Hacer justicia con el idioma: el español en la Corte de La Haya

La Corte Internacional de Justicia (también conocida como la “Corte de La Haya”) es el principal órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Su función es resolver por medio de sentencias las controversias que le someten los estados y que son, a menudo, de enorme relevancia para la política internacional. Por ejemplo, tiene pendiente resolver el caso entre Ucrania y Rusia sobre las alegaciones de genocidio contra la población rusa en Dombás, y el caso entre Gambia y Myanmar por el genocidio rohinyá. Dada la centralidad de la Corte, su Estatuto, la Carta de la ONU y la práctica de los estados subrayan la importancia de la representación en su integración, con especial atención a la diversidad geográfica. Sin embargo, desde el año 2015, y por primera vez en la historia, el mundo hispanohablante está ausente: ninguno de los quince jueces proviene de un estado que tenga al español como uno de sus idiomas oficiales.

No es sencillo determinar el impacto concreto que tiene la falta de un juez del mundo hispanohablante en el trabajo de la Corte. No obstante, en línea con ciertos estudios recientes sobre la sociología del derecho internacional (incluyendo el trabajo de la jurista australiana Anthea Roberts), no es controvertido señalar que favorecer ciertos idiomas implica favorecer a los hablantes nativos de estos idiomas, tanto como a los conceptos y tradiciones jurídicas asociados con ellos. Esto es especialmente importante en el caso de la Corte: pocas instituciones juegan un rol más trascendente en el desarrollo del derecho internacional.

Conscientes de estas implicancias, España, Cuba y Panamá impulsaron, sin éxito, la inclusión del español como idioma de trabajo de la Corte Permanente de Justicia Internacional; la primera “corte mundial”, vinculada a la Sociedad de las Naciones. En la Conferencia de San Francisco de 1945, donde se adoptó la Carta de la ONU, ciertos países latinoamericanos vieron una segunda oportunidad: reclamaron la inclusión del español como idioma oficial de la flamante Corte Internacional de Justicia. Sus propuestas fueron rechazadas: desde entonces, la Corte trabaja en inglés y en francés.

Lo que los estados no podrían haber previsto entonces es que, casi ocho décadas después, la Corte no tendría siquiera un juez hispanohablante. Después de todo, el Estatuto establece que la integración de la Corte debe representar a “las grandes civilizaciones y los principales sistemas jurídicos del mundo”. Además, entre los primeros miembros de la Corte, hubo tres, incluyendo a su primer presidente, el salvadoreño José Gustavo Guerrero.

El idioma es solo uno de muchos criterios centrales de representación, junto a otros como el género, la etnia, la nacionalidad y la religión. Al mismo tiempo, el español no es cualquier idioma. Es el segundo con mayor cantidad de hablantes nativos y el cuarto con mayor cantidad de hablantes en total. Además, es el único de los seis idiomas oficiales de la ONU que no está representado por un hablante nativo entre los jueces. La ausencia se agrava si tenemos en cuenta que, en los últimos diez años, alrededor de un tercio de las sentencias de la Corte han resuelto controversias entre estados latinoamericanos hispanohablantes. Entre estos casos se encuentran, por ejemplo, la controversia entre Chile y Bolivia sobre la negociación del otorgamiento de una salida soberana al océano Pacífico para Bolivia, y la disputa territorial y de delimitación marítima entre Nicaragua y Colombia en el mar Caribe sudoccidental.

¿Qué puede hacerse para corregir este déficit de representación? Una posibilidad elemental consiste en insistir en que los estados (especialmente los estados hispanohablantes) tengan en cuenta estas consideraciones a la hora de votar por los candidatos a integrar la Corte. El 4 de noviembre de este año, la ONU celebrará una elección especial en Nueva York para cubrir la vacante producida por la reciente muerte del jurista brasileño Antônio Augusto Cançado Trindade. Existe un entendimiento de que dos de los quince asientos de la Corte deben representar al Grupo de América Latina y el Caribe (GRULAC). Dado que el único miembro en representación del GRULAC en la Corte es el jamaiquino Patrick Lipton Robinson, es importante señalar la importancia de que la vacante sea cubierta por un candidato de la América Latina hispanohablante.

En los últimos tiempos, las elecciones a puestos en organizaciones internacionales se han caracterizado por la diplomacia del mero intercambio de votos. En la próxima elección especial, los estados latinoamericanos tendrán una oportunidad crucial para dejar atrás esta práctica y guiarse por un interés común y de largo plazo. Pueden establecer, con votos y argumentos, que la situación actual es excepcional y que la legitimidad de la Corte demanda la presencia de un juez hispanohablante entre sus miembros.

Francisco José Quintana es becario Gates Cambridge e investigador doctoral en derecho internacional en la Universidad de Cambridge. Es Máster en Derecho (Harvard) y Máster en Derecho Internacional Público (London School of Economics).

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