La política de vivienda y el respeto a la seguridad jurídica

La industria inmobiliaria en el Perú ha tenido un importante crecimiento durante los últimos 20 años, apoyada por una política de Estado bien diseñada y que en su ejecución cuenta con más aciertos que errores. La construcción de viviendas formales produce miles de puestos de trabajo y genera oportunidades para que miles de familias mejoren su calidad de vida, por eso es fundamental no solo cuidarla, sino hacer los esfuerzos necesarios para que continúe en sano crecimiento; más aún en un país en el que la informalidad, con su consecuente precariedad y riesgo para las familias, tuvo un nefasto protagonismo los últimos 70 años.

En las últimas semanas, algunos municipios distritales de Lima, contraviniendo las normas vigentes, vienen suspendiendo la entrega de licencias de construcción, lo cual genera honda preocupación por la inestabilidad y falta de seguridad jurídica que ocasionan, con el consecuente daño a la industria inmobiliaria. Lo primero que hay que decir ante estas acciones reñidas con la legalidad es que absolutamente todos estamos obligados a respetar la Ley, desde el ciudadano de a pie hasta las autoridades, siendo estos últimos los llamados a dar ejemplo en este terreno. Dicho esto, con el mismo énfasis debemos señalar que los promotores inmobiliarios no pueden escapar a esta obligación y que, de comprobarse alguna obtención de ventajas a través de irregularidades o irrespeto a las normas en la obtención de sus licencias, deben ser denunciados y adecuadamente sancionados.

Lima es una ciudad en donde se hace difícil desarrollar vivienda. La urbe ha crecido por invasión más que por planificación, lo cual ha dejado infinidad de problemas complicados de resolver. En primer término, hay muy poca disposición de suelo para la construcción de vivienda y este escaso suelo, por elemental ley de oferta y demanda, se hace cada vez más caro; en segundo lugar, las zonas periféricas de la ciudad han sido ocupadas de forma atomizada con terrenos muy pequeños y con poca claridad en su titulación, lo cual hace casi imposible su renovación; y por último, las zonas de expansión aún no ocupadas, pero ya bastante alejadas, no cuentan con una red de transporte mínima aceptable que permita desarrollos inmobiliarios que no perjudiquen a las familias alejándolas en demasía de sus centros de labores.

La tarea de mejorar la ciudad y construir viviendas de calidad para más ciudadanos es una labor ardua, pero a la vez un objetivo retador. Todos debemos apuntar en ese sentido y no poner más piedras en un camino que de por sí ya es complejo. El Ministerio de Vivienda y Construcción viene desarrollando los reglamentos necesarios para poner en ejecución la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible y hace bien en convocar a los actores involucrados en la industria para consensuar reglamentos que beneficien a la ciudad y a las familias que hasta el día de hoy no han podido acceder a una vivienda adecuada.

Como actores de la industria estamos en la obligación de resolver los problemas, conversando, consensuando y mejorando lo que deba mejorarse para que los peruanos puedan satisfacer esta necesidad básica de vivienda. Respetar la Ley es el comportamiento que la nación demanda de nosotros.