El artículo 43 de la Constitución establece que el Perú es un Estado democrático de derecho y que su gobierno es unitario, representativo y descentralizado, organizado según el principio de la separación de poderes.
En ese contexto, el artículo 159 precisa que la Fiscalía promueve de oficio o a petición de parte la acción judicial en defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho, una labor delicada y compleja que cobra particular importancia en estos convulsionados tiempos donde la corrupción se expande a diversos sectores del Poder Ejecutivo, Congreso, Gobiernos Regionales y Municipales, provocando convulsiones sociales y amenazando el sistema democrático.
La Contraloría General de la República estima que, por esa causa, en 2021 nuestro país perdió cerca de 25 mil millones de soles, suma que representa el 13.6% del presupuesto nacional devengado o ejecutado y el Poder Judicial, por su parte, informó que hasta el 2019 más de 27 mil funcionarios fueron procesados por corrupción, dos tercera partes de ellos en distintas regiones del país.
Por su parte, el Barómetro de las Américas 2022 consigna dos percepciones terribles: que el 88.48% de peruanos considera que los políticos son corruptos, el porcentaje más alto del hemisferio, y que un 90% de personas no donaria dinero para las campañas electorales, precisamente por la anterior consideración .
El nombramiento de la magistrada Patricia Benavides como Fiscal de la Nación, proyecta un cambio positivo y trascendental en el Ministerio Público. Reemplaza a la abogada Zoraida Avalos, de cuestionada actuación y sobre quien pesan muchas observaciones. Entre otras, no haber iniciado investigación contra el mandatario Martin Vizcarra por el caso Chinchero ni por su actuación al frente del Gobierno Regional de Moquegua y en el Ministerio de Transportes, que motivaron su destitución al conocerse la recepción de dinero ilícito de empresas constructoras.
No menos grave fue cruzarse de brazos y no comprar vacunas contra el COVID-19, causando la muerte de miles de compatriotas.
O, más aún, respaldar la ilegal disolución del Parlamento y después acusar al presidente Manuel Merino, a su Premier Flores Araoz y al ministro del Interior, general Gastón Rodriguez, por la muerte de dos manifestantes, sin existir ninguna prueba o evidencia de esa responsabilidad, bajo el tracalero cargo de omisión impropia: contrario sensu, no hizo lo propio con su reemplazante, Francisco Sagasti, en cuya gestión fallecieron varios manifestantes en la toma de carreteras, uno de ellos por disparo de arma de fuego.
En fin, lo dicho es el pasado, pero debe investigarse, porque la ex fiscal continúa trabajando en el Ministerio Público. Avalar la destrucción del Congreso, proteger a quienes debió investigar y hacer acusaciones sin respaldo no es poca cosa porque horada el estado constitucional de derecho.
Ahora, empero, estamos ante otra realidad. La fiscalía no solo está actuando con eficiencia sino con celeridad, como demuestra, por ejemplo, las cinco o seis investigaciones al actual mandatario, a familiares, amigos y funcionarios del régimen. Lo hace a pesar de los ataques y la hostilidad del Poder Ejecutivo y de políticos relacionados a Castillo. Actuar con firmeza y transparencia en el marco de la legalidad proyecta los valores cívicos de una magistrada honorable, como la señora Benavides, cuya actuación puede cambiar el curso de la historia nacional.
Por lo pronto, la abrumadora mayoría de peruanos sabe muy bien que nuestra Fiscal de la Nacion no se arrodillaría para amarrar los pasadores del mandatario como si han hecho muchos áulicos del poder.
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