Gobernanza Ambiental en el país: un reto pendiente

Haciendo una muy resumida historia de la política ambiental en el país, vemos que en la década de 1970 se crearon los primeros organismos gubernamentales encargados de la gestión ambiental, como el Servicio Nacional de Parques Nacionales y Áreas Protegidas (SERNANP) y la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA). En 1994, se dió un primer esfuerzo por articular acciones desde el estado a través de la Comisión Nacional del Ambiente, creado mediante la Ley 26410 en 1994.

En 2011, se creó el Ministerio del Ambiente, un hito en la administración pública. En 2012, se creó el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), que se encargó de la evaluación de los impactos ambientales de los proyectos de inversión en el país. En el año 2014, Perú fue sede de la COP20.

Sin embargo, han pasado cerca de 50 años desde la implementación de las primeras acciones desde el Estado peruano respecto a la gestión ambiental y aún no ha existido un esfuerzo para fortalecer la gobernanza ambiental en el país.

Debemos entender que una tarea tan ambiciosa como la gestión ambiental, requiere en esencia de la suma de esfuerzos de los diversos actores de la sociedad, incluida la academia, sociedad civil, sector privado y sector público. Pero ¿cómo lograr una suma articulada de esfuerzos?

Y es aquí dónde se hace necesario un espacio de diálogo que permita no solo establecer compromisos, sino también rendición de cuentas para todos los actores de la sociedad. Un espacio dónde cada sector pueda establecer sus prioridades de acción y asumir compromisos frente a ello. De esa manera podría generarse un frente que impulse la necesaria agenda ambiental en el país, un frente apolítico y con la legitimidad necesaria que le permita desarrollar acciones de manera sostenida.

Las organizaciones ambientales en el país representan y trabajan con las comunidades a lo largo y ancho del país. Si el sector privado es capaz de agremiarse en un espacio como la CONFIEP, las municipalidades rurales, en un espacio como REMURPE y los gobiernos regionales en la ANGR, ¿por qué no pensar en un espacio dónde las organizaciones de sociedad civil puedan convocar a diversos actores de la sociedad para sumar esfuerzos frente a la necesaria y urgente acción ambiental?

Como ya lo mencioné, una tarea tan ambiciosa como la gestión ambiental requerirá de la suma de esfuerzos de todos los actores de la sociedad, pero esta suma de esfuerzos debe ser necesariamente articulada. Si el Estado, luego de 50 años, ha sido incapaz de convocar este espacio, el liderazgo deben venir de las organizaciones de sociedad civil.