Chile, tres años después: la misteriosa evaporación del 62% de los votantes

En octubre de 2019 hubo un estallido de enorme magnitud, mezcla de demandas sociales y violencia, donde iglesias, estaciones del Metro, buses del transporte y comercio fueron destruidos. No solo eso, sino que tuvo apoyo, valoración y validación en medios de comunicación y grupos políticos, con homenajes que llevaron al recinto del Congreso a la primera línea de las barricadas. Hasta en tribunales, toda vez que se inventaron centros clandestinos de tortura.

El gobierno no supo reaccionar y la policía fue sobrepasada. El colapso del orden público condujo a una negociación y una salida política inesperada, una Convención que propusiera una nueva Constitución para Chile, cuya culminación fue el plebiscito del 4 de septiembre, donde el 61,87% de los votantes rechazaron la propuesta.

Este resultado fue una gran sorpresa, toda vez que las encuestas pronosticaban un triunfo del rechazo, pero una diferencia tan notoria no fue anticipada por nadie. A pesar de la intervención gubernamental, el apruebo solo obtuvo 38,13 por ciento.

Sin embargo, igual o aún más sorprendente es lo que ha pasado a continuación: para una buena cantidad de políticos y medios de comunicación este resultado no habría tenido lugar y siguen actuando como si nada de esto hubiese ocurrido.

Surge la duda, ¿qué está pasando con la clase política que no le presta atención a lo que ocurrió y si acaso creen en la desaparición de ese tan contundente 62%? La impresión que dan es que muchos quieren repetir la fracasada Convención.

Además, en primer lugar, el Gobierno fue derrotado ya que se jugó por entero por la propuesta e intervino activamente para ese fin. Hoy está actuando como si ese plebiscito nunca hubiese tenido lugar.

En segundo lugar, los partidos del oficialismo propusieron para el futuro algo muy cercano a lo que fue derrotado, es decir, de 100 a 125 miembros electos para una nueva Convención, 9 escaños reservados, paritaria entre hombres y mujeres, 25 a 30 miembros designados por los partidos, argumentando que el rechazo fue “solo” a una propuesta, por lo que se mantiene abierto el tema constitucional.

En tercer lugar, sectores importantes de los dos grupos que gobernaron los últimos 30 años (la Concertación socialdemócrata y la centro-derecha) se presentan llenos de dudas y llanos a aceptar una versión más reducida de lo que fue derrotado el 4 de septiembre, sobre la base que se le incorporaran “bordes” o limitaciones a lo que se podría hacer, para evitar el maximalismo refundacional y los excesos de la convención derrotada. Sí, parte importante de la derecha también. Mi impresión es que hubo una negociación donde ambos esperaban el triunfo del rechazo ese día, pero no la magnitud de la votación final. Quizás, llegaron a acuerdos previos con el propio gobierno de Boric, en caso de que se diera ese escenario.

Octubre 2019 abrió el camino a la aceptación de la violencia, y a toda sociedad le cuesta mucho volver a la normalidad, toda vez que la democracia es, sobre todo, la resolución pacífica del conflicto. En Chile, la experiencia anterior con la violencia política fue que permaneció durante casi tres décadas. Apareció con la polarización de fines de los 60s, adquirió un terrible nivel con los muertos y desaparecidos de la dictadura militar, y solo se pudo superar en la transición a la democracia de los 90s.

En Chile surgió el término “octubrismo” para describir lo que apareció en 2019, incluyendo la idealización de la violencia, que incluso se hizo presente en grupos de WhatsApp de amigos y/o familiares, lo que condujo a algunos a la autocensura. Chile no ganó nada con la revuelta, solo retroceso para el país, además de mayor pobreza, incertidumbre y falta de oportunidades para las personas. Además de la violencia, también apareció una generalizada perdida de respeto a las normas, a todas. Se quedó y no se fue.

Igual de malo parece ser el hecho que todavía ronda en el aire el octubrismo, toda vez que en parte de la clase política se mantiene el espíritu refundacional, a pesar de cuan claro fue el voto y veredicto del plebiscito. También el amedrentamiento de los demócratas. Nadie vio venir la violencia de octubre de 2019 como tampoco nadie vio venir ese 62 por ciento. Se entiende que se quiera solucionar el tema constitucional, pero es inaceptable que no se quiera partir respetando lo que decidió el pueblo como soberano.

Ese es el punto de partida al que se debe subordinar todo lo demás, y lo respalda la democracia, la institucionalidad republicana, la ley y la constitución vigente, la firmada en 2005 por el expresidente socialista Ricardo Lagos.

Ignorar a ese 62% que con su voto le dio un camino más provechoso que el apruebo a Chile, es una distorsión de la democracia, llamada partidocracia, es decir, que las directivas partidarias estarían por sobre el voto ciudadano. El problema fue creado por los propios chilenos quienes se rehabilitaron con ese inesperado 62 por ciento. Es decir, las reglas para seguir adelante ya existen. Y son claras.

Principio de oro de la democracia es que si la elección es legítima se debe respetar la voluntad de los electores. Al respecto, se puede comparar cuando Colombia (2-10-2016) y el Reino Unido (24-06-2016) convocaron a plebiscitos.

Colombia, para el acuerdo de Paz del presidente Santos con la guerrilla FARC y el Reino Unidos para su salida de Europa. En Colombia, la propuesta de Santos fue derrotada, pero igualmente se siguió adelante, mientras que, en Londres, a pesar de que la diferencia había sido escasa, el veredicto contrario de las urnas fue aceptado por partidarios y detractores, y hubo total respeto al mandato recibido, aunque no gustara.

En Chile, la clase política parece no haber entendido el mensaje, a pesar de que las reglas del juego decían que, si era rechazada la propuesta constitucional, el país se regía por la ley y la constitución vigentes, que disponen que toda reforma constitucional futura pasa por el Congreso Nacional, electo democráticamente y en forma reciente. Toda alternativa necesita reformar previamente la constitución, en forma semejante a lo que acaba de culminar y definitivamente el 4 de septiembre, no solo al contenido propuesto, sino que hubo un rechazo a la Convención misma; forma y fondo.

Chile no supo aprovechar una gran oportunidad, pero esa ventana ya se cerró. Lo que no se puede hacer es transitar por los caminos de Evo Morales y Maduro, es decir, repetir las experiencias rechazadas hasta que se gane, lo que es contrario a la idea misma de democracia.

Después de la violencia, en noviembre de 2019 y como parte de un acuerdo político, se abrió una ventana constitucional, donde el Congreso Nacional hizo entrega temporal de sus facultades constitucionales, las que ahora les son regresadas en plenitud. Ese plebiscito debiera ser respetado por quienes se dedican a la política.

El estallido hizo retroceder al país, han sido años perdidos y las causas de la crisis no han sido resueltas. Más aun, la intelectualidad del país está en deuda, toda vez que todavía no ha aparecido una buena explicación y una reflexión de calidad y suficientemente profunda, tanto acerca de la violencia como de la votación.

En lo que no debe haber duda es sobre la conveniencia y necesidad de seguir las reglas, aceptando que la potestad constitucional radica en el Congreso, el que debe cumplir con su deber, ya que al estar todavía pendiente el tema constitucional, no hay nada que impida resolverlo, plebiscitos mediante, tanto al inicio como al final de las reformas que allí surjan.

Hace tres años, en octubre 2019, se quiso dinamitar todo tipo de reglas. Estos grupos fracasaron, por lo que sería absurdo que se regresara al ciclo de agitación e incertidumbre. Ese 62% ya resolvió temas básicos para todos como que Chile es una sola nación que permite y quiere la multiculturalidad a su interior a través del reconocimiento constitucional de sus pueblos originarios, pero no una plurinacionalidad que divida hasta hacer inviable al país. El punto de partida es siempre el respeto total a la voluntad de ese 62 por ciento.

No sabemos todo lo que ocurrió en 2019 y quizás se hubiese necesitado una acusación constitucional al expresidente Pinera, pero esa posibilidad ahora ya no existe. Lo que corresponde es mirar hacia adelante, respetar la democracia y al Congreso llevando a plebiscitos, de entrada y de salida las reformas constitucionales, sin Convención y sin refundación.

No es verdad lo de la “excepcionalidad” chilena en la región. No hay ni debe haber ninguna superioridad moral como tampoco arrogancia. Si mucha humildad en el respeto a las normas democráticas y a la institucionalidad republicana para concentrarse en lo fundamental, que toda comparación nos muestra que si hay algo difícil es redactar una buena constitución, para la cual se requiere entender que las mejores son aquellas más breves, las que se escriben con una goma en vez de un lápiz.

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