Este miércoles 7 de diciembre, Pedro Castillo anunció la disolución del Congreso peruano demostrando abiertamente las intenciones que tenía guardadas desde el inicio de su mandato, como todo buen socialista del siglo XXI, que es tomar el control total del poder.
Pero, el Perú no solo debería preocuparse por la disolución del Parlamento. En su discurso Castillo hace un llamado “a elecciones para un congreso con facultades constituyentes, para elaborar una nueva constitución”. Además anuncia la reorganización “el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional” entre otros.
Es decir, Castillo, acorralado por denuncias de corrupción, decide destruir la institucionalidad del Perú en un solo golpe. Quiere una nueva Constitución y nuevos jueces. Para quienes hemos seguido de cerca los casos de Ecuador con Rafael Correa y/o de Bolivia con Evo Morales, sabemos que este tipo de acciones solo llevan al control total de la institucionalidad de un país al servicio del caudillo.
La propia vicepresidente del Perú, Dina Boluarte, lo ha dicho en un tuit: “Rechazo la decisión de Pedro Castillo de perpetrar el quiebre del orden constitucional con el cierre del Congreso. Se trata de un golpe de Estado que agrava la crisis política e institucional”.
Varios de sus ministros ya han renunciado. Ante esta actitud de Pedro Castillo, la institucionalidad peruana debe actuar, para prevenir un conflicto mayor en el país. Castillo debe ser cesado, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP) deben asumir su rol de defender la democracia. Además, el Perú debe investigar cuál y cómo ha sido la injerencia del Foro de Sao Paulo y Grupo de Puebla durante ese gobierno.
De tener éxito Castillo y continuar en el poder, el Perú se enfrentará a una Constituyente, el mismo método que se ha visto ya en Bolivia, Venezuela, Ecuador que solo trae corrupción, confrontación y retraso económico para el país.
Castillo, una vez más, nos recuerda que los grupos de izquierda cuando no están en el poder desestabilizan con violencia las calles —ejemplos como Chile y Ecuador—, pero cuando llegan al poder no quieren ningún tipo de oposición, peor aún que se investigue los casos de corrupción en que incurren.
A Pedro Castillo le tiembla la mano que sujeta las notas en las que lee el decreto en el que disuelve el Congreso, seguramente algo en su interior le anuncia que su decisión ha sido un error histórico.
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