El rol de los gobiernos locales en medio de la crisis política

Existe una enorme oportunidad para transformar el país en cada elección, y no me refiero en exclusivo al poder transformador que tienen las elecciones generales en Perú cada 5 años donde renovamos autoridades congresales y elegimos a un presidente, me refiero a una elección que es igual de importante, un que se realiza cada 4 años, las elecciones municipales y regionales.

Los gobiernos locales son el primer punto de contacto que tiene el ciudadano con el Estado, incluso con mayor frecuencia que servicios del estado como la Policía o servicios de salud. Y es, precisamente, esa cercanía la que puede ser un activo para recuperar la esencia de la democracia en el país.

Sabemos ya de la importancia que tienen los gobiernos locales en su rol de promotores del desarrollo, pero aún no ha existido gestión local que haya realmente podido desagregar en acciones concretas este mandato. Sabemos, por ejemplo, que los gobiernos locales deben contribuir a la seguridad ciudadana, pero al mismo tiempo el monopolio del uso de la fuerza para el orden radica únicamente en la policía.

Muchos alcaldes limitan su accionar a la coordinación con la comisaría de sus distritos o provincias, pero realmente su capacidad de intervención va mucho más allá. Por ejemplo, interviniendo con personal de fiscalización y clausurando locales que son únicamente fachada para actividades ilícitas como el tráfico ilícito de drogas, el proxenetismo o la venta de objetos robados, como celulares. Esta es una forma directa de intervenir en materia de seguridad ciudadana, cerrando la fuente de ingresos de organizaciones criminales, pero para hacerlo es necesario involucrar activamente al ciudadano en todo el proceso, desde la identificación y priorización de los espacios a intervenir hasta el proceso para la recuperación de ese espacio a mediano y largo plazo.

Pero, además, los gobiernos locales pueden contribuir activamente con el fortalecimiento de la democracia en el país, a través de la construcción participativa de sus planes de desarrollo concertado. Estos instrumentos son de obligatorio desarrollo y cumplimiento, que a su vez representan una poderosa oportunidad para que sean los propios ciudadanos quienes mediante consenso establezcan la visión a corto, mediano y largo plazo que deben implementar sus autoridades electas. Este instrumento nos permite construir consensos respecto a la visión de ciudad, empoderando al ciudadano y haciéndolo partícipe de la gobernanza de la ciudad.

Este concepto debe permitir desarrollar un modelo de democracia participativa, que inicie en un municipio distrital, para que sobre la base de ello se eleve la discusión al municipio provincial, luego al gobierno regional, para eventualmente construir un diálogo verdaderamente participativo sobre la visión de país a nivel nacional.

La base de la democracia se cimienta sobre el diálogo, el problema es que muchas veces las voces autorizadas en el debate nacional, llámese autoridades electas, muchas veces no representan a los ciudadanos. Las bajísimas cifras de aprobación de nuestras autoridades son un claro ejemplo de ello. Por eso, se hace cada vez más evidente la imperiosa necesidad de fortalecer el rol de los ciudadanos organizados en la gobernanza del estado a todo nivel, desde el gobierno local, hasta el gobierno nacional, pasando de una democracia representativa a una democracia participativa.

La crisis política actual refleja esa desconexión permanente entre las autoridades electas y los ciudadanos que dicen representar. Este modelo de democracia representativa está caduco y es necesario dar el salto hacia una democracia representativa, sólo así podremos evitar que los conflictos sociales escalen en violencia, mediante el diálogo constructivo. Primer paso para lograr esto; desarrollar mecanismos de participación ciudadana a nivel local y es aquí donde el gobierno nacional puede tomar el liderazgo necesario en medio de la crisis, estableciendo una actualización a nivel nacional de los planes de desarrollo concertado y fiscalizando que el proceso sea representativo y verdaderamente participativo. Este es el camino largo pero necesario para fortalecer la democracia en el país.