En el comienzo del 2023, la convulsión social y los fenómenos climáticos adversos han puesto nuevamente en evidencia las elevadas brechas de servicios básicos e infraestructura que persisten al interior del país. Uno de los principales orígenes de esta problemática es la limitada efectividad que ha tenido el proceso de descentralización iniciado en 2002 para articular un Estado más cercano a las necesidades de la población.
Las consecuencias de haber descentralizado responsabilidades sin una previa construcción de capacidades técnicas para administrar mayores recursos son evidentes en casos como el de Puno, foco de las recientes protestas. Más de la mitad de los hogares (55%) en esta región carece de acceso al paquete de electricidad, agua y desagüe. Además, registra la mayor prevalencia de anemia infantil a nivel nacional (70%) y la tasa de pobreza más alta del país (43%).
La inoperancia de la gestión pública es notoria al ubicar a Puno como la cuarta región con mayores retrasos en la adjudicación de inversiones a nivel local al cierre del 2022, según el Consejo Privado de Competitividad (CPC). Más aún, que dos de los últimos cuatro gobernadores que ha tenido la región en los últimos cuatro años – un hecho de por sí ya atípico – hayan sido removidos por problemas judiciales, ilustra la poca relación que puede existir entre las prioridades de las autoridades y las demandas de la población.
Las repercusiones de las intensas lluvias, huaicos y desbordes de ríos en el norte y centro del país son otro ejemplo de cómo la descentralización es disfuncional a los intereses de la gente. De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), casi dos tercios (64%) de los S/ 4,652 millones presupuestados para prevenir desastres naturales en los últimos cuatro años fueron asignados a municipalidades y gobiernos regionales. Sin embargo, el encargo cayó en saco roto, pues ejecutaron solo el 57% de dichos recursos. Así, la falta de capacidades a nivel subnacional se tradujo en el desaprovechamiento de más de S/ 1,280 millones para obras como drenajes pluviales, descolmatación de ríos o defensas ribereñas, que hubiesen servido para mitigar los daños que ahora sufren miles de familias.
Tras dos décadas desde su inicio, la descentralización en el Perú muestra claros indicios de necesitar una urgente reforma. Por ello, desde IPAE Acción Empresarial, en alianza con el Instituto Peruano de Economía (IPE), se plantean diversas medidas a través de la Propuesta IPAE “Descentralización y servicios públicos para la ciudadanía”.
Para corregir estructuralmente la descentralización, la prioridad debe estar en construir un solo Estado de cara a la ciudadanía. Ello requiere una rectoría más efectiva desde el nivel central en la coordinación intergubernamental para el cumplimiento territorial de las políticas nacionales. La ineficiencia en el uso de recursos fiscales exige el rediseño de los esquemas de distribución de transferencias que reciben los gobiernos subnacionales, que llegan inclusive a exacerbar las desigualdades regionales. Sin embargo, nada de esto será suficiente mientras no se revierta la elevada fragmentación del territorio. Según cálculos del IPE, al menos 1,252 municipios no cumplen con los criterios legales de población para ser distritos, lo cual desincentiva la ejecución de inversiones de mayor envergadura y dificulta el control de la corrupción.
Mientras que estas reformas maduran, la ciudadanía no puede ni debe esperar más. Por ello, en el corto plazo, resulta prioritario implementar mecanismos que reviertan temporalmente competencias específicas —como en la reconstrucción del norte— en casos de extrema relevancia donde un nivel de gobierno no pueda proveer los servicios que el territorio demanda. Es decir, teniendo al ciudadano al centro, que una obra o un servicio sea provisto por la institución que esté mejor preparada, mientras se fortalecen capacidades en el resto. De lo contrario, será difícil que la población recupere la confianza en el Estado, así como en las organizaciones políticas que lo administran en el ámbito subnacional.
Es poco probable que el Perú transite hacia mayores niveles de desarrollo si no aprovecha el potencial de todas sus regiones. Y, para ello, requiere una descentralización con cambios. Urge, hoy más que nunca, convertirla en una herramienta efectiva para cerrar brechas, elevar la competitividad y mejorar el bienestar en todos los rincones del país.