Perú: golpe, contragolpe y restitución de la legalidad

El drama tuvo seis fases o si se prefiere, capítulos. En el primero, el Congreso fue convocado para “debatir y votar” una moción de destitución contra el (entonces) presidente Castillo, para la cual esta vez y a diferencias de otras, se contaba con el mínimo de 87 votos para aprobarla.

El segundo, fue el acto desencadenante de lo que vendría a continuación. Horas antes de esa reunión, Pedro Castillo disuelve el Congreso y anuncia un “gobierno de excepción”, que el país se gobernaría mediante decretos ley, un toque de queda y la intervención de importantes instituciones republicanas como el Poder Judicial, el Ministerio Público y otras.

Curiosamente, agrega que “se respetaría escrupulosamente el modelo económico basado en una economía social de mercado”, curioso, por el marcado carácter ultraizquierdista de su coalición de gobierno y que, en definitiva, era la imitación del autogolpe de Fujimori, exactamente lo contrario a lo que él representaba, es decir, a quienes lo combatieron por todas las vías. Más aun, a diferencia de Fujimori ni siquiera existía el terrorismo desatado de Sendero Luminoso.

Era un golpe de Estado en toda la regla, perpetrado aparentemente sin respaldo de muchos de sus ministros, horas antes de que se hiciera pública la renuncia del comandante en jefe del ejército. Solo existía la voluntad individual de Castillo de transformarse en dictador, violando la constitución, el estado de derecho y la noción misma de república. Lo suyo no tenía ninguna base: fue un autogolpe que era sedicioso con toda la institucionalidad.

A partir de entonces hay una reacción que restituye la legalidad. En la tercera fase, se hacen visibles las disidencias de ministros y otros funcionarios que no apoyaban a Castillo, y lo expresan con sus renuncias.

En la cuarta, el Congreso adelanta su convocatoria, se declara en sesión permanente, concluye que Castillo ha cometido un golpe contra la institucionalidad del Estado, y lo destituye por permanente “incapacidad moral”, por cierto, no lo más preciso, pero lo más cercano a lo ocurrido y a las causales señaladas en el texto constitucional. Los números de la votación muestran que 101 votos fueron a favor de la destitución, 6 en contra y 10 abstenciones.

La importancia es que este resultado permite calificar a la decisión del Congreso en total sintonía con la ley y la constitución.

El quinto capítulo de lo vivido muestra que otras dos instituciones con el poder para pronunciarse se manifestaron a favor de ese paso. Fue así como el presidente del Tribunal Constitucional señaló que “el Golpe de Estado (de Castillo) no tiene ningún tipo de fundamento jurídico“; y por parte de la Procuraduría General de la República apareció el anuncio de “la interposición de una denuncia penal en contra del presidente Pedro Castillo” por su acción sediciosa.

El sexto paso fue la expresión de su total orfandad, ya que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional apoyaron al Congreso, agregando que ellas son instituciones “respetuosas del orden constitucional establecido”, por lo que cualquier acto contrario, “constituye una infracción a la Constitución y genera el no acatamiento por parte de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional”. Es decir, sin respaldo del poder armado no hay golpe ni en Perú ni en ninguna otra parte de la región, lo que explica que, como consecuencia, Pedro Castillo fue detenido al retirarse del Palacio de Gobierno.

¿Será su procesamiento el paso siguiente? Debiera serlo. Hay un tipo de delito asociado a la violación de los derechos humanos, tales como los que enfrentaron militares golpistas en varios países y el propio Fujimori en Perú, así como también hay otros que se relacionan con delitos comunes y denuncias de corrupción, que requerirán mayores cuotas de investigación, pero sin duda hemos sido testigos de delitos políticos de la mayor gravedad, relacionados con el ataque a las instituciones democráticas.

Hubo sin duda alguna un intento de golpe de estado y solo la reacción de las instituciones establecidas en la constitución lo impidió. El resultado final fue la destitución de Castillo y la asunción de quien correspondía por mandato, y así fue como la vicepresidenta Dina Boluarte llegó a la Casa de Pizarro.

Corresponde ahora aprender de esta experiencia, tanto al pueblo como a las autoridades, antiguas y nuevas.

La primera lección es para los votantes, ya que las opciones por las que han estado votando no han contribuido a la estabilidad, sino todo lo contrario, han perpetuado la confrontación y la división. Incluso, la búsqueda de nuevos liderazgos ha terminado varias de las veces en juicios por intentos de enriquecimiento sin justificación.

Votar alejándose de la argumentación racional en busca de la emocional no ha mejorado a la democracia, sino que la ha empeorado, al igual que preferir a la narrativa por sobre los hechos, apostando por salvadores que han recreado junto a la utopía algo de lo peor de la tradición latinoamericana, como tarde lo descubrieron los venezolanos con Chávez.

En segundo lugar, la necesidad de avanzar rápidamente en una transición que permita modificar aspectos constitucionales, que simplemente no han funcionado en la búsqueda de un sistema político que se aleje de la herencia fujimorista. La solución no ha sido buena con un sistema que no ha permitido estabilidad, sino vivir en la crisis permanente, y de hecho corresponde mencionar que Chile pudo salvarse gracias a la votación de su plebiscito de septiembre, ya que en su fracasada Convención constitucional hubo propuestas muy cercanas a lo que hoy tiene Perú, partiendo por su unicameralismo, no en condiciones de parlamentarismo, sino de presidencialismo, que es la invitación misma al desastre.

En tercer lugar, constatar el fiasco de la OEA a partir del momento que, con el alborozo de muchos delegados, decidió intervenir en Perú a través de los artículos 17 y 18 de la Carta, lo que inevitablemente fue considerado un apoyo a Castillo, y así lo entendió el mismo, tal como quedó reflejado en el discurso donde anunciaba a los peruanos su fracasado autogolpe.

Por último, la necesidad de separar aguas definitivamente entre las opciones dictatoriales y la democracia, toda vez que el fracaso de Castillo demuestra que golpes de este estilo al igual que los militares son reflejos de la América Latina del siglo XX, más que la actual, toda vez que hoy, los principales peligros provienen de quienes quieren acabar con la democracia desde adentro, es decir, aprovechar un triunfo electoral para modificar radicalmente la constitución, generando la ocupación de instituciones judiciales y del sistema electoral, para transformar así al gobierno en permanente.

En América Latina, las dictaduras han aumentado en este siglo XXI y no han disminuido. Qué bueno que Castillo haya fracasado y ojalá para los peruanos sea el inicio de un camino que les permita la transición hacia un mejor sistema que el que ha fracasado una y otra vez en las últimas décadas.

Ojalá el aprendizaje sirva también para lo más importante de una democracia, los votantes, que idealmente son quienes ponen a unos y sacan a otros.

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