El creciente peligro de los narcoestados en los Andes

A primera vista, Guillermo Lasso en Ecuador, Pedro Castillo en Perú y Luis Arce en Bolivia -los tres jefes de Estado andinos- difícilmente podrían ser más diferentes: Lasso es un banquero de élite liberal-conservador, Castillo un marxista y político recién llegado, Arce un tecnócrata a la cabeza de un movimiento populista de masas de izquierda. Pero los tres también tienen mucho en común: todos llegaron al poder durante la pandemia en países azotados por el COVID-19. Y hoy los tres tienen que luchar con las repercusiones: cadenas de suministro interrumpidas, inflación, desempleo y empobrecimiento. Y en la estela de la crisis económica, ha regresado otro de los viejos males de la región: la inestabilidad política. Los votantes que luchan contra el declive social tienen poca paciencia con los políticos.

En abril de 2020, cuando se sabía muy poco sobre el COVID-19, la ciudad portuaria ecuatoriana de Guayaquil se vio tan afectada, y casi al mismo tiempo que Italia. Su sistema de salud se derrumbó, los fallecidos fueron tendidos en los bancos del parque durante días y los empresarios funerarios tuvieron que arreglárselas con ataúdes de cartón. Escenas igualmente dramáticas también se vieron en Perú. No había oxígeno, las instalaciones hospitalarias correspondientes estaban en ruinas y las empresas dominantes especulaban con los precios. El gobierno derechista de Bolivia estaba totalmente abrumado. El caos reinó en los hospitales, las regiones quedaron por sí solas y en la compras de mascarillas y respiradores floreció la corrupción. En los tres países, los agujeros en las redes de seguridad social eran evidentes, junto con los políticos codiciosos que no solo habían promovido sino que también habían tratado de beneficiarse personalmente de la situación.

Se suponía que Arce, Lasso y Castillo debían responder a la debacle. Arce, el príncipe heredero del movimiento izquierdista Al Socialismo (MAS) de Evo Morales y padre del milagro económico de Bolivia, ganó claramente las elecciones presidenciales en octubre de 2020. Mientras que el banquero Lasso, quien fue elegido en mayo de 2021 en su tercera candidatura a la presidencia, ganó principalmente por nostalgia: los votantes esperaban un rápido retorno a la estabilidad y el crecimiento económico. En contraste, el maestro de escuela rural marxista Pedro Castillo, quien ganó las elecciones peruanas en julio de 2021, encarnó lo contrario: un alejamiento del consenso neoliberal y las esperanzas de más políticas sociales. Castillo es el marginado tradicional que llegó al poder por una ola de protestas y el temor de que su oponente, la hija del dictador Keiko Fujimoro, ganara la segunda vuelta.

Sin embargo, ninguno de ellos ha encontrado el toque de la suerte. Sus países siguen tambaleándose de crisis en crisis. Lasso trató de reflotar la economía ecuatoriana con medidas de austeridad neoliberales, que la paralizaron mientras crecía la inflación. Eso estimuló una enorme ola de protestas lideradas por la confederación indígena CONAIE, que ya había acorralado a muchos presidentes. Los manifestantes consiguieron arrancarle a Lasso un compromiso que no sólo preserva los subsidios a la gasolina, sino que también prevé el control de los precios y una moratoria para nuevos proyectos mineros y petroleros. Lasso se encuentra ahora en un doble aprieto ya que la exportación de materias primas -junto con las flores cortadas y el plátano- es uno de los principales pilares económicos del país. Lasso sólo pudo salir de ese aprieto gracias a la reprogramación de la deuda nacional con China. Dos tercios de los ecuatorianos valoran negativamente la actuación de Lasso. Su reciente conversación telefónica con su predecesor y archienemigo, el populista de izquierda Rafael Correa, no hace sino reforzar la impresión de que Lasso está acabado.

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En cuanto a Castillo, lleva 14 meses en el cargo pero no ha hecho prácticamente nada. Su gobierno no hace más que dar tumbos de un escándalo a otro. Han cambiado 72 ministros. Gracias a las alianzas de conveniencia ha podido anular dos procedimientos de destitución. Pero el fiscal general ha iniciado seis investigaciones sobre Castillo y su familia, tres de ellas relacionadas con contratos de servicios públicos. Una de sus hijas está en la cárcel y un sobrino está prófugo. El Congreso peruano, de 130 miembros, está dividido entre 15 partidos. Muchos representantes chantajean al gobierno para que les otorgue concesiones personales, como la flexibilización de los controles de las empresas de transporte y las universidades privadas. Mientras tanto, el 70 % de los peruanos luchan por sobrevivir en la economía informal, que mezcla actividades legales con ilegales de forma irreconocible.

Mientras tanto, en Bolivia ha estallado una lucha de poder entre Arce, su vicepresidente David Choquehuanca y su predecesor Morales. Los tres exigen ser el candidato del MAS en las elecciones presidenciales de 2025 y se lanzan barro como locos. Un representante del MAS del ala de Morales reveló que los hijos de Arce aceptaron sobornos por la adjudicación a una empresa estadounidense de los yacimientos de litio en el salar de Uyuni, y un periodista reveló que Arce había conseguido para sus hijos puestos importantes en la empresa nacional de energía y parece estar beneficiándose personalmente de la fábrica estatal de biodiésel que está en marcha. A esto, un representante del MAS de las filas de Arce replicó que Morales había conseguido que narcotraficantes argentinos y brasileños financiaran su campaña, tras lo cual éste exigió la renuncia de dos ministros por servir a intereses imperialistas. Choquehuanca espera sacar provecho de su pugna. El intelectual indígena señala con gusto la necesidad de un cambio generacional, y puede apoyarse en el ala reformista de cuadros jóvenes del MAS. Pero el partido está reñido consigo mismo y podría incluso romperse, sobre todo si los funcionarios electorales siguen las instrucciones de Arce de acabar con todas las formas de financiar ilegalmente las campañas y comprar votos.

Los gobiernos débiles son los que más benefician al crimen organizado. Durante la pandemia, la mafia del narcotráfico ecuatoriana amplió enormemente su presencia en las regiones fronterizas con Colombia. Desde febrero de 2021 han muerto más de 400 presos en motines carcelarios y tres fiscales han sido asesinados por sicarios. La tasa de asesinatos en 2021 se duplicó con respecto a la de 2020, hasta los 14 por cada 100.000 habitantes. El estado de emergencia no impidió que los delincuentes detonaran artefactos explosivos que hirieron a muchas personas. Las bandas de narcotraficantes se disputan sobre todo el control de las rutas de contrabando en torno a la ciudad portuaria de Guayaquil, en el norte del país. Según la policía, los hallazgos de droga se dispararon de 79 toneladas de cocaína en 2019 a 170 en 2021.

Los cárteles aprovechan el tejido social destruido de Ecuador para reclutar a nuevas personas, y la política de austeridad de Lasso impulsa la tendencia. Otro epicentro del crimen se encuentra en las tierras bajas de la Amazonia, donde miles de mineros ilegales de oro se han asentado a lo largo de las riberas de los ríos desde el 2021. El mercurio y los sedimentos están provocando el colapso de los ecosistemas de importantes ríos como el Napo. Las ganancias de este oro son blanqueadas por dudosos intermediarios, expandiendo aún más la antes comparativamente débil economía ilícita de Perú.

Perú es un ejemplo de advertencia de adónde conduce esto. En algunas zonas existe desde hace tiempo una simbiosis entre el crimen organizado y los políticos locales y regionales. Los buscadores de oro, los narcotraficantes y los blanqueadores de dinero que se convierten en gobernadores y alcaldes mediante la compra de votos ya no son una rareza. En las elecciones locales y regionales de principios de octubre, se presentaron más de 600 candidatos con causas penales pendientes, de los cuales 17 resultaron elegidos, según la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito. Esto forma parte de la vida política peruana desde hace más de una década, sin que se tomen medidas para evitarlo y sin que la población se escandalice. Sin embargo, las regiones representan dos tercios de los gastos del gobierno y sirven de trampolín para hacer carrera en la política nacional.

En el Congreso de Perú también hay varios tipos de lobbies criminales. Un diputado encubrió a un cártel de constructores, otros promovieron a jueces corruptos y vendieron absoluciones como indulgencias. Actualmente hay 68 diputados investigados, la mayoría del partido Alianza para el Progreso del ex gobernante César Acuña, que se enriqueció de la noche a la mañana con un consorcio de colegios privados en todo el país. Pero los imitadores peruanos del legendario narcotraficante colombiano Pablo Escobar no se conforman con puestos en el Congreso como él, dice el experto en drogas Jaime Antezana. Según él, desde 2016 los narcocandidatos se han presentado incluso a la presidencia.

También en Bolivia, la crisis económica difumina cada vez más la línea entre los políticos y la mafia. La pandemia es una razón; otra es la expansión masiva de la maquinaria gubernamental a costa del sector privado. Eso significa que el presupuesto de Bolivia está estresado aunque la deuda pública está creciendo. El MAS está encontrando cierto alivio en las alianzas ilegales de conveniencia, en parte a través del acaparamiento de tierras por el que se anima a los cocaleros y colonos del altiplano a ocupar terrenos en las tierras bajas. La ocupación ilegal y armada no tiene como objetivo principal ningún tipo de propiedad privada: se trata principalmente de tierras indígenas y reservas naturales en la Amazonia, donde las autoridades suelen hacer la vista gorda. La mayoría de los acaparadores de tierras son especuladores inmobiliarios miembros del MAS que talan los bosques y luego venden las tierras con beneficios a las empresas mineras o a la agroindustria. Esto beneficia al Gobierno de tres maneras: el desarrollo de nuevas zonas impulsa la economía, sus seguidores son atendidos y la oposición se debilita porque los nuevos colonos sirven para desplazar a la mayoría de las tierras bajas, feudo tradicional de los partidos conservadores.

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El cultivo de la coca también ha aumentado en los Andes desde el 2020. En el altiplano peruano hay ahora 80.000 hectáreas de cultivo de coca -materia prima para la fabricación de cocaína- y 30.000 en Bolivia. La superficie de cultivo de coca en Ecuador sigue siendo comparativamente pequeña, con menos de 1.000 hectáreas. Pero la proximidad a los grandes campos de coca de Colombia está convirtiendo el norte de Ecuador en un importante centro de fabricación y exportación de cocaína. Debido a las vacilantes economías y a los sobrecargados presupuestos estatales, estos tres países no pueden mantener el ritmo de la crucial vigilancia y persecución de las actividades ilegales. Aunque el tráfico de drogas podría ser bienvenido para algunos de sus gobiernos, es una gran apuesta: el peligro de narcoestados ingobernables en los Andes es cada vez mayor.

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