Deserción escolar por embarazo adolescente: incidencia en la brecha educativa

Para nuestro país resulta alarmante las cifras de embarazo adolescente. Debemos considerar que este problema tiene varias causales. Si bien es cierto se redujo en los últimos años, todavía las cifras son altas. ¿Cómo este indicador afecta a su nivel educativo?

Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), la tasa de fecundidad y prevalencias más altas de embarazo adolescente de 15 a 19 años de edad en el área urbana es de 32% y en el área rural, de 80%. Hay que precisar que en Perú, tres de cada cuatro embarazos en adolescentes no fueron planeados.

Son las regiones de la Amazonía que tienen los índices más altos de embarazo en adolescentes entre 15 y 19 años. Ucayali es el departamento con mayor prevalencia de embarazo en adolescentes (25%), le sigue Loreto (18.3%), La Libertad (17.4%), Amazonas (15.7%), Madre de Dios (13.7%) y Lambayeque (13%).

El panorama es crítico en las adolescentes que residen en las zonas rurales de la selva que son las que se encuentran en situación de pobreza, y es en su gran mayoría las que no han tenido información y no han accedido a los servicios de salud sexual y reproductiva.

A ello hay que añadir que la pandemia ha profundizado las desigualdades socioeconómicas, afectando a las poblaciones menos favorecidas, en especial a nuestras adolescentes y niñas.

Desde que son pequeñas, las niñas por su condición de ser “mujer” empiezan a asumir exclusivamente las responsabilidades domésticas, situación que no les permite estudiar adecuadamente, aunado al “control” que muchos hombres tienen sobre las mujeres solo por el hecho de ser mujeres y la desigualdad en el acceso a oportunidades en las zonas rurales, abuso sexual generan deserción escolar reproduciendo así la pobreza que no tiene cuando acabar; es decir, se convierte en un círculo vicioso.

Nuestras adolescentes se enfrentan no solo a estos estereotipos de género, sino a todos los obstáculos arriba mencionados. El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) señala que el hecho de que las niñas y adolescentes se alejen del sistema educativo y no culminen sus estudios sean más vulnerables a la pobreza, violencia sexual y exclusión social. Todo redunda en que su inserción laboral a futuro sea aún más difícil, pasando a la informalidad sin beneficios sociales.

Es necesario integrar la perspectiva de género en las acciones que contribuyan a reducir el embarazo adolescente como factor de deserción escolar. Aunque el Estado ha implementado políticas públicas y normas técnicas para la atención de las niñas y adolescentes, resultan insuficientes. Actualmente, existen barreras para el acceso a la educación sexual integral en la Educación Básica Regular.

En 2008 se aprobaron los Lineamientos Educativos y Orientaciones Pedagógicas para la Educación Sexual Integral (ESI), por parte del Ministerio de Educación, pero su implementación ha sido débil, siendo clave para prevenir los embarazos en la adolescencia; y en el contexto de la pandemia del coronavirus como había descrito se agudizó este problema.

Se requiere urgente una política pública multisectorial con suficiente presupuesto, considerando sobre todo los lugares donde se acentúa esta problemática, teniendo en cuenta la diversidad de la población adolescente en todo el país, pues no se ha logrado cambios significativos en su reducción.

Es fundamental que nuestros gobiernos tengan claramente un compromiso político, y es que desde las necesidades y problemáticas particulares de nuestras niñas y adolescentes en todo lo arriba mencionado, se debe implementar estrategias efectivas que permitan su desarrollo y a vivir en un espacio donde se les respete, donde puedan desarrollarse libremente, y rompan el círculo vicioso de la pobreza para poder salir del subdesarrollo educativo en que se encuentran; solo así podrán perseguir sus sueños, podrán aplicar a trabajos remunerados con beneficios sociales y salir de la informalidad en la que gran parte de ellas se encuentran.

Al superar ellas este gran obstáculo de estar bien informadas, empoderadas sobre sus propios cuerpos, de que el Estado a través de sus políticas públicas no están divorciadas de su realidad, podrán tomar decisiones respecto a su futuro y competirán en aras de la equidad a mejores puestos de trabajo acortando así las brechas de género.