El gobierno de Luis Arce ha decidido golpear a Evo Morales donde más le duele: va a mantener bajo el precio de la coca, porque de esa manera lo deja sin recursos para su campaña de candidato a la presidencia.
Hasta ahora, el MAS, partido al que ambos pertenecen, no había admitido abiertamente que la hoja de coca, y su precio, tuvieran semejante influencia en las posibilidades electorales de sus candidatos.
Morales había protestado contra el gobierno por el bajo precio de la coca en vista de que los productores de la hoja aportan a la organización sindical de Chapare, de la que es presidente vitalicio.
Es el segundo golpe que da Arce a las finanzas de Morales: el primero fue dejarlo sin participación en el reparto de los aportes que los 530.000 empleados públicos hacen al partido todos los meses, si no quieren ser despedidos.
Como respuesta, los seguidores del cocalero acusan al hijo de Arce, Marcelo Arce Mosqueira, de haber cometido cinco delitos de corrupción desde que su padre es presidente. Además, recuerdan que la esposa del presidente fue directora del banco estatal Unión cuando él era ministro de economía.
El enfrentamiento entre los dos rivales ha llevado las cosas hasta del extremo de que los seguidores de Morales impiden la aprobación, en el parlamento, de medidas que el gobierno de Arce necesita con desesperación para sobrellevar la crisis económica.
Pero los jueces siguen obedeciendo a Morales, por lo menos para sancionar a los dirigentes sindicales de los cocaleros de Yungas de La Paz. Mantienen preso a César Apaza desde hace dos años, porque defiende los intereses de la región donde se produce la coca tradicional. Ahora padece de una severa embolia pero los jueces han ordenado que lo mantengan enmanillado en la cama de un hospital donde han comprobado que recibió castigos físicos de parte de los carceleros.
Morales mantiene su deseo de que los obispos sean llevados a la cárcel por haber participado en las negociaciones de pacificación cuando él estaba decidido a renunciar ante una masiva protesta popular por el fraude que cometió en las elecciones de 2019, fraude comprobado por la OEA.
Acusó a los jueces de ser obedientes del ministro de justicia, Iván Lima, quien ha desestimado el juicio contra los obispos debido a que ya habían sido llamados para un caso similar.
El precio de la coca es afectado por la sobreoferta en los mercados, con cargas que llegan desde lugares no registrados y además desde territorio peruano.
En este momento, según el gobierno, existen 32.000 hectáreas de cultivos de coca, 10.000 más de lo legalmente autorizado. Para atender la demanda del consumo tradicional de la hoja sólo serían necesaria la producción de 6.000 hectáreas, según el experto Franklin Alcaraz.
La disputa ha invadido el carnaval. Los seguidores de Arce cantan en los corsos: “Los bolivianos ya te han dicho:/ Evo de nuevo, huevo carajo./ A tus hijos ladrones, buscales trabajo/”.
Y los seguidores de Morales responden: “Anoten traidores en su calendario/. Oigan diputados, la traición se paga./ Quédense callados, están expulsados”.
Mientras tanto, en Santa Cruz, el carnaval fue motivo de un debate entre quienes hubieran querido que no se lo celebre como protesta por la detención del gobernador Luis Fernando Camacho por orden del gobierno, y quienes querían que el corso se realice, y sea usado para expresar las protestas.
El corso terminó haciéndose en una avenida secundaria y no en el “Cambódromo”, un lugar construido emulando el Sambódromo de Río de Janeiro, y dio paso a expresiones de protesta por el abuso del gobierno, así como a manifestaciones de lealtad con el gobernador preso.
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