Tanto la ineficiencia del Estado y la corrupción son problemas públicos que impactan directamente en el bienestar de los ciudadanos y que impide que se pueda acceder a derechos económicos y sociales básicos como el acceso al agua, salud y educación, entre otros.
En cuanto a la ineficiencia, por ejemplo, el Instituto Peruano de Economía (IPE) reportó que durante el período de gestión municipal 2019-2022, los gobiernos locales salientes ejecutaron solo el 60% de su presupuesto de inversión y en total dejaron de invertir S/40 mil millones de soles en los últimos cuatro años. Este instituto explica que parte del problema se debe a que el presupuesto no está alineado necesariamente con las capacidades de gasto de las municipalidades. También muestra por ejemplo que distritos mineros que han tenido considerables incrementos de los recursos disponibles por canon y regalías tiene tasas de ejecución bajas.
Citan el distrito de Yarabamba en Arequipa, cuyos recursos para inversión se incrementaron en 126% entre el 2019 y el 2022, pero el monto ejecutado fue solo del 25%. Otro ejemplo que mencionan es sobre la Municipalidad de Santa Ana de Huaycahuacho en Ayacucho cuyo presupuesto para inversión aumentó más de 20 veces a lo largo del 2022 pero la ejecución de la inversión pública fue solo del 8,5%. La información de IPE muestra que tener mayores recursos no son suficientes si no se utilizan por gobiernos locales o regionales eficientes. El gran perjudicado es el ciudadano y su acceso a derechos básicos.
Vayamos a la corrupción. Medir con exactitud la corrupción resulta una tarea prácticamente imposible porque es difícil cuantificar todas las transacciones que buscan precisamente hacerse por lo bajo, clandestinas, contra la ley y sin registro. Por eso, ayudan los índices de percepción, de confianza ciudadana, y estudios para tratar de calcular los costos de su perjuicio en base a lo que se conoce para aproximarnos y seguramente los resultados siempre serán modestos frente a la realidad donde la corrupción campea con impunidad en perjuicio de los ciudadanos. Así tenemos que, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la corrupción continúa siendo la mayor preocupación de los peruanos en su medición de la percepción ciudadana sobre gobernabilidad, democracia y confianza en las instituciones entre abril y setiembre de 2022. Conforme a esta encuesta la corrupción se manifiesta a través del cobro por regalos, propinas, sobornos, coimas y el mal uso de funciones de un cargo público.
En el Índice de percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional (IPC) el Perú ha obtenido en el 2022 la posición 36 que es la misma posición que obtuvo el 2021. El IPC clasifica 180 países de acuerdo a las percepciones que estos tienen sobre el nivel de corrupción en el sector público, y según su escala puntuar más cerca del cero significa que el país es muy corrupto y los países que obtienen cerca de 100 son considerados muy limpios, con muy baja corrupción o corrupción inexistente. Más de dos tercios de los países obtienen puntajes por debajo de 50, entre los que se encuentra el Perú, en rojo y más cerca de niveles muy corruptos.
Según el Centro Liber, hasta enero de 2023, el 90% de los gobernadores regionales electos para el periodo 2023-2026 arrastran investigaciones fiscales por diversos delitos penales. Así, 29 autoridades entre gobernadores y vicegobernadores tienen en total 556 procesos en curso en el Ministerio Público. El mismo Centro Liber advirtió en el 2022 un total de 557 investigaciones fiscales activas contra los gobernadores regionales, de los cuales el 70% involucra delitos de corrupción, y también reportó que los 25 gobernadores regionales del periodo anterior contaban con un mínimo de dos hasta un máximo de 62 investigaciones fiscales activas. En una estimación de la Contraloría de la República se ha dado cuenta de que el Perú perdió más de 25,000 millones de soles por corrupción e ineficiencia de autoridades durante el 2022, y según su titular se identificaron responsabilidades en 8,730 funcionarios públicos, de los cuales unos 3000 son del Gobierno Nacional. Todo lo que se hubiera podido hacer en beneficio de los ciudadanos más vulnerables con esos fondos robados y si eligiéramos ciudadanos íntegros, capaces y eficientes.
El sur del Perú afronta una serie de crisis por protestas azuzadas por una agenda política radical que se aprovecha del incumpliendo con las demandas sociales del Estado, y estas protestas a su vez generan problemas de desabastecimiento de alimentos, medicinas, bloqueo de carreteras o la quiebra del sector turismo, pero si volteamos a ver a Puno se tiene que tuvo seis gobernadores implicados en actos de corrupción desde el 2003 hasta el 2022 y que a la fecha existen cerca de 232 obras paralizadas según reporta el medio de comunicación digital Vigilante. Nuevamente el coctel de ineficiencia y corrupción.
En el país enfrentamos un sinnúmero de crisis, pero creo que tendremos una salida en la medida que identifiquemos, reconozcamos y señalemos que la ineficiencia y la corrupción del Estado son los dos problemas perversos que ocasionan que no se pueda atender los derechos básicos y demandas sociales de los ciudadanos, inclusive en ciudades que tienen mayores recursos para satisfacerlas.
Pocos ven que este lastre representa un problema de derechos humanos, pues los derechos económicos y sociales son también derechos humanos, y la corrupción ataca el primer artículo de nuestra Constitución: “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”. La corrupción vapulea todos los días lo contenido en este artículo.
Cuando la corrupción es la causante de que haya personas en pobreza, hambre, pacientes sin atender, obras inconclusas, niños sin acceso a agua, ni alimentos, ni oportunidades de desarrollarse dignamente o de educarse está vulnerando a la persona humana y el respeto de su dignidad como fines supremos de la sociedad y del Estado.
La visión de un Perú más grande que sus problemas parece claudicar ante la corrupción porque hoy no hay ninguna duda de que la corrupción es más grande que nosotros. La lucha contra ella es a medias, insuficiente, desconectada de estándares internacionales, y los estragos que causa en la calidad de vida de los peruanos son utilizados por grupos políticos que han emprendido una guerra ideológica contra la Constitución en lugar de luchar contra el principal escollo que impide que los beneficios del crecimiento económico lleguen a las personas, a los ciudadanos, a los peruanos allí donde más se necesita. La gran protesta que debemos emprender debe ser contra la corrupción porque en una cleptocracia las autoridades y funcionarios públicos están más preocupados por robar los recursos públicos que por atender los derechos básicos de los ciudadanos, vulnerando sistemáticamente el fin supremo de la sociedad y del Estado que debe ser la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad.