Megaproyectos y desarrollo territorial

La ejecución de megaproyectos productivos y de infraestructura en nuestro país viene siendo cada vez más afectada por los cuestionamientos de autoridades subnacionales y comunidades que se localizan en su área de influencia. En muchos casos, estos desencuentros devienen en conflictos sociales que pueden retrasar o frustrar la concreción de estas inversiones como ha ocurrido con importantes explotaciones mineras (Tambogrande, Conga, Tía María) o con grandes obras de irrigación como Olmos o Majes-Siguas II.

Esta oposición es atribuible, de alguna manera, a consideraciones ideológicas de ciertas agrupaciones políticas y a la debilidad del aparato estatal para procesar discrepancias entre los grupos de interés involucrados. Sin embargo, la principal razón de estos desencuentros es la ausencia de un verdadero enfoque territorial en el diseño de estos proyectos y de un modelo de gestión apropiado para su implementación.

La puesta en marcha de Majes-Siguas II, por ejemplo, se retrasó durante varios años por la oposición de pobladores de la provincia cusqueña de Espinar que resentían el hecho de que se utilizara agua del río Apurímac para beneficiar a la región Arequipa. No es extraño que se presenten discrepancias entre dos regiones por el uso de recursos hídricos: Olmos se alimenta de agua del río Huancabamba de Piura, Chavimochic lo hace del río Santa ubicado en Ancash y Vilavilani II en Tacna la toma de la cuenca del Titicaca. Además, existe una complementariedad hídrica entre los valles de Moquegua y Arequipa y entre los de Ica y Huancavelica.

Precisamente, el convenio suscrito en marzo del 2018 entre los gobernadores regionales de Huancavelica e Ica, y el Ministerio de Agricultura para el afianzamiento hídrico de las áreas irrigables de las provincias de Huaytará y Castrovirreyna, en Huancavelica, y los valles de Ica y Pisco, en la región Ica, buscó terminar con décadas de conflicto por el uso del agua proveniente de los andes huancavelicanos, demostrando en la práctica que es posible concertar voluntades para alcanzar soluciones justas y eficientes. Lamentablemente, el proyecto no ha avanzado porque la gestión basada en la lógica de la mancomunidad ha demostrado ser claramente insuficiente para este tipo de inversiones.

La inexistencia de un modelo de gobernanza para emprender estas megaintervenciones con un enfoque territorial trae otras consecuencias negativas. En el caso de Majes-Siguas II, el proyecto considera la creación de una nueva ciudad para albergar a cerca de 300 mil habitantes, lo que exigiría una inversión varias veces mayor que la requerida para la irrigación y generación eléctrica. Sin embargo, no se conoce a ciencia cierta cómo se gestionaría el proceso de diseño y construcción de esta nueva ciudad, lo que podría traer como consecuencia que la población migrante se asiente en emplazamientos informales, como cuando concluyó la primera etapa de Majes-Siguas, y se formó la localidad de El Pedregal.

Lo mismo ocurre con el parque Industrial de Ancón que operará en más de 1,300 hectáreas que forman parte de un gran terreno destinado a la ciudad Bicentenario, que tendrá además un núcleo logístico, un área residencial para 115 mil habitantes y 2 mil hectáreas de un gran bosque urbano. Este mega-proyecto está a cargo de un Comité Técnico de Gestión liderado por el Ministro del Ambiente e integrado por otros seis ministros de Estado. Este modelo de organización es claramente insuficiente para gestionar un emprendimiento urbano de esta dimensión y complejidad.

En cuanto a los megaproyectos mineros, petroleros o gasíferos, los desafíos territoriales son de otra índole. Por lo general, aquellos se ubican en zonas poco pobladas (y pobres) de la sierra y de la Amazonía, por lo que la llegada de estas actividades productivas debería constituir una gran oportunidad para que las comunidades de estas zonas superen las condiciones de precariedad en que viven. Para que ello se concrete, es necesario que el Estado, las empresas, las autoridades locales y la población organizada trabajen de manera conjunta un plan de desarrollo territorial, un programa priorizado de inversiones sociales y productivas, así como una estrategia de formación de capacidades y de empleo. Estos instrumentos de planificación y gestión deberán aprobarse antes de que se inicie la etapa de explotación, lo que facilitará notablemente la legitimación de los proyectos.

En todos los casos, se requiere constituir entidades ejecutoras autónomas, equipadas con recursos humanos, económicos y técnicos apropiados para el diseño implementación, operación y seguimiento de los diferentes componentes de los megaproyectos, y que tengan facultades para atraer y facilitar inversiones públicas y privadas. En su administración deberán tener presencia el gobierno central, los gobiernos subnacionales involucrados, así como las organizaciones representativas de las comunidades ubicadas en las áreas de influencia de tales infraestructuras o equipamientos. Sólo la acción oportuna, consensuada, íntegra y eficiente de estas entidades hará posible que el beneficio de estas grandes intervenciones se extienda lo máximo posible.

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