Petroperú: realidad e ideas para mejorar su rol

Petroperú registró pérdidas por un valor de 60.9 millones de dólares entre los meses de julio y septiembre de 2022. Esto solo fue la punta del iceberg de una crisis que arrastra desde años anteriores. No solo por los malos manejos, que han afectado su capacidad operativa y flujo de caja, sino también por un sobrendeudamiento en la inversión para la modernización de la vieja refinería de Talara.

Se invirtieron, tardíamente, seis mil millones de dólares en un proyecto que no se realizó bajo criterios de eficiencia administrativa y que solo tuvo un postor. Por si no fuera poco, el presupuesto original terminó incrementándose casi cuatro veces más. Este desembolso, mucho mayor que el patrimonio de la empresa, significó un gran problema para su calificación de riesgo.

Actualmente, la entidad peruana debe importar productos para atender su cuota en el mercado interno. Y debe hacerlo sin capacidad de refinación, pues la modernización de la refinería de Talara se montó sobre las instalaciones preexistentes.

Esta situación se da en medio de una tendencia de elevados precios de los combustibles, principalmente por la guerra en Europa. Sin embargo, el contexto se va complicar una vez que se inicien los desembolsos por las diferentes operaciones financieras, propias de la empresa estatal.

En setiembre de este año, Fitch Ratings bajó la calificación crediticia de Petroperú a “bono basura”, y eso complicó su capacidad de importación. Tuvo un primer préstamo de 750 millones de dólares para poder operar, pero finalmente colapsó. Esto ha llevado a un aporte de capital de mil millones de dólares y a otro préstamo de 500 millones de dólares.

A lo expuesto, se suma el retraso en el pago del fondo de estabilización de combustibles, que complica todavía más por la precaria situación de caja. El Estado les pide a los mayoristas no subir los precios, siguiendo lo que ocurre en el mercado internacional. A cambio, se les garantiza el pago de la diferencia. Pero, muchas veces, hay demoras hasta de seis meses o un año para saldar la deuda.

Petroperú tiene problemas de malas o discutibles inversiones, equivocada gestión y problemas de debilidad en su gobierno corporativo. Se requiere un informe integral que nos muestre lo que se sospecha, que la inversión en Talara ha descapitalizado a la empresa. Esto va a complicar que pueda desempeñar su rol en los lotes 64 y 192, que demandan de gran inversión y capacidad técnica que hoy no existe.

Debería evaluarse la búsqueda de socios de primer nivel que asuman estos retos, manteniendo una participación minoritaria de la entidad pública. También es importante revisar si en los campos que se están por devolver en Talara, que tienen menor nivel de inversión y una rápida recuperación, la compañía nacional puede recuperar una integración vertical que perdió. Esto de todas maneras exige una capacidad de inversión que hoy no se tiene.

También tengamos en cuenta que Petroperú ha asumido la administración temporal de la operación de distribución del gas natural en Arequipa, Moquegua y Tacna. Este programa está retrasado por la falta de recursos.

Un tema de fondo es la reingeniería de la compañía. Se tienen cuadros técnicos de avanzada edad y un 30% de excedentes de personal en tareas administrativas. Esto afecta su gestión. De acuerdo a la magnitud de la crisis, habría que evaluar una intervención mayor, a fin de no repetir los problemas que hoy afronta. Esta es una tarea urgente. No se puede estar disponiendo de sus disminuidas utilidades, con un cuadro de gravedad del paciente. De mantenerse esta situación, significaría que el directorio está desbordado por la presión sindical.

Petroperú no fue completamente vendida en la década de los 90 porque se dieron cuenta que necesitaban que cumpla un rol de regulador del mercado. Una subida brusca de los precios por una coyuntura del mercado internacional podía y puede provocar una crisis social y política para el gobierno de turno.

Pero la mejor solución es tener una sólida cultura corporativa, con gobierno eficiente y sin maltrato o mal uso de las autoridades del momento. Esto no es imposible de lograr. Tendría que ser un acuerdo del más alto nivel, con intervención del Congreso de la República, la Contraloría General de la República y la academia representando a la sociedad civil. Es urgente la transparencia y meritocracia.

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