Chile, Constitución y democracia

En Chile llevamos más de 30 años enredados en el tema constitucional. Pinochet y sus aliados políticos cristalizaron un modelo político y de Estado en la Constitución de 1980, la que fue redactada por una comisión convocada por la Junta Militar y aprobada mediante un plebiscito carente de legitimidad y sin registro electoral, tal como explica Claudio Fuentes en su libro “El Fraude”. Antes de que Pinochet dejara el poder pactó con un sector de los partidos de oposición a la dictadura una serie de reformas a la Constitución que corrigieron parte de sus excesos, pero dejaron el corazón del modelo intacto.

La Constitución vigente consagra una fina ingeniería que inhibe reformas en el sistema de educación, seguridad social, minería, fuerzas armadas, entre otras, que están sometidas a un doble candado: reglas de aprobación supramayoritarias y el control preventivo del tribunal constitucional. Adicionalmente, un sistema electoral hecho a medida de los partidarios de la dictadura y los senadores designados (cargo que ejerció el mismo Pinochet) imposibilitó a las coaliciones gobernantes de la Concertación alcanzar los votos que necesitaban para implementar sus propias promesas electorales.

De esta forma, y en contraste con lo observado en otros casos de la región, el déficit democrático de Chile no está dado por la existencia de presidentes electos con nulos contrapesos como los descritos por O’Donnell en su texto seminal sobre la Democracia Delegativa. Por el contrario, a pesar de las reformas impulsadas por el presidente Lagos en el 2005, se trata de un sistema político con muchos frenos y pocos recursos para responder a las demandas ciudadanas expresadas en mayorías electorales y democráticas.

Este sistema, cuyas restricciones revelan su desconfianza de la democracia tanto representativa como participativa, colapsó definitivamente el año 2019 con las masivas protestas ciudadanas y el desacople de las prácticas políticas respecto de las normas constitucionales (e.g. reformas constitucionales para retirar los ahorros previsionales). Luego de años acumulados de demandas por cambios en nuestro modelo de desarrollo y sistema de protección social, la ciudadanía comenzó a perder la paciencia y a través de movilizaciones locales y nacionales demandó cambios con urgencia (PNUD, 2019). Junto con ello, el desapego a las instituciones políticas y la desconfianza en los gobiernos aumentó sostenidamente (Latinobarómetro, 2020) llevando a Chile a uno de los descensos más agudos en los niveles de participación electoral a nivel comparado (PNUD, 2016).

Es este el escenario en que se ha desarrollado el proceso constituyente. Buscando dar respuesta a dichos desafíos se han introducido una serie de innovaciones democráticas como la paridad de género, escaños reservados, listas de independientes en la elección de convencionales y mecanismos de participación a lo largo del proceso. Sin embargo, el efecto de dichas medidas es limitado y no es posible que revierta en un año actitudes de desconfianza ciudadana acumuladas durante décadas.

Una nueva oportunidad se abre al respecto con la propuesta de texto constitucional hecha por la Convención y que se plebiscita en Chile el próximo 4 de septiembre.

Haciendo eco de los fantasmas de los proyectos político-constitucionales del ALBA, retractores de la propuesta han señalado que ésta pone en riesgo la democracia debido a que el diseño de sistema político concentraría, en el poder legislativo, el poder en manos de una mayoría circunstancial incontrarrestable. Esto devendría en una agonía progresiva de la democracia mediante la cooptación de las instituciones de control como el servicio electoral, tribunales, contraloría, entre otros, para progresivamente llevar al país a un régimen autoritario. De esta forma, se empieza a transpirar de parte de líderes políticos oblicuos la añoranza por un viejo orden de democracia protegida justificado en críticas infundadas a la propuesta de cambio constitucional.

Además de ser totalmente miopes frente a las causas que nos llevaron a la crisis social y política de 2019, las críticas de los opositores a la propuesta de texto constitucional son, en esta materia, absolutamente infundadas. De la lectura del texto, la conclusión es justamente contraria, lo que hace el diseño institucional propuesto es desconcentrar el poder diversificando las voces partícipes de la discusión política con suficientes elementos contramayoritarios y de control como para ejercer un contrapeso efectivo a posibles liderazgos con pulsiones antidemocráticas, pero buscando facilitar el gobierno efectivo de las mayorías.

Primero, lo hace distribuyendo el poder de forma “horizontal”, es decir, entre órganos del Estado, disminuyendo las facultades legislativas de la presidencia para entregar más al Congreso y Cámara de las Regiones. Ésta última, además, participaría precisamente en aquellas leyes que tienen mayor importancia para mantener la competitividad e imparcialidad del sistema político (leyes electorales, reformas constitucionales, presupuesto, entre otras), funcionando como contrapeso a aquellas mayorías. Por otra parte, las facultades ejecutivas también son distribuidas al descentralizar funciones a los niveles subnacionales de gobierno.

Junto con ello, lo hace “verticalmente” al dar agencia directa e indirecta a la ciudadanía para participar de la toma de decisiones. Esto, mediante mecanismos de democracia directa, poder de agenda y consultiva a nivel nacional y subnacional. Estas herramientas de iniciativa ciudadana –presentes en democracias como Uruguay y Suiza- serán fundamentales para canalizar institucionalmente demandas e intereses y, a su vez, ejercer un control político sobre las instituciones representativas.

En conclusión, la diversidad de actores representados en el proceso de redacción de la propuesta constitucional configuró un orden político descentralizado y desconcentrado, ya que, en el contexto de dispersión partidaria, ningún grupo confía en que pueda dominar la escena política desde el Ejecutivo. En otras palabras, ningún sector hizo una apuesta winner-take-all con la esperanza de ser justamente ese ganador. En ese contexto, más pesó la idea de poder ejercer un rol político relevante sea que se logré ser gobierno o no desde diversos espacios de poder institucional (legislativo, gobiernos regionales, gobiernos y consejos municipales) o activando los nuevos mecanismos de control autónomos como la defensoría del pueblo, de la naturaleza o incluso el servicio civil. Adicionalmente, la democracia participativa y nuevas formas de representación consagradas en la propuesta (incluida la paridad y escaños reservados) son garantía democrática y de representatividad para el proceso de implementación de la nueva Constitución en caso de ser aprobada. Así, la propuesta es claramente incluyente, no deja a priori sensibilidades fuera del juego democrático y busca representar cabalmente a la sociedad chilena.

La propuesta de nueva Constitución abre un nuevo expediente en la búsqueda del fino equilibrio institucional entre representación democrática, protección de la competitividad política y respeto por los derechos humanos en Latinoamérica. Sin perjuicio de las buenas intenciones de este diseño, el futuro de la democracia chilena no deja de estar, en último término, en manos de los liderazgos políticos del próximo ciclo así como, hoy más que nunca, de la misma ciudadanía que en su mayoría ha demostrado un compromiso democrático incuestionable en momentos cruciales para el país.

*Octavio Del Favero (Chile). Director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía Inteligente. Abogado de la Universidad de Chile, en 2019 obtuvo una Beca Chevening para estudiar una Maestría en Política Comparada de la LSE. Como exdirector de incidencia, lideró nuestros esfuerzos en las reformas de las instituciones políticas en Chile entre 2016 y 2018. Tiene experiencia liderando coaliciones de organizaciones nacionales e internacionales, trabajando con autoridades e instituciones políticas, desarrollando campañas de comunicación e incidencia, además de ser el vocero de la organización en medios de comunicación y otros espacios relevantes para la organización.