Ante el destierro de presos políticos y el despojo de ciudadanía por parte de la dictadura de Nicaragua, muchos gobiernos ofrecen refugio y ciudadanía a las víctimas, que sin embargo no tienen condiciones de sobrevivencia fuera de su patria. Con gran solidaridad y propaganda, los líderes y gobiernos democráticos se limitan a tratar los efectos de estos crímenes y de los que cometen las dictaduras de Cuba, Venezuela y Bolivia, pero no atienden el problema que es la existencia de las dictaduras, que impone como única ayuda real la recuperación la democracia.
El destierro y despojo de la nacionalidad, mientras mantienen presos, torturados y criminalmente condenados a otros, son el “terrorismo de Estado” con que la dictadura de Nicaragua detenta el poder indefinidamente y pretende la impunidad de Daniel Ortega, Rosario Murillo y del grupo de delincuencia organizada trasnacional que integran. Son la metodología común y uniforme en las dictaduras el socialismo del siglo XXI o castrochavismo que bajo la jefatura de Cuba oprime y amenaza a los pueblos de las Américas.
La comunidad internacional, líderes, gobiernos, estados y organismos internacionales, parecen haberse acostumbrado al reporte de presos y exiliados políticos, a las migraciones forzadas y manipuladas, a los procesos de linchamiento judicial, las denuncias y pruebas de tortura, a los exilios y gravísimos crímenes que producen las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. A la fecha se han certificado 1.076 presos políticos en Cuba, cerca de 300 en Venezuela, más de 230 en Bolivia, y más de 50 luego del destierro de 222 en Nicaragua.
Los presos políticos son un capital de negociación y presión de las dictaduras, que usan para obtener beneficios internos con el miedo que imponen para continuar detentando el poder, y réditos internacionales con los intercambios y facilidades. No hay dictadura sin presos políticos y no hay preso político que no sea torturado física y/o psicológicamente. Los presos políticos como poder efectivo de las dictaduras son en verdad secuestrados y la mejoría o cambio de su condición es resultado de negociaciones con el crimen organizado.
Por eso las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua han creado y administran el sistema de “puerta giratoria” que ha sido descrito por el Foro Penal Venezolano como “la situación en la que mientras se producen liberaciones de presos políticos, al mismo tiempo o a los pocos días se producen nuevas encarcelaciones, por lo que el número de presos políticos se mantiene constante”.
El destierro significa la “acción o efecto de echar a alguien de un territorio”. Se define como la “pena que consiste en expulsar a alguien de un lugar o territorio determinado para que temporal o perpetuamente resida fuera del él”. El Articulo 7.1. inciso d) del Estatuto de Roma tipifica como “crimen de lesa humanidad la deportación”. Deportar es “desterrar a alguien a un lugar, por lo regular extranjero, y confinarlo allí por razones políticas o como castigo”. Es un acto de fuerza y violencia.
El destierro, deportación o exilio es un crimen de lesa humanidad que impone a las víctimas un sufrimiento extraordinario porque fuerza a la persona a abandonar su casa, su tierra, su familia, sus bienes, su empleo, su forma de vida, sus relaciones y su entorno. El daño emocional es irreparable, el daño político es inmediato y el castigo económico es extraordinario por la pérdida de lo poco o mucho que puede tener el desterrado en su medio natural y por las condiciones de indefensión en el lugar donde debe sobrevivir.
El cambio de la condición de preso político por la de desterrado o exiliado puede interpretarse como de una mejoría relativa, pero no como liberación. La libertad es la “facultad natural que tiene el ser humano de obrar de una manera o de otra y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos”. En democracia la libertad es “el derecho de valor superior que asegura la libre determinación de las personas”. Y por eso el desterrado o exiliado no es libre.
Ayudar a que los desterrados tengan un documento de identidad porque además han sido privados de su nacionalidad y siguen siendo perseguidos, contribuir a que puedan tener un documento de viaje o un lugar donde permanecer, otorgándoles incluso la ciudadanía de otro país, son actos políticos -importantes y de urgencia- que atienden los síntomas y auxilian la violación de los derechos humanos, pero no son solución para las víctimas ni para la sociedad de la que están siendo forzosamente arrancados.
La ayuda real y el cumplimiento efectivo de las obligaciones internacionales consiste en atender la causa y no solo los síntomas. La causa son las dictaduras de crimen organizado trasnacional, establecidas como narcoestados que bajo jefatura del régimen de Cuba controlan e imponen su prácticas de terrorismo de Estado en Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Los presos políticos, los desterrados y los pueblos oprimidos recuperarán la libertad cuando recuperen la democracia en su países y puedan vivir en ellos con dignidad y sin miedo.
*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy
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