Conferencia internacional sobre (el levantamiento de sanciones en) Venezuela

Se afirma la necesidad de (1) establecer un cronograma que permita la celebración de elecciones libres, transparentes y con garantías; (2) que lo acordado vaya en paralelo con el levantamiento de sanciones; y (3) que la negociación sea acompañada con la aceleración de la implementación del fondo fiduciario único para inversión social en Venezuela.

Así dice la brevísima declaración final de la llamada Cumbre de Bogotá, formalmente “Conferencia Internacional sobre el Proceso Político de Venezuela.” Podría haber sido la declaración de cualquiera de las previas “cumbres”; por ejemplo, en Dominicana, Noruega y Barbados, entre otras. Y con idéntica vaguedad, una cuestión de “necesidad” en lugar de un listado de condiciones, tareas concretas, concesiones y plazos para que dichas elecciones con garantías estén garantizadas. La redundancia es intencional.

Lo nuevo y verdaderamente importante es que, con el gobierno de Estados Unidos en la mesa, el punto 2 introduce la cuestión del levantamiento de sanciones, mientras que el punto 3 da el primer paso para ello. Es básico: la creación de un fondo fiduciario requiere primero descongelar los recursos financieros comprendidos bajo el régimen de sanciones, precisamente por parte de Estados Unidos.

¡Bingo!, deben haber gritado en Miraflores. No hay compromisos políticos claros ni pasos concretos definidos, pero el lenguaje va en esa dirección; siempre se comienza por la narrativa. El título de esta columna, la cláusula entre paréntesis, también va en esa dirección: la pomposa conferencia internacional ha sido menos para democratizar Venezuela que para eliminar las sanciones que pesan sobre la dictadura que gobierna Venezuela.

No es casual, solo dos cosas le duelen a Maduro: las sanciones y la investigación de la Corte Penal Internacional; lo cual indica la efectividad de ambas estrategias. La semana previa a la cumbre, Maduro vociferaba que le “devolvieran” el oro de Londres y los 3.200 millones de CITGO, paralizados por las sanciones, como condición para negociar las elecciones. Jorge Rodríguez, mientras tanto, “exigía” una inmediata suspensión de la investigación por crímenes de lesa humanidad que lleva adelante la Fiscalía de la Corte.

Tanta vehemencia previa devaluó el evento, de ahí que el nivel de la mayoría de los enviados fuera menor a lo que esperaba el gobierno colombiano. Petro debería saber que Maduro es “radioactivo”, no tiene amigos ni aliados, sólo cómplices. Además, la expulsión de Guaidó de Colombia no ayudó a la imagen de su gobierno. Por lo menos no fue enviado a Venezuela y entregado al SEBIN, como fue el caso de Lorent Saleh en 2014.

No hay que tener la bola de cristal para saber que eliminar las sanciones sin antes extraer concesiones tangibles solo servirá para darle oxígeno a Maduro y, una vez más, prolongar su estadía en el poder. Ello además permitiría al régimen seguir saqueando al pueblo y el Estado venezolanos. Las persecuciones entre facciones de corruptos que se acusan mutuamente de corrupción, y por montos que se miden en puntos del PBI mejor que en cifras llenas de ceros, es toda una definición de la magnitud del saqueo. Tareck El Aissami continúa prófugo, justamente.

¿Acaso alguien cree que el régimen usaría los recursos del fondo fiduciario para alimentar, curar, educar y generar empleo para revertir el éxodo? La exigencia de Rodríguez es aún más absurda, la justicia internacional actúa de manera independiente, concepto ajeno a la Venezuela chavista. Por eso es que el poder es la única amnistía posible. Precisamente, deben estar informados que, en Argentina y en Uruguay, por ejemplo, todavía hoy tienen lugar diligencias judiciales por crímenes de lesa humanidad de los años setenta. Otro tanto en varios países ex-comunistas europeos.

Aquí una concesión previa que a nadie en la Cumbre de Bogotá parece haberle importado: si lo de las elecciones libres, transparentes y con garantías es en serio, liberen a los presos políticos ya mismo. Pero no es en serio, todos lo sabemos. Para la dictadura de Maduro, el poder es la única amnistía posible porque es la certeza de su impunidad.

Si además van a recibir los recursos hoy bajo sanciones, la comunidad internacional no estará haciendo otra cosa que financiar dicha impunidad.

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