América Latina ante la reciente resolución sobre Irán

El pasado jueves 24 de noviembre, el Consejo de Derechos Humanos de ONU mantuvo una sesión extraordinaria para abordar “el deterioro de la situación de los derechos humanos en la República Islámica de Irán, especialmente con respecto a las mujeres y los niños”. Este Consejo, compuesto por 47 países elegidos por la Asamblea General de ONU en base a cupos de representación por grupos geográficos, mantiene por reglamento tres sesiones ordinarias anuales.

Como es conocido, más allá de las graves cuestiones estructurales en materia de violación a los derechos humanos por parte de la teocracia iraní, la situación particular que disparó el pedido de sesión fue la cruenta represión y asesinatos contra manifestantes en todo el país a su vez motivadas por las protestas por la muerte de Jina Mahsa Amini en septiembre de 2022, mientras estaba detenida por las fuerzas de seguridad iraníes. Estas protestas, donde los muertos se cuentan por cientos y los encarcelados por miles, son muy relevantes pues tienen por primera vez a los derechos de las mujeres en el centro de los reclamos y los jóvenes han tomado un rol preponderante.

Para llevar a cabo una sesión especial o extraordinaria del Consejo, a fin de abordar un tema determinado, ésta debe ser solicitada por al menos un tercio de esos 47 países (es decir 16).

En este caso la iniciativa estuvo a cargo de Alemania e Islandia y apoyada oficialmente por 17 Estados miembros del Consejo y 34 Estados observadores (bajo esta categoría de “observadores” pueden participar del Consejo con voz pero sin voto el resto de los países de la ONU que no conforman el Consejo).

Resulta relevante comentar que dentro de los estados miembros del Consejo pertenecientes al Grupo de Latinoamérica y Caribe (GRULAC) quienes acompañaron el pedido de sesión extraordinaria fueron Argentina, México y Paraguay; mientras que Bolivia, Brasil, Honduras, Cuba y Venezuela no lo hicieron. Asimismo, entre los países observadores del Consejo de nuestra región solo acompañaron Chile, Colombia y Costa Rica. Lamentablemente, países como Uruguay, Ecuador, y todos los países de Centroamérica y el Caribe (salvo Costa Rica, como ya se ha mencionado) fueron indiferentes a esta convocatoria.

La situación estructural de violaciones a los derechos humanos en Irán viene siendo abordada desde hace larga data por los diversos mecanismos de la ONU. Desde la creación del Consejo de Derechos Humanos en 2006 hasta 2022, el Consejo ha adoptado doce resoluciones al respecto. La primera resolución se adoptó en marzo de 2011, y la más reciente en marzo de 2022.

Ya en marzo de 2011, el Consejo de Derechos Humanos adoptó una resolución por la que se restableció un mandato de un Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en la República Islámica de Irán, cuyo anterior mandato había finalizado en 2002. Este Relator Especial jamás fue reconocido por el régimen iraní ni le fue permitido su ingreso al país.

Asimismo, los llamados “Procedimientos Especiales” de ONU (Relatores, Expertos Independientes y Grupos de Trabajo) permanentemente vienen señalando a la teocracia iraní. En cuanto a la situación actual, el 26 de octubre de 2022, un grupo de expertos, entre los que se encontraban varios titulares de mandatos de estos Procedimientos Especiales, emitieron una declaración en la que condenaban los asesinatos y la represión de las fuerzas de seguridad en Irán contra los manifestantes tras la muerte de Jina Mahsa Amini en septiembre de 2022, mientras estaba detenida por las fuerzas de seguridad iraníes. Los expertos transmitieron su profunda preocupación por la “fuerza excesiva y letal” contra los manifestantes en las protestas, incluida la violencia sexual contra las mujeres y las niñas, la intimidación y el acoso contra los manifestantes, y la “impunidad sistemática de los autores de las violaciones de los derechos humanos”.

Volviendo a la sesión especial del Consejo solicitada por Alemania e Islandia, en el debate participaron el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Sr. Volker Türk; el Sr. Javaid Rehman, Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en la República Islámica de Irán; la Sra. Khadijeh Karim, Adjunta del Vicepresidente para Asuntos de la Mujer y la Familia de la República Islámica de Irán; así como 21 Estados miembros, 25 Estados observadores y 17 organizaciones internacionales y de la sociedad civil.

Los representantes de países democráticos expresaron su apoyo al proyecto de resolución en el debate y condenaron enérgicamente al régimen iraní.

Respecto a los países de la región, Cuba y Venezuela expresaron su rechazo tanto a la sesión como al proyecto de resolución, con lo cual reafirmaron su permanente política de alineamiento con las dictaduras de todo el mundo.

El proyecto de resolución propuesto que finalmente fue aprobado, incluyó el establecimiento de una Misión de Determinación de los Hechos compuesta por expertos independientes, ante lo cual China intervino proponiendo la aprobación de otro tipo de resolución que excluía la creación de esta Misión y simplemente se orientaba a un llamamiento al diálogo y la cooperación. Este tipo de posturas son parte de la habitual estrategia china (y en general de las dictaduras y autocracias) de intentar impedir lo que para su gobierno son intromisiones indebidas en las soberanías de los países, lo cual implica una clara amenaza al propio sistema de protección de derechos humanos, que aún con sus defectos y contradicciones, se basa justamente en la sesión de cierta soberanía por parte de los países para poner por encima y en el centro de la protección de los derechos básicos de todos los seres humanos.

La enmienda introducida por China fue rechazada por los países que propusieron la resolución. Alemania afirmó que el establecimiento de la Misión de Determinación de los Hechos era el “corazón de la resolución”; el Reino Unido declaró que la propuesta alternativa de China negaba los derechos “de los supervivientes, las familias, las víctimas”; y Estados Unidos reiteró que la creación de una misión de investigación resultaba un paso necesario para establecer la responsabilidad de los perpetradores.

La propuesta presentada por China fue rechazada por votación, con 6 votos a favor, 25 en contra y 15 abstenciones.

La resolución finalmente aprobada decidió establecer una Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos hasta el final de la 55ª sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos (que será en marzo de 2024), y tiene como mandato:

-investigar de forma exhaustiva e independiente las presuntas violaciones de los derechos humanos en Irán relacionadas con las protestas que comenzaron el 16 de septiembre de 2022, con respecto a las mujeres y los niños

-establecer los hechos y las circunstancias que rodean las presuntas violaciones

-recopilar, consolidar y analizar las pruebas de dichas violaciones y preservarlas, incluso con vistas a la cooperación en cualquier procedimiento judicial posterior; y

-colaborar con todas las partes interesadas, incluidos el Gobierno de la República Islámica de Irán, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en la República Islámica de Irán, otras entidades pertinentes de las Naciones Unidas, las organizaciones de derechos y la sociedad civil.

Esta Misión deberá presentar una actualización oral durante un diálogo interactivo en el 53º período de sesiones del Consejo, en junio de 2023, y presentar su informe completo al final de su mandato en 2024.

Esta resolución se aprobó con 25 votos a favor, 6 en contra y 16 abstenciones.

Votaron a favor: Argentina, Benín, República Checa, Finlandia, Francia, Gabón, Gambia, Alemania, Honduras, Japón, Libia, Lituania, Luxemburgo, Islas Marshall, México, Montenegro, Nepal, Países Bajos, Paraguay, Polonia, República de Corea, Somalia, Ucrania, Reino Unido y Estados Unidos.

Votaron en contra: Armenia, China, Cuba, Eritrea, Pakistán, y Venezuela.

Se abstuvieron: Bolivia; Brasil, Camerún, Costa de Marfil, India, Indonesia, Kazajistán, Malawi, Malasia, Mauritania, Namibia, Qatar, Senegal, Sudán, Emiratos Árabes Unidos y Uzbekistán.

Respecto al record de votación de los países de la región, no sorprende observar los alineamientos de Cuba y Venezuela con su voto contrario. En cuanto a las abstenciones también cabe criticar fuertemente a Bolivia, que bajo el gobierno de Arce viene siendo consistente en su alineamiento con regímenes autoritarios. Por su parte, Brasil bajo el mandato del populista Jair Bolsonaro también viene manteniendo votos cómplices con este tipo de regímenes –por ejemplo se ha abstenido recientemente en una resolución dirigida a discutir la situación en China. Respecto a Irán, Bolsonaro mantuvo el comportamiento de complicidad con Irán que en estos foros sostenía su acérrimo adversario Lula Da Silva.

*Brian Schapira es Director de Relaciones Institucionales de CADAL (www.cadal.org), fundación privada y a-partidaria que promueve los derechos humanos y la solidaridad democrática internacional.

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