La dos caras de la CELAC: potencial y déficit del multilateralismo americano frente a los derechos humanos

Las casi 48 horas de intensa agenda diplomática en la Argentina entre el lunes 23 y el martes 24 de enero, que incluyeron la organización de la VII Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) con la presencia de 33 gobiernos de la región y bilaterales entre algunos de ellos, colocaron a Buenos Aires en el centro del escenario regional. También posicionaron a los derechos humanos y la necesidad de alcanzar su plena vigencia en todo el territorio en el corazón de la discusión. Lo que resta ahora es avanzar, más allá de los discursos, en la búsqueda de soluciones integrales a los problemas históricos y estructurales que los ponen en jaque.

A lo largo de sus 111 párrafos, la Declaración de Buenos Aires plantea el futuro del bloque como una plataforma de integración con múltiples capítulos, todos atravesados por los derechos humanos: seguridad alimentaria y energética; estrategias sanitarias conjuntas; un abordaje preventivo, integrado y multidisciplinario del problema de las drogas bajo una responsabilidad común y compartida; cooperación en materia ambiental y gestión frente a los desastres; aplicación de la ciencia y la tecnología, incluidas las telecomunicaciones, para afianzar la inclusión social, al igual que la educación; la situación de las mujeres, la niñez y las personas jóvenes; la discapacidad; la infraestructura para el desarrollo; las migraciones, la vigencia de las lenguas originarias y la cultura en general así como la situación de los afrodescendientes.

La declaración de principios es tan amplia como ambiciosa. Incluso destaca un llamamiento común en defensa de la democracia, base para cualquier ampliación posible de los derechos de las personas. Frente a la preocupante realidad que vive nuestra región, la CELAC compromete a sus miembros “para avanzar con determinación en el proceso de integración, promoviendo la unidad y la diversidad política, económica, social y cultural de nuestros pueblos” y así “profundizar los consensos en temas de interés común y contribuir al bienestar y desarrollo de la región, así como a la acuciante superación de la pobreza y las desigualdades e inequidades existentes”.

No obstante, no ofrece una revisión exhaustiva de esos factores que erosionan los derechos humanos y la vida de las personas. Como lo he resaltado en otras oportunidades, desde Amnistía Internacional consideramos que en América Latina y el Caribe subsisten graves falencias estructurales en materia de derechos humanos. Además, persiste la impunidad por graves violaciones de derechos humanos en varios Estados, mientras que otros han recurrido a la represión contra quienes se manifiestan para reivindicar sus derechos.

Por todo esto, creemos con firmeza que el multilateralismo americano tiene que centrar sus esfuerzos en hallar soluciones a sus problemas que provengan de la garantía y respeto de los derechos humanos. Hay un potencial en este tipo de diálogos, pero también un déficit en lo que refiere a la búsqueda de respuestas. Lo que sucedió estos días en Buenos Aires lo muestra de modo claro.

La discusión respecto a estas cuestiones debe evitar los sesgos partidarios. No hay países “rivales” frente a los cuales es meritoria la advertencia pública sobre las denuncias que pesan en materia de derechos humanos y otros “aliados” donde es prudente callar. La tolerancia frente a estas violaciones que ocurren en diversos puntos de nuestra Latinoamérica –de la represión y la censura a las carencias de larga data–, de ningún modo puede constituir una vara que los gobiernos acomoden a su conveniencia, entre la sentencia absoluta y el silencio cómplice.

Es clave que los Estados de América Latina y el Caribe redoblen sus esfuerzos para que la observancia y el respeto de los derechos humanos sean una realidad para quienes habitan en la región. No solo eso: para que el lema de unidad en la diversidad que se planteó en la Declaración de Buenos Aires se instituya como un auténtico mantra es preciso que la discusión abarque la multiplicidad de capítulos que comprende y que bien refleja el documento final pero sobre todas las cosas, que el debate no se reduzca a un momento en particular, una cumbre, sino que se prorrogue en el tiempo.

De todos los países presentes, Venezuela fue el que acaparó la mayor atención y es cierto que la situación de derechos humanos allí continúa deteriorándose. Luego de multiplicarse las críticas y denuncias, el presidente Nicolás Maduro desistió de viajar hasta Buenos Aires.

Hay al menos 7 millones de personas venezolanas que han salido del país dadas las condiciones de masivas violaciones a derechos; la política de represión y las campañas de estigmatización se han incrementado en contra de personas defensoras y trabajadoras y trabajadores humanitarios. Amnistía Internacional denunció de manera recurrente casos de ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, y también muertes y lesiones por el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes estatales del gobierno de Nicolás Maduro. Ello, de forma sistemática y generalizada desde, al menos, 2017.

La organización ha sostenido y demostrado a través de informes de carácter público que los delitos y crímenes de derecho internacional cometidos por agentes estatales en Venezuela podrían constituir crímenes de lesa humanidad de competencia de la Corte Penal Internacional, en donde hoy hay abierta una investigación. Y se ha probado la ausencia de procesos judiciales genuinos con relación a los crímenes de derecho internacional cometidos en Venezuela así como la falta de independencia del Poder Judicial.

Y pese a que Venezuela se ha convertido en una suerte de parteaguas político para la región, de lo que se trata es de colocar a los derechos humanos por encima de las grietas ideológicas. Es fundamental que los Estados de la región hagan todo lo posible para mantener su compromiso con la búsqueda de la verdad, justicia y reparación para las víctimas y sobrevivientes de violaciones de derechos humanos.

En particular, durante el último tiempo, Amnistía Internacional ha puesto especial atención a la situación de los derechos humanos en países como Brasil donde observamos con preocupación una marcada escalada de violencia desde la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2022. Tal como se vio el pasado domingo 8 de enero, las amenazas al Estado de derecho por parte de grupos organizados, en algunos casos armados, que impugnan no sólo el resultado del proceso electoral sino también el funcionamiento mismo de las instituciones del Estado, son un riesgo para las instituciones democráticas.

Esos actos constituyen un ataque repudiable y deben ser investigados de manera pronta, imparcial, seria y efectiva con el fin de identificar, procesar, juzgar y sancionar a todas las personas implicadas en estos episodios, incluidos los instigadores, organizadores y financiadores y también las omisiones de las instituciones del Estado que no actuaron para impedir que se produjeran estos ataques.

Las autoridades brasileñas deben estar preparadas para responder a manifestaciones políticas, lo que implica acciones de inteligencia, planificación, prevención y monitoreo de escenarios de riesgo y grupos que busquen afectar el ejercicio de derechos, y que las respuestas sean proporcionadas y se ajusten a los estándares internacionales de derechos humanos.

En Nicaragua, por su parte, se cumplirán en abril cinco años desde que las fuerzas de seguridad del Estado reprimieron con brutalidad las protestas multitudinarias con centenares de muertes y miles de personas heridas. Estos hechos marcaron el inicio de una profunda crisis de derechos humanos en el país centroamericano. Desde entonces, el gobierno ha adoptado una serie de medidas que han menoscabado la libertad de expresión, la participación política, el derecho a la protesta y la libertad de prensa. Actualmente hay más de 200 personas —defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas independientes, activistas y miembros de la oposición política— encarceladas en Nicaragua exclusivamente por ejercer estos derechos y se han clausurado miles de organizaciones por adoptar posturas críticas con el gobierno. En la declaración de la CELAC no hay mención alguna a esa situación.

Tampoco se refiere a la realidad de Perú, otro punto preocupante de nuestra región, sumergido en una prolongada crisis política en los últimos años. La destitución y detención de Pedro Castillo y el ascenso de un nuevo gobierno con respaldo de un Congreso cuestionado por gran parte de la sociedad ha desatado, desde el 7 de diciembre de 2022, una ola de protestas en todo el país que han sido objeto de represión por parte de las fuerzas armadas y policiales peruanas.

Desde el inicio de las protestas a la fecha, fuentes oficiales han reportado el fallecimiento de al menos 50 personas y más de 700 personas resultaron

heridas. En su mayoría, las víctimas pertenecen a comunidades rurales e históricamente marginalizadas en Perú. Mientas la represión continúe, es probable que este número siga creciendo.

Los Estados de la región deben exhortar a las autoridades peruanas a cesar de inmediato en el uso innecesario y desproporcionado de la fuerza contra la población civil, como primer paso para sentar las bases de una salida a la actual crisis que enfrenta el país. Y el gobierno de Perú debe utilizar todos los recursos disponibles para salvaguardar la vida y la integridad de todas las personas, y proporcionar el apoyo necesario a las familias de las personas fallecidas.

Los focos de atención no se agotan en estos ejemplos. Hay realidades que ameritan ser examinadas y debatidas en Ecuador, El Salvador, México, Cuba, incluso en Argentina, el país anfitrión y el último en completar su presidencia pro tempore en la CELAC. Lamentablemente esta lista se sigue engrosando: la plena vigencia de los derechos humanos debe revisarse a la luz de situaciones particulares en cada uno de estos países y que describen, en última instancia, nuestra falencia como región.

Sin lugar a duda, la presencia en la mesa de un espacio de fuerte matriz política de representantes de los 33 países miembros de la CELAC y otros invitados internacionales –Estados Unidos, China, la Unión Europea, organismos internacionales y la Unión Africana– constituye un ejemplo palpable de multilateralismo en tiempos en los que la globalización se repliega hacia fronteras cada vez más cercanas. Resta ahora consagrar esos momentos para sentar las bases de discusiones que se prolonguen entre cumbres para la búsqueda y consagración de resultados concretos.

*Mariela Belski es Directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina

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