencia del Poder Judicial está seriamente cuestionada por la opinión pública, la prensa, la oposición y organizaciones de derechos humanos que ponen en tela de juicio la separación e independencia de los poderes públicos por jueces sometidos y convertidos en operadores de maniobras políticas, como apuntan los casos citados.

La libertad de prensa acusa manipulaciones judiciales, como el caso del diario “El Periódico”. En 2 de Mayo 2023 " el Tribunal Octavo de Sentencia Penal inició juicio contra José Rubén Zamora, presidente de El Periódico, y la auxiliar fiscal Samari Gómez de la Fiscalía Especial contra la Impunidad”. Zamora está preso desde hace nueve meses, hecho que ha generado críticas y denuncias de defensores de derechos humanos y de la libertad de prensa. CNN describe a Zamora como “un periodista crítico del actual gobierno de Guatemala que será juzgado por tres presuntos delitos: lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias, mientras que Gómez está acusada de revelación de información confidencial o reservada”

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) también esta cuestionado y los hechos relativos a su gestión demuestran serias falencias como la falta de registro de cerca de dos millones de ciudadanos en edades entre los 18 y 25 años. La información al año 2021 es que Guatemala tiene 17.110.000 habitantes y el TSE para las elecciones 2023 ha empadronado 9.372.164 votantes que representa el 54% de la población. Otro señalamiento se refiere a que de 3.8 millones de ciudadanos que viven en el exterior solo hay 88.000 registrados para votar.

Con estos datos, más allá de posiciones políticas que se atribuyan los actores, la realidad objetiva indica que la democracia estará ausente de las próximas elecciones generales en Guatemala.

*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democcracy

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