China y la lógica que usa en América Latina

Tras haber seguido de cerca el avance de China en el hemisferio occidental durante más de dos décadas, siempre me he sentido incómodo con la explicación de nuestros socios latinoamericanos, que suena razonable pero es contraproducente: “Bueno, Estados Unidos no nos ofrece nada mejor...”.

Para ser claro, creo firmemente que a Estados Unidos le interesa hacer mucho más para apoyar el desarrollo económico de la región, y las vitales tareas conexas de combatir su corrupción endémica, mejorar la seguridad ciudadana y fortalecer una gobernanza eficaz y transparente. Hacerlo es la única manera de garantizar que nuestros vecinos mantengan la fe en que la democracia y un sistema económico dominado por el mercado, a pesar de sus inconvenientes, es el mejor camino hacia la prosperidad, la seguridad y la protección de sus derechos fundamentales frente a los actores estatales y de otro tipo que pretendan atentar contra ellos.

Aunque me siento frustrado por el persistente fracaso de Washington a la hora de ayudar mejor a la región con la que estamos innatamente conectados por lazos geográficos, comerciales y familiares, también me preocupa la lógica errónea, tanto en Washington como en la región, de que la respuesta al “avance de China” es un enfoque fundamentalmente transaccional en el que intentamos “superar la oferta” de la República Popular de China (RPC).

Desde la perspectiva estadounidense, es imperativo que mejoremos drásticamente nuestra oferta a la región, así como que solucionemos los impedimentos para el éxito de las principales herramientas que empleamos para relacionarnos con ella, desde USAID hasta la Corporación Financiera de Desarrollo o el Banco Interamericano de Desarrollo. La competencia estratégica en la era de los recursos limitados implica replantearse cuánta agilidad y eficacia podemos permitirnos sacrificar en aras de utilizar estas herramientas para avanzar en objetivos de ingeniería social, por muy meritorios que sean.

Desgraciadamente, más allá de recalibrar y potenciar las “herramientas” existentes, centrar la política estadounidense en tratar de “superar” o “superar en diplomacia” a la RPC juega en contra de las desventajas estratégicas de Estados Unidos. Como economía de mercado, aunque Estados Unidos puede incentivar al sector privado para que invierta en determinados países y sectores, carece de los mecanismos legales y partidistas de China para “ordenar” que los recursos vayan a donde el gobierno cree que deben ir. Como sociedad democrática plural con poderes independientes, EE.UU. también carece de la latitud de la RPC para extender la alfombra roja a dictadores, criminales y terroristas, y comprometer miles de millones de dólares en proyectos extranjeros cuestionables sin que las voces disidentes visibles obstaculicen el proceso o causen incomodidad a los cortejados.

Nuestros socios latinoamericanos, por su parte, hacen bien en anteponer su propio interés a la “competencia entre grandes potencias”, pero hacerlo no significa limitarse a aceptar al pretendiente que ofrece a los gobernantes un gran proyecto de infraestructuras con pagos complementarios a los afortunados bien conectados, o un “trato de realeza” en una visita de Estado. Tampoco significa traicionar los propios principios guardando silencio sobre el aplastamiento de la democracia en Hong Kong por parte del pretendiente, el encarcelamiento masivo de musulmanes uigures o el apoyo amistoso “sin límites” a la brutal invasión y depredación de un país vecino por parte de su Estado cliente, para evitar ofender a su benefactor y poner en peligro la recepción de su generosidad.

La búsqueda de un verdadero “interés propio” por parte de América Latina exige seleccionar socios y formas de compromiso que, teniendo en cuenta las debilidades institucionales y la corrupción propias de la región, maximicen la probabilidad de que el compromiso genere un verdadero beneficio duradero para el país, minimizando al mismo tiempo el riesgo de ser “llevado a la tintorería” por un socio depredador o de quedar atrapado en un ciclo de dependencia e influencia, con la capacidad suprimida de denunciar los malos comportamientos del socio.

Aunque no todas las empresas chinas y sus productos son malos, las dos últimas décadas de relaciones entre China y América Latina están plagadas de restos de acuerdos mal concebidos, poco transparentes y a menudo llenos de corrupción entre empresas chinas hambrientas y sin escrúpulos, carentes de experiencia local, y sus oportunistas contrapartes locales, que acabaron mal para ambos lados. El Canal de Nicaragua, las instalaciones hidroeléctricas de Coca Codo Sinclair y Quijos en Ecuador, la línea de tren Tinaco-Anaco y el proyecto de 1.000 millones de dólares de CVG Ferrominera Orinoco en Venezuela, la instalación hidroeléctrica de Rositas y la línea de tren Montero-Bulo Bulo en Bolivia, el tren bala Ciudad de Panamá-David y el puerto de contenedores Panamá-Colón, son sólo algunos de los ejemplos más atroces. Llevo veinte años siguiendo el avance de China en América Latina, y es extremadamente raro encontrar un gran proyecto de infraestructura chino que no se haya visto acosado por retrasos, impugnaciones legales y malestar social vinculados a acusaciones de prácticas corruptas, diseño y ejecución deficientes, ausencia o realización inadecuada de estudios de apoyo sobre impactos medioambientales y/o de otro tipo, relaciones laborales y comunitarias deficientes, incluida la minimización de la mano de obra local y los subcontratistas, por mencionar sólo algunos problemas.

Otros riesgos que pueden considerarse mucho mayores al tratar con los chinos son la implicación en redes de corrupción, la influencia y la penetración digital. Las empresas estadounidenses que hacen negocios en América Latina están sujetas a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, y las europeas a procesos similares. El escándalo de Odebrecht en Brasil pone irónicamente de relieve la importancia de la cooperación entre los sistemas judiciales de la región para perseguir a los malos actores al más alto nivel. A medida que las empresas con sede en la RPC asumen un papel cada vez más importante en los proyectos de infraestructuras de América Latina, a menudo se pasa por alto el impacto adverso en la lucha contra la corrupción en la región. A diferencia de Odebrecht, ¿cuándo fue la última vez que una gran empresa con sede en la RPC fue obligada por su propio gobierno a divulgar la lista de líderes extranjeros a los que había sobornado, y a declararse en quiebra por las ilegalidades que había cometido? En respuesta a una “carta abierta” de alto nivel del mexicano Andrés Manuel López Obrador, el gobierno de la RPC ni siquiera estaba dispuesto a admitir que el fentanilo ilegal fluye desde su país a México.

Las redes de influencia cada vez más profundas de China incluyen no sólo a políticos y empresarios interesados en contratos y acuerdos paralelos, sino también a miles de consultores y académicos latinoamericanos especializados en China, funcionarios del gobierno, periodistas, funcionarios de seguridad y otros que son llevados a la RPC cada año a través de la generosidad de “think tanks” no identificados. A medida que las relaciones con la RPC se profundizan y que los gobiernos de la región necesitan buenos consejos sobre cómo defender y perseguir el interés nacional, aquellos que supuestamente tienen más conocimientos sobre la RPC se vuelven cautelosos a la hora de hablar o trabajar públicamente en contra de los intereses de la RPC, para no poner en peligro innecesariamente su posición, ganada con tanto esfuerzo, como miembros de los literatos chinos “de confianza”, llevados regularmente a la RPC por sus anfitriones chinos.

Con respecto a la penetración digital china en la región, la presencia cada vez más ubicua de empresas con sede en la RPC, como Huawei, ZTE, Xiaomi, Oppo y otras, en el sector de las telecomunicaciones de América Latina se complementa con la posición de Huawei en la computación en nube, Hikvision y Dahua en los sistemas de vigilancia, Alibaba en el comercio electrónico, Nuctec en los escáneres de aduanas, ZPMG en las grúas que registran todas las entradas y salidas de los puertos de la región, y DiDi Chuxing en las aplicaciones de transporte por voz. Dado que la Ley de Inteligencia Nacional de 2017 de la RPC obliga a las empresas chinas a entregar información de utilidad al Estado chino, la huella digital cada vez más omnipresente de la RPC en la región hace que sea cada vez más difícil para las empresas que operan allí proteger sus procesos centrales y su propiedad intelectual, así como para los funcionarios gubernamentales latinoamericanos proteger sus asuntos personales y deliberaciones oficiales contra cualquier compromiso.

En América Latina, la retórica populista que justifica las acciones mal concebidas pero personalmente rentables de los líderes se ha convertido en un arte. En la actualidad, algunas élites latinoamericanas justifican el hecho de hacer la vista gorda ante el comportamiento de China porque Estados Unidos no ha hecho una oferta mejor, o porque otros actores también se han comportado mal (citando los “abusos de la era colonial europea” o la “intervención militar estadounidense” en la región). Para los latinoamericanos, la respuesta obvia es “¿por qué los pecados pasados de los europeos y los gringos, o su incapacidad para venir a rescatarnos hoy, deberían dar a nuestras propias élites el derecho a llenarse los bolsillos mientras venden el país a los chinos?

Washington D.C. necesita desesperadamente hacer más por América Latina y el Caribe, pero lo que es más importante, debe convencer a la región de que tome mejores decisiones en su propio interés a largo plazo, y estar preparado para ayudar a la región en ese camino.

* El autor es Profesor de Investigación sobre América Latina en el Instituto de Estudios Estratégicos del Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos.

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