La muerte de la joven Mahsa Amini en Irán en manos de la “policía de la moral” solamente es el reflejo de un régimen que tiene síntomas de enfermedad en la que se expone al pueblo que dicen representar a base del enquistamiento del poder. No en vano, Lord Acton decía que “el poder tiende a corromper, el poder absoluto corrompe absolutamente”.
Es así como el régimen se vale de una serie de medidas, entre lo represivo y lo discriminatorio para imponer su visión de gobierno. En un país donde la mayoría de la población es laica, la Revolución Islámica fue funcional a final de los setenta para derribar un gobierno que también reprimía al pueblo, no en virtud de la religión sino en beneficio del Shah.
Posteriormente, con la llegada del poder de los religiosos, lo que parecía un cambio positivo de régimen se fue haciendo restrictivo en contra de todos los ciudadanos y se les impuso las normas de la moral “espiritual” como parámetro de comportamiento y de ese modo justificar el maltrato contra las mujeres o políticas que afectan a otros grupos religiosos y étnicos.
De esa manera, el régimen ha podido justificar sus acciones contra diferentes grupos, entre los que destaca por supuesto su trato hacia las mujeres con leyes que regulan aspectos como: la moralidad y el uso del velo, la edad de matrimonio legalmente aceptada, las leyes resepecto a los matrimonios temporales (nikah mut’ah), las restricciones en cuanto al divorcio, la ley de nacionalidad de hijos de padres no iraníes, herencias, entre otros.
Pero también, otros grupos enfrentan actos de discriminación por parte del régimen quienes mancillan los valores de dichas poblaciones basados en sus propios intereses políticos, tales son los casos de los kurdos, los azeríes, los árabes, musulmanes sunitas, Bahaís y judíos. Pese a contar con algunas libertades, hay leyes restrictivas o imposiciones que violentan sus propios derechos fundamentales.
La población kurda, ubicada principalmente en el occidente del país, sufre por discriminación religiosa, por su vínculo con el islam sunita en su mayoría, pero también por haber entre estos miembros de la comunidad zoroastrista y contra los yaresianos, cada uno con sus tradiciones monoteístas propias, pero reprimidos por la visión absolutista del régimen de Teherán liderado en la actualidad por Alí Jamenei.
Por otra parte, están también los iraníes de origen azerí (como los azerbaiyanos) a quienes se les priva de derechos lingüísticos y de tener una identidad nacional ajena a la iraní. Incluso en ocasiones a miembros del colectivo azerí se les ha acusado de espionaje, principalmente por la cercana relación que hay entre el gobierno de Azerbaiyán e Israel.
Ahora bien, otra minoría que sufre represiones sistemáticas por parte del gobierno de Teherán es el grupo religioso Bahaí que tiene su sede en Haifa (Israel) y que han sido tratados como herejes desde su aparición en el Siglo XIX por parte de la mayoría de los musulmanes. Incluso este grupo ha sufrido diferentes tipos de ataques, incluyendo asesinatos de miembros del colectivo y la destrucción de templos y lugares de reunión.
De igual manera, la población árabe–iraní de Ahvaz en la provincia de Juzestán ha denunciado en diferentes oportunidades que hay políticas represivas y discriminatorias contra este grupo que sufre de violencia por parte de fuerzas asociadas al régimen, pero también carencias en productos básicos como el agua o en inversión en infraestructura. Se señala que se les discrimina por su condición de árabes y no estar alineados al régimen de los Ayatolas, sino más bien ser críticos por dejarlos rezagados de todo desarrollo.
Asimismo, y para terminar con el tema de las minorías religiosas, en el caso de los judíos, si bien el gobierno iraní garantiza cierta libertad de culto incluyendo para esta minoría que es la segunda más grande del Medio Oriente después de Israel, lo cierto es que el liderazgo iraní ha tenido medidas y políticas que se pueden señalar incluso como antisemitas.
En primer lugar, el poder central niega y banaliza la Shoah; incluso tienen un concurso de caricaturas que ridiculizan el hecho histórico. Por otro lado, los judíos en Irán no pueden tener cargos militares o de mando por encima de musulmanes y cuando se dan casos de compensaciones por la “ley de Diyya o dinero de sangre” (una especie de ley del Talión) reciben menos compensación que los musulmanes al aplicárseles normas similares a las leyes para dhimmis o protegidos monoteístas en el islam.
Finalmente, el gobierno iraní tiene una larga lista de vejaciones a los derechos de minorías, el más significativo es contra las poblaciones femeninas incluso como tema coyuntural, lo cierto es que también hay otros grupos que tienen su propia historia conforme a leyes oscurantistas del régimen. Que estas no sean de dominio público o “publicitadas” no quiere decir que no ocurran o que no importen.
Este tipo de medidas discriminatorias son el reflejo de un desgaste en el régimen que después de poco más de cuatro décadas despierta demasiados anticuerpos a nivel local que, aprovechando una crisis generalizada, termine por “iraquizar” las relaciones sociales entre aquellos que apoyen al régimen y aquellos que aboguen por un cambio en aras de un esquema menos religioso y más pluralistas, sin necesidad de caer en ideas de carácter “occidental” necesariamente.
*El autor es miembro del Centro Israelita Sionista de Costa Rica
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