La constitución propuesta tiene casi 400 artículos. La carta expande el rol de estado en la provisión de servicios públicos, reconoce derechos para pueblos originarios y paridad de género, rediseña los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y establece una mayor protección ambiental.
En efecto, las protestas del 2019 impugnaban la fuerte desigualdad y el rol subsidiario del estado respecto de la educación, la salud y las pensiones en una de las economías más pujantes de la región. Si bien varias de estas demandas fueron incorporadas en la nueva propuesta constitucional, las expectativas que suscitó el inicio del proceso constituyente en octubre de 2020 (cuando los chilenos votaron ampliamente por redactar una nueva constitución), parecen haber menguado ahora que debe ser ratificada.
Parte de esa desesperanza responde por un lado a los repetidos y desgastantes escándalos de miembros de la convención constituyente dominada por independientes y representantes de izquierda que fueron paulatinamente erosionando la confianza de la ciudadanía. Al mismo tiempo, muchas de las propuestas finalmente incorporadas en la nueva constitución, incluyendo la eliminación del Senado y su reemplazo por una nueva cámara de regiones y la interrupción voluntaria del embarazo, encontraron resistencia en ciertos grupos. Otras, como las iniciativas de gastos del congreso o la reelección presidencial consecutiva ya son reconocidas tanto por expertos y por líderes del gobierno y la oposición como aspectos que deberán ser modificados en caso sea aprobada.
La rápida caída de la popularidad del presidente Gabriel Boric, quien ganó la presidencia en medio de esperanzas de cambio y ha activamente apoyado el proceso constitucional, también ha impactado el apoyo ciudadano a la nueva constitución. Desde que asumió en marzo, Boric enfrenta un escenario poco auspicioso de alta inflación, magras perspectivas de crecimiento económico y una crisis de seguridad inédita en el país.
Dado el amplio consenso de que la constitución actual ya no es más legítima, un rechazo abriría la puerta a un nuevo proceso constituyente para escribir una nueva carta con la esperanza de que esta vez sí concite más apoyo. El camino sería largo e intrincado pues implicaría reformar la constitución actual para llamar a elecciones de constituyentes. Los congresistas también deberían acordar las reglas para llevar adelante un nuevo proceso, incluyendo la participación de independientes y si se suman expertos. Todo ello requerirá duras negociaciones y concesiones de todo el espectro político, sin hablar todavía del contenido de una nueva propuesta.
Un rechazo a la propuesta de nueva constitución también impactaría negativamente la ambiciosa agenda de reformas de Boric, que incluye un alza de impuestos para financiar mayor gasto social y un cambio profundo al sistema de pensiones.
La implementación de la nueva carta tampoco estaría exenta de dificultades si es aprobada en el plebiscito este domingo pues demandaría actualizar legislación y un alto costo fiscal que los expertos estiman superaría los ingresos previstos con la reforma tributaria presentada por el gobierno. Además, habría que concretar las modificaciones a la nueva carta que el gobierno ya comprometió.
En cualquier escenario, el periodo de incertidumbre luego del plebiscito será largo y bastante accidentado.
*Luciano Sigalov es investigador de América Latina en Eurasia Group y Maria Luisa Puig, Directora América Latina Eurasia Group.
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