Desafíos para la igualdad de oportunidades: lucha contra la pobreza

El Perú enfrenta retrocesos en ámbitos sociales, económicos, educativos e institucionales, en comparación con su desempeño previo a la pandemia, como evidencia IPAE Mide, un sistema de monitoreo de indicadores del desarrollo de acceso abierto elaborado por IPAE Acción Empresarial, en colaboración con APOYO Consultoría e IPSOS Perú. En este contexto, uno de los principales retos nacionales es retomar la senda de reducción de la pobreza.

Si bien la lucha contra la pobreza suele estar presente en las demandas políticas, en la práctica no recibe la prioridad que amerita desde el Estado y la sociedad. Avanzar en esta ruta requiere sentido de urgencia en la toma de decisiones, eficiencia e innovación en las políticas públicas, así como una estrategia clara basada en evidencia y en los aprendizajes acumulados por el país.

Para dimensionar el desafío que enfrentamos, debemos situarnos en la evolución de la pobreza en el transcurso de este milenio. Perú fue reconocido a nivel internacional por los avances en reducción de pobreza: las tasas de pobreza pasaron de 55% en el primer quinquenio del 2000 alrededor de 20-21% a finales de la década pasada, lo cual se explica por los efectos del crecimiento económico, la expansión de la inversión pública y privada, la generación de empleo y la contribución de programas sociales dirigidos a los sectores más excluidos.

El ritmo de reducción de pobreza se desaceleró entre los años 2015 a 2019, generándose en la práctica un estancamiento que se explica por varios factores, entre ellos el enfriamiento del dinamismo económico, así como la complejidad de las trampas de pobreza enfrentadas por sectores históricamente postergados en ámbitos rurales e indígenas. La experiencia internacional nos enseña que conforme se reducen los promedios nacionales de pobreza, la magnitud del desafío aumenta para las políticas públicas, pues deben atenderse los núcleos más duros, con menores dotaciones de capital humano, acceso a servicios y desarrollo del mercado.

Debido al choque generado por la pandemia, la pobreza monetaria se elevó significativamente, llegando a afectar a casi 10 millones de compatriotas (INEI 2021). De acuerdo a la última medición oficial (INEI 2022), existen más de 8,6 millones de ciudadanos en situación de pobreza monetaria a nivel nacional, de los que alrededor del 70% se ubica en el ámbito urbano. Si bien la incidencia de pobreza es elevada en el ámbito rural, el número de pobres en Lima Metropolitana ya supera el total en el ámbito rural nacional (Herrera, 2022).

El incremento de la inflación y la reducción del crecimiento económico experimentado durante el 2022 hace poco probable que se reporte una reducción significativa en las cifras oficiales de pobreza este año. Esto debe constituir un llamado a la acción: urge mejorar la calidad, oportunidad y efectividad de las políticas públicas vinculadas a la superación de la pobreza. Se requiere una estrategia que combine protección social (priorizando la atención al hambre y el acceso a salud) con la generación de oportunidades económicas y empleo para una salida sostenible de la pobreza. Debe prestarse especial atención a la población que se encuentra en situación de vulnerabilidad monetaria (34.6% al 2021); es decir, quienes están en riesgo de caer en pobreza, de darse cambios en su situación económica.

Frente a estas problemáticas, voceros del gobierno han anunciado la adopción de una medición de pobreza multidimensional. Sin embargo, el problema de fondo está en la falta de instrumentos y soluciones de política pública en respuesta a los nuevos desafíos, como por ejemplo la pobreza urbana o la persistencia de la pobreza en zonas alto andinas y amazónicas. Las respuestas de política deben ir más allá de la entrega de bonos de manera generalizada, con impacto muy limitado, para priorizar un acompañamiento más focalizado y prolongado a los hogares pobres muy vulnerables.

La nueva Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social (PNDIS), la cual presenta los objetivos y las metas del Estado Peruano al 2030 para responder a la exclusión social, brinda una oportunidad para relanzar la agenda de lucha contra la pobreza. Es crucial que se traduzca en acciones concretas para evitar que los impactos temporales de pandemia se vuelvan permanentes y afecten de manera profunda -o irreversible- las trayectorias de los hogares más vulnerables.