¿Logrará la reforma impositiva de Chile aumentar la recaudación o provocará una huida de capitales?

El presidente Gabriel Boric anunció, a principios de mes, que su gobierno presentará ante el Congreso una serie de proyectos que buscarán realizar una reforma tributaria integral en Chile.

En líneas generales, se puede afirmar que se trata de cambios que no dejan actores sin considerar, ya que desde los pequeños a los grandes contribuyentes se verán afectados.

Las propuestas incluyen el aumento y la creación de impuestos, nuevos beneficios fiscales y un cambio en el código tributario que le permitirá incrementar las penalidades y contar con más plazo para realizar controles.

La reforma tributaria presenta un gran desafío para el gobierno chileno, que busca cumplir una ambiciosa meta de recaudación, equivalente al 4,1% del PBI en cuatro años, en un momento de incertidumbre económica.

Los cambios más importantes

Las propuestas que buscará implementar incluyen modificaciones en la tasa de tributación del impuesto a la renta, medidas para las PyME, impuesto al patrimonio y una reforma en los impuestos sobre la actividad minera de cobre.

En el caso del impuesto a la renta, se prevén cambios que afectan tanto a las personas como a las sociedades.

Las iniciativas establecen un incremento en las alícuotas que recaerá sobre las personas cuyos ingresos superen los 70 UTM (que es la Unidad Tributaria Mensual). Se trata de personas cuyos ingresos rondan en los USD 4.300 mensuales.

Las tasas marginales se elevarán en los cuatro tramos, pasando de 23 a 26% (entre 70 y 90 UTM), del 30,4 al 35% (90 a 11 UTM), del 35 al 40% (110 a 140 UTM), mientras que la tasa marginal máxima dejará de ser del 40% para ser del 43% (+140 UTM).

En el caso de las sociedades, la alícuota será del 25% (en vez del 27%). Asimismo, se incorpora un nuevo impuesto del 2% que podrán deducir de acreditar haber destinado parte de sus inversiones a financiar proyectos productivos.

Por otra parte, se propone la creación de un impuesto a la riqueza, que no es otra cosa que un impuesto patrimonial que recaerá sobre quienes tengan activos que, en su conjunto, superen los 6.000 UTA, es decir unos USD 5 millones.

Quienes tengan un patrimonio de entre 6.000 y 18.000 UTA deberán abonar la alícuota del 1%, mientras que los que superen ese valor lo harán al 1,8%. El detalle es que podrán deducir los pasivos asociados a los bienes.

Asimismo, la reforma introduce un incremento en las regalías para la producción de cobre a empresas que produzcan más de 50.000 toneladas al año, aunque plantea beneficios para aquellos que realicen inversiones en investigación y desarrollo en “proyectos con impacto ambiental positivo directo”.

También plantea cambios en el IVA para fortalecer el alcance y la fiscalización, y elimina exenciones y modifica mecanismos de valuación en la Ley de Impuesto a las Herencias y Donaciones.

Por último, incorpora cambios en el código fiscal, endureciendo las penas por evasión y fijando nuevos plazos de prescripción (que, en algunos casos, representan un incremento en el tiempo para que el fisco chileno realice acciones tendientes al cobro).

¿Qué podrá suceder en Chile?

Si bien al momento de presentar la propuesta el ministro de Hacienda chileno, Mario Marcel, afirma que realizaron un trabajo “muy concienzudo” lo cierto es que los cambios podrían no lograr los objetivos fijados.

¿Por qué? Aunque dicen haber escuchado a especialistas y a la sociedad, tal vez no tuvieron en cuenta un aspecto realmente importante: el ejemplo de lo que sucede en los países vecinos.

En la Argentina se optó por transitar, en los últimos años, un camino similar al que pretende recorrer Chile. Claro que fue distinto en cuanto a su proceso, ya que no hubo una reforma integral, sino en “cómodas cuotas”.

No obstante, los cambios apuntaron siempre hacia el mismo lugar: subir la carga tributaria de los contribuyentes. La presión impositiva no hizo más que crecer desde 2020 en adelante.

Se crearon impuestos como el mal llamado Aporte Solidario y Extraordinario, que a todas luces no fue otra cosa que un nuevo tributo.

También se apuntó contra las ganancias de las sociedades, incrementando la alícuota máxima al 35% y con la posibilidad de llevarla a casi 40% para el caso de que se decida distribuir utilidades o enviar remesas a sus casas matrices.

Por otro lado, se crearon impuestos y retenciones cuyo único objetivo era desincentivar la compra de dólares y la adquisición de bienes del exterior. Todo, claro está, sin demasiado éxito.

Dicho de otra manera: en apenas un cambio de gobierno, el rumbo tributario fue desde un intento por reducir considerablemente la presión impositiva a incrementarla de manera desmesurada.

Cabe aclarar, a todo esto, que no se trata solo de gravámenes. Este cambio no hace más que atacar la seguridad jurídica. Esa que tanto se necesita para tener las reglas claras y pensar en invertir y prosperar económicamente.

Los apuntados siempre fueron los mismos. La mayoría de los cambios fueron contra aquellos que “más tenían”. O sea, los que pueden realizar inversiones, los que dan trabajo, los que hacen mover la economía.

La situación se volvió insostenible para muchos. Algunas empresas decidieron dejar de operar en la Argentina. Otras, cerraron definitivamente. Y los dueños de muchas prefirieron emigrar a lugares donde los beneficios fiscales eran más favorables.

Y no sólo eso: en los últimos años las consultas sobre optimización impositiva, oportunidades cambiarias y family office se multiplicaron. Lo mismo para buscar lograr la residencia fiscal en lugares más benevolentes con los inversores.

Así, la presión impositiva en aumento y la falta de seguridad jurídica para ejercer los negocios, se sumaron a los problemas económicos para convertir al país en un combo explosivo que no hizo más que ahuyentar inversiones.

En la vereda de enfrente, países como Paraguay y Uruguay transitaron un camino inverso. Redujeron impuestos, mejoraron sus condiciones y lograron incentivar la llegada de divisas.

¿Cuál es el camino que recorrerá Chile? Es difícil saberlo ahora; todavía resta que las propuestas sean analizadas y aprobadas por el Congreso. Si imitan a los argentinos, lo más probable es que terminen desalentando las inversiones en lugar de enfocarse en la creación de riqueza.

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