Nadie es ajeno a las noticias que han acaparado los medios los últimos meses, relacionadas a las constantes lluvias y sus consecuencias, principalmente en el norte de nuestro país. En Piura, miles de personas vieron sus viviendas inundadas, sus negocios cerrados y tuvieron que ingeniárselas para movilizarse por calles en las que el agua superaba la altura de las rodillas. Reclamaban, con justicia, que el Estado no supo o no pudo protegerlas. Como respuesta a esta demanda, el ejecutivo presentó un proyecto de ley al Congreso para la creación de una nueva Autoridad Nacional de Infraestructura - ANIN, que absorbería a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - ARCC.
La a ANIN centralizaría la gestión de proyectos priorizados de infraestructura, que se construirían, sobre todo, a través del mecanismo de Gobierno a Gobierno. Se insiste en resolver los problemas desde una visión “administrativa” que ya ha demostrado ser insuficiente para la atención de emergencias como ocurrió con la ARCC, creada en el 2017 cuando ocurrió el Fenómeno El Niño, y con el Fondo de Reconstrucción del Sur (FORSUR), constituida en el 2007 para atender los daños causados por el terremoto que asoló Pisco y otras localidades del Sur Chico.
Ni la ARCC ni el FORSUR se enfocaron en las causas finales de estos desastres como el tráfico de tierras y el asentamiento de la población en zonas de riesgo; la masiva informalidad en la construcción de viviendas y en la localización de las actividades productivas; la mala organización y peor implementación del proceso de descentralización, la obsolescencia y tolerancia a la corrupción en la normativa de contratación de obras, entre otras.
Lo más preocupante es que la decisión de crear la ANIN, sobre la base de la ARCC, se ha tomado sin efectuar un análisis profundo de la gestión de la reconstrucción de la zona afectada por el Niño Costero del 2017. Es decir, no se han analizado sus errores y aciertos para poder tener una entidad realmente eficiente, que aborde esas causas finales y ponga en marcha una estrategia eficaz de prevención para futuras fenómenos naturales.
Cuando se constituyó la ARCC, CAPECO hizo ver que existían una serie de debilidades que iban a afectar su gestión, entre ellas el que se señalara un plazo de ejecución antes de conocer siquiera los proyectos en los que se invertiría. Por otro lado, también señaló la necesidad de asegurar los recursos suficientes para que infraestructuras críticas, como los sistemas de drenaje pluvial, puedan operar en el largo plazo y de definir cuál sería la entidad que se encargaría de gestionarlos.
De otro lado, se crítica a la ARCC por no haber priorizado la prevención, pero el plan de inversiones de esta entidad priorizó desde un inicio las obras de reconstrucción de la infraestructura dañada, que concentró el 77% del presupuesto asignado. Tampoco se diferenciaron las competencias de la autoridad, de las de los sectores y de los gobiernos subnacionales, a lo que se sumó los cambios constantes en la alta dirección de la entidad, todo lo cual terminó perjudicando su gestión.
Por estas razones, resulta inoportuno iniciar un nuevo proceso burocrático de transformación de la ARCC en la ANIN. Más aún, el diseño organizacional repite y hasta profundiza las debilidades que presenta la ARCC lo que no asegura que pueda cumplir eficientemente con su labor. Entre estas deficiencias puede mencionarse el que el Consejo Directivo esté conformado por siete Ministros (en la ARCC eran 5); que el titular de la entidad sea un funcionario dependiente de la PCM (el de la Reconstrucción tiene rango de ministro), que asuma un número mayor de proyectos de infraestructura (en lugar de concentrarse en la reconstrucción).
Debe tenerse en cuenta que, dentro de muy pocos meses, el país podría enfrentar un nuevo Fenómeno El Niño. Por ello, resulta mucho más sensato concentrarse en reforzar la gestión de la ARCC, eligiendo a un director ejecutivo competente y con liderazgo, conformando un equipo técnico de primer nivel y de un consejo consultivo de expertos, y disponiendo que la acción de la Contraloría se oriente a encontrar soluciones y no solo a detectar problemas.
Llegado el momento, se podrá discutir si es que la creación ANIN es necesaria dentro de una reforma amplia del modelo de gestión de infraestructuras públicas, que incluya, pero no se limite a la contratación y ejecución de obras. Para ello, es indispensable generar un espacio de consenso entre el gobierno nacional, el Parlamento y las entidades representativas de la sociedad vinculadas a la construcción.