La Unesco (2008) define educación inclusiva como la identificación y respuesta hacia las diferentes necesidades de todos los alumnos en etapa escolar que tienen características, intereses y capacidades distintos. La inclusión, en la amplitud de su definición, abarca la clase social, el grupo cultural, el sexo y la discapacidad.
Según el Censo Escolar 2018 del Ministerio de Educación, hay 90 490 estudiantes de entre 6 y 16 años con discapacidad; de ellos, solo el 12% se encuentra matriculado en el sistema educativo público o privado. Lamentablemente, solo el 40,4% culmina la primaria y el 6% logra acceder a la educación superior.
En el Perú, la educación es el sector al que se le asigna menor presupuesto. De este, solo el 0,62% está destinado exclusivamente a la educación de estudiantes con discapacidad. Actualizar el plan de estudios, disminuir la violencia escolar, atender las necesidades educativas especiales, incentivar a la formación inicial o la capacitación docente especializada y disponer de material o infraestructura son medidas por las que hasta hoy se sigue luchando.
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Para que las políticas públicas de inclusión educativa puedan aplicarse, la Unesco (2017) identificó cuatro valores que deberían considerarse: el primero es valorar la diversidad de los alumnos; el segundo, apoyar a todos los estudiantes y tener altas expectativas respecto a sus logros; el tercero, la colaboración y trabajo en equipo; y, por último, el desarrollo profesional continuo.
Muchos estudios demuestran que la inclusión educativa trae consigo diversos beneficios para las escuelas, los compañeros, las familias y los estudiantes. Socialmente, anima la relación entre todos los niños y jóvenes, propiciando una experiencia enriquecedora que incentiva las relaciones interpersonales. Académicamente, muchos alumnos con discapacidad superan a sus pares que se encuentran en centros de educación especial, lo que repercute en la mejora de su rendimiento académico; con ello, se logra una mejora en la autoestima, en el autoconcepto y los prepara para la edad adulta. Todos estos aspectos permiten la creación de una sociedad inclusiva.
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La inclusión educativa nos lleva a pensar, entonces, que es importante querer para todos los niños y jóvenes, sobre todo en condición de vulnerabilidad, lo que quisiéramos que tengan nuestros hijos en las mismas circunstancias. El rol que nos toca, a las instituciones educativas, a los docentes o a los padres, implica flexibilidad, capacitación y sensibilización para ayudar a disminuir, hasta eliminarlas, las barreras que impiden la inclusión.
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