En su libro La guerra contra la libertad religiosa, el padre Juan González Morfín expuso los oprobiosos sucesos ocurridos durante la Revolución mexicana. Fueron tiempos turbulentos, donde el Gobierno clausuró colegios, órganos de prensa y conventos, expulsó al delegado apostólico del Vaticano, monseñor Ernesto Philippi, y a docenas de clérigos extranjeros.
La represión fue brutal en un pueblo con 95 % de feligreses.
Los templos fueron saqueados o destruidos por turbas, estimándose hasta 300 sacerdotes asesinados.
La barbarie provocó que las familias católicas organicen una resistencia armada, iniciando la llamada “guerra cristera” entre 1926 y 1929, conflicto que tuvo el trágico saldo de 150 mil fallecidos.
La intervención diplomática del Gobierno de Estados Unidos, país en que se habían refugiado 200 mil mexicanos, hizo posible un acuerdo de convivencia que puso punto final al cruento conflicto.
Después de estos dramáticos episodios ha resurgido el anticatolicismo que pensábamos enterrado en la oscuridad de su primitivismo histórico.
El nuevo escenario es Nicaragua y su responsable, el jefe del Estado, Daniel Ortega, un tirano extremista que ha matado 400 seres humanos, encarcelado centenares de opositores, entre ellos a todos los candidatos presidenciales que le hicieron frente, expropiado medios de prensa y deportado, previo retiro de la nacionalidad, a 300 líderes políticos, comunicadores y sindicalistas, provocando que 150 mil nicaragüenses busquen refugio en Costa Rica.
El ensañamiento de Ortega ha sido, principalmente, contra la Iglesia católica, por proteger a perseguidos políticos y protestar por la sistemática violación de los derechos humanos.
Ante la resistencia pacífica el dictador respondió con furia estalinista, desplazando policías y paramilitares a los templos, golpeando y deteniendo clérigos, expulsando al nuncio, monseñor Waldemar Stanislaw Sommertag, y a las monjas Misioneras de la Caridad Madre Teresa de Calcuta, calificándolos a todos ellos de “diabólicos” y “traidores”. Asimismo, jueces serviles condenaron al obispo Rolando Álvarez a 26 años de pena privativa de la libertad por negarse a ser extraditado y al padre Óscar Benavides, párroco de la iglesia del Espíritu Santo, a ocho años de prisión por “difundir noticias falsas y menoscabar a la integridad nacional”.
Luego de “suspender” relaciones diplomáticas con el Vaticano, Ortega dijo que “los curas y el papa son una mafia”, palabras infames que replicó el sumo pontífice comparando al régimen sandinista con la “dictadura comunista de 1917 o la hitleriana del 35″.
Pero la represión se ha intensificado, según el portal Vatican News/infoCatolica, de fecha 14/4/23, denunciando que el Gobierno dispuso la expulsión de dos monjas de la Congregación Dominica de la Anunciata, que atendían un hogar de ancianos en pobreza, y confiscó el monasterio de las hermanas trapenses ubicado en San Pedro de Lóvago, departamento de Chontales.
Ortega no solo es parte del radical bloque del socialismo del siglo XXI, sino que se ha convertido en agente internacional de Moscú, apoyando la invasión a Ucrania, ofreciendo su territorio para el entrenamiento de militares rusos y recibiendo al canciller del Kremlin, Serguéi Lavrov, al igual que harán Cuba, Venezuela y Brasil.
La barbarie orteguista se profundiza ante la deplorable pasividad de los gobiernos democráticos del hemisferio, que conservan relaciones diplomáticas plenas con esa dictadura, contribuyendo así a su legitimidad. En ese contexto, resulta inexplicable que el Perú mantenga un embajador político en Managua –nombrado por el golpista Pedro Castillo–, a pesar de que los nicaragüenses retiraron a su representante en nuestro país el mes de diciembre.
Pero también resulta deplorable que estas atrocidades cuenten con el apoyo de partidos y dirigentes de la izquierda latinoamericana. Solo hay un camino para derrotar a Ortega: aislarlo diplomáticamente, limitando las relaciones bilaterales a nivel consular; propiciando la suspensión de los créditos de organismos multilaterales hasta que cese la represión y se convoque a elecciones democráticas supervisadas, además de hacer públicos sus actos crimínales.
En suma, compartir la misma mesa con Ortega es agraviar a miles de víctimas de su insania política y callar es un acto de complicidad.
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