Una nueva capital de la República

A consecuencia de las masivas migraciones de los últimos setenta años, Lima ha terminado siendo un crisol de la diversidad cultural que caracteriza a nuestro país y, probablemente, el mejor reflejo del mestizaje que el encuentro entre europeos e indígenas nos legó hace casi medio milenio y que hoy ha devenido en una de las principales ventajas competitivas para insertar a nuestro país en un mundo globalizado.

La capital de la República es un factor clave para el desarrollo sostenible del Perú, dado que alberga a casi un tercio de la población, explica más de la mitad de la producción, concentra una parte relevante del poder político, de las unidades económicas más modernas y de los trabajadores mejor preparados. La necesaria descentralización no debe implicar un debilitamiento de la capital; por el contrario, debe asentarse sobre la fortaleza que implica contar con una megaurbe de tales dimensiones y potencialidades.

Pero, la ciudad capital ya no se limita únicamente a la provincia de Lima. Hace medio siglo que Lima y Callao constituyen una sola unidad urbana. Pero, desde hace algunos años, distritos como Chilca, Mala, Asia, Santa Eulalia, Ricardo Palma, San Antonio, Antioquia, Santa Rosa de Quives, Huaral y Aucallama que pertenecen a provincias aledañas, en la práctica, ya se han integrado o están en pleno proceso de conurbación con la llamada Lima Metropolitana. Y este proceso se acelerará con la consolidación de las zonas balnearias, de parques industriales y de programas habitacionales al sur de Pucusana, la construcción del mega-puerto de Chancay y del Parque Industrial de Ancón por el norte, y de la nueva Carretera Central por Cieneguilla.

Es evidente que el actual modelo de gobernanza es insuficiente para administrar eficientemente el inmenso territorio que hoy involucra a la capital de la República. Frente a ello, es necesario constituir una circunscripción de planificación urbana que comprenda a las zonas conurbadas de las provincias de Lima, Callao, Huaral, Canta, Huarochirí y Cañete, que deberá contar con un solo Plan de Desarrollo Territorial. Ello implica constituir un Instituto de Planificación Urbana, gestionado por las seis autoridades provinciales, que formule el Plan y monitoree su implementación. Luego, cada municipalidad provincial se encargará de ejecutarlo dentro de su jurisdicción. Esta propuesta toma como ejemplo el del Área Metropolitana del Valle del Aburrá que es una entidad técnica de planificación y gestión que involucra a Medellín y otros nueve municipios contiguos.

De otro lado, se requiere contar con un Operador Público de Suelo - OPS que pueda promover inversiones estatales y privadas para habilitar terrenos con vocación urbana con el propósito de desarrollar proyectos de vivienda, infraestructura y equipamientos (productivos, de servicios, de recreación) en todo el ámbito de la nueva capital nacional. Las comunidades autónomas españolas y algunas municipalidades colombianas cuentan con entidades similares, que han sido fundamentales en el crecimiento ordenado y en la mejora de la competitividad de sus principales ciudades.

La figura de los OPS municipales ya está recogida en la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible aprobada el año pasado por el Congreso. En el caso de la capital de la República, el OPS deberá ser gestionado por las seis provincias, pero también por el gobierno nacional, debido a que éste gestiona los principales sistemas urbanos en Lima Metropolitana: transporte público, saneamiento, electricidad, comunicaciones, vivienda social, educación y la salud. Contrariamente a lo que podría pensarse, un modelo de gestión concertado como el que se propone facilitaría una transferencia progresiva y ordenada de competencias a los gobiernos subnacionales involucrados, que ha sido postergada desde hace veinte años en el caso de Lima Metropolitana.

Por último, es indispensable que algunas de las entidades del gobierno nacional que intervienen en la capital, como la ATU y SEDAPAL, amplíen su área de servicio a las provincias colindantes con Lima y Callao y que adopten un modelo de gobernanza similar al del OPS incluyendo en sus órganos de gestión a representantes de las municipalidades provinciales. Lo mismo debería ocurrir con el Instituto Catastral de Lima que depende actualmente de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Todas estas organizaciones deberán contar con cuadros técnicos calificados, recursos económicos suficientes y una gestión de excelencia, para lo cual sería muy útil contar con el soporte técnico y financieros de alguna institución multilateral para las fases iniciales de operación.

No cabe duda de que este proceso no es sencillo y tomará su tiempo concretarlo. Por ello, es urgente poner en la agenda pública este tema que ha estado ausente del debate de los candidatos a la alcaldía capitalina a pesar de ser de vital importancia para transformar a la capital nacional en una urbe moderna e inclusiva. La renovación de autoridades municipales que se producirá dentro de pocos meses debería ser una buena oportunidad para llegar a un consenso sobre este nuevo de modelo de gobernanza.

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