Vencer a la informalidad en la construcción de vivienda

Jorge Zapata, presidente de Capeco, considera que la construcción masiva formal como alternativa que permita contar con más vivienda social debe ser un compromiso entre Estado y privados.

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| Foto: Agencia Andina
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Hace varias décadas que en el Perú las ciudades y viviendas las venimos construyendo en mayor medida a través de la informalidad e ilegalidad; sustituyendo con esta nefasta práctica, en muchos casos, a la necesaria planificación, ingeniería y formalidad. Esta realidad que ha ocasionado que la infraestructura para los servicios básicos de agua, desagüe, energía eléctrica, pistas y veredas vaya generalmente detrás de la ocupación por invasión, ha causado que: por un lado aquellas familias asentadas en estas viviendas precarias y en zonas inadecuadas de nuestras ciudades, subsistan muchos años —en promedio 15— con muy mala calidad de vida; y por otro que cuando el estado decide implementar dichos servicios, le resulte mucho más oneroso que en circunstancias normales. En conclusión, resulta un pésimo negocio para la sociedad y el estado el permitir que este modelo siga ganando terreno.

La alternativa es entregar a las familias: viviendas adecuadamente construidas; en urbanizaciones desarrolladas de forma planificada; y con servicios básicos instalados desde el primer día. Esto es a través del desarrollo de vivienda formal, en un modelo en el cual el Estado y el privado se asocian para hacerlo; siendo esta una sociedad en la que ganan las familias que adquieren las viviendas, el Estado que ahorra recursos y las empresas que obtienen la rentabilidad esperada sobre sus inversiones. Este es el modelo que tendría que prevalecer en un país como el nuestro que aún tiene un gran déficit en materia de vivienda, es decir debiéramos estar haciendo todos los esfuerzos necesarios y dedicando los recursos suficientes para ir cambiando una realidad que nos ha sido muy costosa y hasta dramática.

¿Es posible cambiar esta situación?: desde luego que sí, y para ver un ejemplo no tenemos que mirar a países desarrollados, solo basta con voltear a ver a naciones vecinas como Colombia y Chile para observar que en ellas se ofertan de forma formal, tres veces el número de viviendas que se ofrecen en el Perú.

¿Por qué nosotros no podemos obtener resultados parecidos? Según estudios de GRADE, porque no hay una exigencia por mayor producción de vivienda terminada, canalizada a través de organizaciones políticas o sociales; y, más bien, sí organizaciones que presionan para que el Estado invierta más en servicios básicos y en formalización de asentamientos urbanos; y porque las autoridades tampoco prestan interés a soluciones de vivienda adecuadas que nadie exige, cuando es más efectivo políticamente satisfacer las demandas de sus votantes mediante la emisión de títulos o la pavimentación de vías.

Se requiere que el gobierno central apueste decididamente por una política de vivienda más ambiciosa, que además sea seguida por los gobiernos subnacionales. Que se entienda que la solución es la masificación de la construcción de urbanizaciones y edificaciones formales con infraestructura y servicios completos, aunque esta solución sea de más largo plazo de ejecución y por tanto políticamente menos visible. Es esta visión la que hay que consolidar, desterrando actuaciones politiqueras y cortoplacistas que impiden dar mejor calidad de vida a nuestros ciudadanos. Para ello, es sumamente importante: que se faciliten los recursos y mejoren las competencias de los gobiernos subnacionales para que puedan diseñar e implementar buenos planes de Desarrollo Urbano; que se promulgue una Ley de Financiamiento Habitacional que asegure los recursos presupuestales para subsidios a la vivienda de forma multianual, de manera que exista previsibilidad para los inversionistas y no lo que ocurre hoy, que se agotan los presupuestos a mitad de año; y que se trabaje en buscar alternativas viables que permitan a los ciudadanos de menores recursos acceder al crédito hipotecario, tarea que debe ser asumida en forma conjunta entre el sector público y privado.

Estas son algunas propuestas, quizás las más efectivas para lograr que la producción de vivienda escale a niveles que permitan ir cerrando el déficit, en lugar de que la brecha siga creciendo. Son propuestas que a la vez sirven de estímulo para la economía, para el empleo formal y para que —como ya se ha demostrado— el Estado ahorre recursos y obtenga retornos por mayor tributación. La alternativa impostergable al modelo informal y fracasado es viable, las experiencias de países vecinos ayudan a evidenciarlo, solo es cuestión de tomar decisiones y comprometer la dedicación necesaria para concretar los planteamientos. La construcción masiva formal como alternativa que permita contar con mejores ciudades y más vivienda social debe ser un compromiso entre Estado y privados; debemos lograr juntos que cada vez más familias peruanas puedan hacer realidad sus sueños.

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