No podemos ser indiferentes ante las crueles violaciones a los derechos humanos en Nicaragua

La tragedia que viven nuestros vecinos no nos puede dejar indiferentes.

Si una familia a la par de nuestra casa sufre una enorme tragedia y el jefe del hogar agrede violentamente a su familia no debemos ni podemos quedar impasibles.

Puede ser que debamos contar con su amistad para sacar de nuestro hogar la artesanía que elaboramos para venderla a otros vecinos.

Pero no por eso podemos ser indiferentes si el vecino agrede, hiere y mata a sus hijos.

Los cristianos no debemos por el deber de amor al prójimo que nos inculca nuestra religión. Los demócratas no debemos por nuestro deber de respeto a los derechos humanos. Las personas conscientes no debemos porque nos lo reclama nuestra consciencia natural.

Aun considerando solo nuestro egoísta interés propio no debemos hacerlo. No vaya a ser que después su cruel violencia se vuelva en contra nuestra.

Nuestro vecino, el régimen de Ortega y Murillo viene atacando despiadadamente a sus habitantes.

Hago un sucinto relato de sus inhumanas acciones violatorias de los más fundamentales derechos humanos, para tener una visión panorámica de lo que ocurre en nuestro vecindario.

Daniel Ortega volvió a ejercer la presidencia a principios de 2007 que ganó con solo 37% de los votos, gracias a que por negociaciones con un sector de la oposición logró que se bajara el mínimo requerido para ser electo a solo 35%, y a que -por las mismas negociaciones- se dividió el liberalismo.

La llegada de ese vecino al barrio levantó suspicacias.

Para la elección de 2011, la Constitución imponía a Ortega doble impedimento para su reelección. Establecía que no podía ser electo como presidente quien estaba en ejercicio de la presidencia (lo que hacía Ortega) ni quién la hubiese ocupado en dos ocasiones (ya lo había hecho Ortega). Pero la Corte Suprema falló que quien entonces ejercía el poder no estaba limitado por ninguna de esas prohibiciones. Ortega fue reelecto en noviembre de 2011 en comicios tildados como opacos por los observadores de la Unión Europea.

Se empezó a oír gritos en la casa del vecino.

En enero de 2014 el parlamento de Nicaragua aprobó reformas constitucionales que permiten la reelección indefinida y por simple mayoría, no importa el nivel alcanzado, lo cual vino a incrementar el poder de Ortega, que hasta 2018 lo ejerció a la par de su esposa con importante apoyo de la mayoría de los poderes fácticos.

Para las elecciones de noviembre de 2016 Ortega parecía claramente encaminado al triunfo. Sin embargo, ello no impidió que acrecentase de manera indebida y apabullante la concentración del poder autocrático que ejerce juntamente con su esposa Rosario Murillo.

Para esas elecciones de 2016 se anunció que no aceptarían observadores internacionales. Luego -por decisión de la Corte Suprema sometida al ejecutivo- se despojó al líder tradicional de la representación del principal partido de oposición, entregándola a un amigo del sandinismo. Luego también se invalidó la representación de otro pequeño partido opositor. Después se invalidó la candidatura presidencial del candidato por la Coalición Nacional por la Democracia dejando el camino despejado para una elección prácticamente sin contendor. Posteriormente el Consejo Supremo Electoral anula la credencial de los 28 legisladores opositores electos en 2011 y se pone la cereza al pastel con nombramiento por Ortega de su esposa Rosario Murillo como candidata a la vicepresidencia.

Estos antidemocráticos excesos se ocultaban bajo el velo de los recursos recibidos del petróleo venezolano y por la alianza con la empresa privada que veía respetados su propiedad, emprendimientos y ganancias.

En abril de 2018 explotó una ola de protestas por un incremento en las contribuciones al sistema de pensiones. El petróleo venezolano era ya escaso y no dio más ante el hambre, la carencia de medicinas, la ineficiencia de su producción y la corrupción galopante en ese país.

Las protestas fueron atrozmente reprimidas por la policía y por organizaciones paramilitares del gobierno. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fueron asesinadas 355 personas en las calles de Managua y de otras ciudades, la mayoría jóvenes que habían salido en pacífica protesta. El gobierno de Ortega y Murillo encarceló arbitrariamente a cientos de personas y se llegó hasta impedir a médicos dar asistencia a los manifestantes heridos que llegaban a los hospitales. Decenas de miles de nicaragüenses emigraron sintiéndose amenazados. Y en Nicaragua se perdió transitoriamente la paz de los empresarios ante esa desaforada violencia.

Ya nos fue evidente que el vecino tortura y mata a sus familiares.

Después del fracaso de las conversaciones posteriores a los sangrientos hechos de abril de 2018 continuaron los asesinatos, los heridos, los encarcelados, decenas de miles de nicaragüenses fueron forzados al exilio, totalitarias limitaciones a la prensa…el horror que se vive desde entonces.

Para las elecciones de noviembre de 2021 no pudo la ya sangrienta dictadura Ortega Murillo simplemente recurrir a fraudes electorales. Su impopularidad ya no permitiría esconder la repulsa del pueblo. Se encarceló a 7 potenciales candidatos de oposición y otros dos optaron por el exilio, también se envió ilegalmente a prisión a más de otros 30 dirigentes políticos, sociales, de la prensa y empresariales; se obligó al exilio a otras decenas de líderes; se inhabilitó a los 3 partidos de oposición; se clausuraron medios de comunicación. A pesar de eso, la farsa electoral condenada por la OEA y la Unión Europea alega triunfo del partido de Ortega y Murillo con una risible concurrencia electoral.

En la casa del vecino se persigue a los pastores y se les impide cuidar de su rebaño

Los conflictos contra la Iglesia Católica se intensifican a partir de las manifestaciones de abril de 2018 cuando las autoridades católicas les dieron refugio a los perseguidos y participaron en unas desdichadamente infructuosas negociaciones.

Después de esos eventos el Obispo Auxiliar de Managua Monseñor Silvio José Báez fue sacado por el Vaticano de su país para impedir que lo asesinaran.

Desde entonces Ortega y Murillo en distintas oportunidades han calificado a sacerdotes como “terroristas”, “golpistas”, “demonios de sotana”. Ortega se refirió a la Iglesia Católica como “una dictadura, la dictadura perfecta, es una tiranía, la tiranía perfecta”.

A partir de mediados de 2018 se producen los siguientes hechos contra la Iglesia Católica, en orden cronológico: paramilitares agreden a obispos y sacerdotes en Carazo; atacan la Iglesia de La Divina Misericordia, en Managua, donde murieron dos personas; se incendia la imagen de la Sangre de Cristo con más de 380 años de antigüedad, en la Catedral de Managua ; el gobierno de Ortega y Murillo retira el beneplácito del Gobierno al nuncio apostólico, Waldemar Stanislaw Sommertag a fin de que abandone el país; ese gobierno expulsa sin justificación alguna a 18 religiosas de la Caridad hacia Costa Rica; las autoridades de Ortega y Murillo prohíben a la Catedral de Managua una procesión que había programada con la imagen peregrina de la Virgen de Fátima; se acosa, se intenta detener y se acorrala a Uriel Vallejos y Harving Padilla, párrocos de las iglesias en Sébaco y Masaya; las autoridades detienen a 3 sacerdotes: el párroco de la Iglesia del Nazareno en Nandaime, Granada; el párroco del Perpetuo Socorro de Boaco y el párroco de Espíritu Santo de Malukuku; la policía impide a los fieles el acceso a la Parroquia Santa Lucia en Ciudad Darío.

Además el gobierno de Ortega y Murillo clausuró 6 estaciones de Radio de la Sede de Matagalpa: Radio Hermanos, Radio Nuestra Señora de Lourdes, Radio Nuestra Señora de Fátima, Radio Alliens, Radio Monte Carmelo, y Radio San José. Posteriormente TELCOR sacó del aire a otras tres televisoras católicas.

En agosto del año pasado arbitraria y groseramente se produjo la detención en la Curia Episcopal del Obispo de Matagalpa Monseñor Rolando Álvarez y sus compañeros: el primero y segundo vicario de la Catedral José Luis Díaz y Sadiel Eugarrios; Óscar Escoto, párroco de la iglesia Santa María de Guadalupe; Ramiro Tijerino, rector de la Universidad Juan Pablo II; el padre Raúl González; los seminaristas Darvin Leyva y Melkin Sequeira, y el camarógrafo Sergio Cárdenas.

La pareja que dirige la casa vecina expulsa a los hijos que tenía encerrados, y les quita apellido y bienes

Hace un par de semanas 222 personas arbitrariamente encarceladas y sin ninguna legitimidad condenadas a penas de prisión por ejercer sus elementales libertades fueron sacadas de sus sitios de detención, y enviadas como expatriados a los EEUU. Se les arrebató su ciudadanía inconstitucionalmente y violando los más fundamentales principios del derecho internacional y de los derechos humanos, se les declaró traidores a la patria y a muchos se les han expropiado sus legítimos bienes.

Como el Obispo de Matagalpa se negó a abandonar a su grey, Ortega y Murillo lo condenan arbitrariamente a 26 años de prisión.

A 94 personas que ya habían logrado huir de su implacable terror, Ortega y Murillo, ahora los declaran apátridas, les arrebatan propiedades y los declaran traidores a su patria.

Ante tanta barbaridad, el vecindario ni siquiera condena.

Inicialmente solo los gobiernos de Chile y Ecuador denuncian las oprobiosas acciones de Ortega y Murillo.

Ante el reclamo de los Expresidentes de IDEA (Iniciativa Democrática de España y las Américas) otras naciones se unen. Pero solo 9 de los 34 vecinos han condenado la barbarie que impera en la casa que martirizan Ortega y Murillo.

Pocos y tarde. ¿Se estará legitimando la barbarie?

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