Tiempos recios para el Perú

En el 2019, el Perú ocupaba el puesto 65º en el ranking de competitividad global del Foro Económico Mundial – WEF y el sexto lugar en América Latina y el Caribe, detrás de Chile (33º), México (48º), Uruguay (54º), Colombia (57º) y Costa Rica (62º). Nuestro país se ubicaba en el primer lugar en el pilar de estabilidad económica, empatado con otros treinta y dos países, y tenía sus principales debilidades en los rubros de infraestructura (88º), capacidad de innovación (90º), instituciones (94º), dinamismo de negocios (97º) y adopción de tecnologías de información y comunicación (98º).

Desde entonces, el WEF no ha actualizado este ranking, pero la pandemia del Covid-19, el impacto de la agresión bélica de Rusia contra Ucrania, el agravamiento de la crisis política que había empezado en el 2016 con el enfrentamiento entre poderes del Estado y el debilitamiento institucional que significó el descubrimiento de una extendida red de corrupción en la contratación de obras públicas pusieron a prueba nuestra capacidad para mantener la estabilidad macro-económica frente al deterioro de la institucionalidad y la insuficiencia de una infraestructura obsoleta, que impiden promover la innovación, acceder a nuevos avances tecnológicos y contar con un ambiente dinámico para los negocios.

Ha quedado evidenciado que la fortaleza macro-económica consolidada en nuestro país luego de casi treinta años de haber adoptado una política liberal y de apertura comercial sirvió para contrarrestar los efectos de una amenaza de proporciones globales como la pandemia y del deterioro de nuestro marco institucional. Pero, al enfrentar estos desafíos, afloraron las profundas carencias de un aparato estatal sumido en la corrupción y la ineficiencia que no ha podido reducir las brechas de infraestructura ni establecer las condiciones mínimas para extender las oportunidades de progreso a todos los peruanos.

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También se ha demostrado que no es posible sostener indefinidamente la lógica de las cuerdas separadas, bajo la cual un país puede tener largos periodos de crecimiento pese al quebrantamiento de sus instituciones y de las reglas de convivencia democrática. El burdo intento de Pedro Castillo de interrumpir el régimen constitucional, debería ser un punto de inflexión para el Perú, el inicio de un proceso de recuperación institucional, económica y moral que tendrá otro hito relevante el 28 de julio del 2024 cuando se instale un nuevo gobierno surgido de las urnas.

Las manifestaciones violentas producidas luego de la destitución de Castillo y, en particular, el que un tercio de ciudadanos exprese su apoyo al fallido golpe de estado son una prueba tangible de que el país vive una coyuntura crítica, de la que sólo saldrá con un amplio acuerdo entre los poderes públicos y la sociedad civil para emprender un conjunto de reformas políticas y electorales que fortalezcan nuestro sistema democrático, pero también para modernizar la gestión estatal, que permita extender los servicios básicos a toda la población, reducir la informalidad en la producción y el empleo, e incrementar la competitividad y sostenibilidad del aparato productivo nacional.

La construcción es clave en este proceso de reformas debido a que la obsolescencia del modelo de contratación de obras estatales y de gestión de infraestructuras ha jugado un papel preponderante tanto en el envilecimiento de la clase política – expresado en el hecho de que los siete últimos presidentes de la república electos están involucrados en graves casos de corrupción en la adjudicación de contratos públicos – como en la ineficiencia del Estado en todos sus niveles para desempeñar sus funciones elementales a pesar de contar con recursos nunca antes disponibles para invertir, de lo cual dan testimonio los 24 mil millones de soles en obras paralizadas y que sólo se logra ejecutar 65 de cada 100 soles que se destinan a infraestructura pública. Ambos problemas, la corrupción y la ineficiencia, explican en gran medida el deterioro de la confianza ciudadana en el régimen democrático y en su capacidad para satisfacer sus necesidades elementales.

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Para terminar con estas amenazas, es urgente iniciar la reforma radical de las normas de contratación pública y de regulación de la construcción privada; pero también la del modelo de descentralización; de los criterios para la evaluación, priorización y financiamiento de inversiones; de los instrumentos de planificación y gestión territorial; de la gestión de servicios públicos; de los mecanismos de supervisión estatal; de las estrategias para atención de emergencias; y de los incentivos para la inversión privada y para la formalización productiva y laboral. Es necesario también poner énfasis en la reducción de los déficits en educación, salud, seguridad social y vivienda, para lo cual la innovación y la adopción de nuevas tecnologías resultan indispensables.

El 2023 deberá ser un año de cambios para nuestro país. Que se produzcan dentro del marco constitucional, en un ambiente de paz y esperanza. Dependerá fundamentalmente de la responsabilidad, humildad y sentido de urgencia con las que actúen los actores políticos y sociales involucrados.

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