Maduro e Iván Márquez, siameses del narcoterrorismo

La presencia de la guerrilla en Venezuela ha sido ampliamente documentada por medios de comunicación, informes de inteligencia, organizaciones de DDHH, investigadores y activistas políticos. Cuando llegué a Colombia me regalaron un fantástico libro con el nombre “Los Documentos de las FARC”, en él se recogen diversos testimonios, sesudos análisis, así como información clasificada sobre lo que ha sido el patrocinio, apoyo y albergue que el régimen venezolano le ha ofrecido a grupos narcoterroristas en suelo venezolano. En uno de los capítulos del libro se narra cómo la dictadura venezolana se comprometió a transferir armas a las FARC mediante un sofisticado mecanismo que involucraba a Bielorrusia y al dictador Alexander Lukashenko. El entramado consistía en que Venezuela exportaba petróleo al país euroasiático y como contraprestación este último transferencia armas a las FARC por medio de un mercado negro.

El texto del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos es una obra que vale la pena ojear, pues congrega este y muchos otros detalles sobre una relación oscura, misteriosa y muy peligrosa para la seguridad de Colombia y de la región. Hago esta extensa introducción porque hace una semana salió relucir la noticia sobre un posible atentando en Venezuela contra Iván Márquez, uno de los máximos jefe de las disidencias de las FARC y fundador del frente segunda Marquetalia. Márquez, quien decidió rearmarse y renunciar al Acuerdo de Paz impulsado por el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, al parecer fue sorprendido en el estado de Bolívar, en el sur de Venezuela, por un grupo que instaló explosivos a su alrededor. Para el momento en que escribo estas líneas no se conoce a ciencia cierta sobre el paradero de Márquez. Hay versiones, como la difundida por el medio El Tiempo, donde se asegura que Márquez sobrevivió al atentado, fue trasladado con apoyo de Maduro a un centro de salud y en este momento estaría en Caracas en una Unidad de Cuidados Intensivos altamente custodiado por hombres del régimen.

Pero más allá de las versiones que se esparcen por la prensa, lo importante es que el incidente ocurrió en Venezuela y que no es el primero que se da. En el último año, son al menos 5 jefes de las disidencias de las FARC que han sido ultimados en territorio venezolano, en medio de una lucha entre grupos criminales por el control de pasos fronterizos y el negocio del narcotráfico. Venezuela se ha convertido en un santuario para estos grupos, una especie de refugio seguro, donde nuestro país sirve de patio para no solo planificar sus actividades terroristas, sino para enriquecerse por medio de actividades como el narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas, el secuestro y cobro de soborno. En la medida en que se ha erosionado la democracia venezolana y en que el apresto operacional y la institucionalidad de nuestra FANB se han debilitado, estos grupos han tomado mayor beligerancia en el territorio, haciendo incluso las veces de Estado en muchos espacios.

La organización Fundaredes detalló en su más reciente informe que en Venezuela confluyen 28 grupos armados irregulares, entre los que destacan diversos frentes de las disidencias de las FARC y el ELN, así como organizaciones internacionales del narcotráfico como el cartel de Sinaloa. Los estados fronterizos de Venezuela son los que más sufren la dinámica de crimen que imponen estas organizaciones ilegales. Fundaredes documentó que en Zulia, Táchira, Apure, Bolívar, Amazonas y Falcón, se registró un incremento en la actividad delictiva, identificándose 22.500 personas que forman parte de organizaciones armadas. La crisis, la falta de oportunidades y la vulnerabilidad de los venezolanos que residen en estos territorios, convierte a los ciudadanos en carne de cañón para que los grupos irregulares engorden sus filas.

Toda esta dinámica de crimen organizado nutre al régimen de Maduro de diversas formas. En primer lugar, con recursos que se convierten en oxígeno económico para un modelo que ha socavado las bases productivas de la economía venezolana. Ya no es un secreto que Venezuela pasó de ser una economía petrolera a una economía criminal, conformada por una élite muy pequeña y corrupta conectada a núcleo de poder; y por las actividades ilícitas de los grupos delictivos. En segundo orden, el carácter político, Maduro se vale de la alianza con este sistema delictiva para amedrentar y llenar de miedo a los venezolanos; y así impedir una organización popular que derive en un cambio político. En tercer lugar, fortalece su posición de negociación en América Latina porque Venezuela abre sus puertas para todo aquel que cometa delitos contra los Estados democráticos de la región.

Es un gran desafío que va a continuar profundizándose y enquistándose en el corazón de América. Para enfrentarlo se requiere ir más allá de un “approach” declarativo, se requiere una posición de fuerza de todas las democracias de América. Una posición que le ponga un freno a Maduro y le delimite exhaustivamente el campo de juego político, partiendo de una idea muy simple y concisa: sus vínculos con el narcoterrorismo son inaceptables y ponen riesgo la convivencia democrática de la región. Bajo ese paradigma debería regirse la política exterior de la región con respecto a Maduro, y esa debería ser la premisa que siga la nueva administración que a partir del 7 de agosto se posiciona en Colombia. Siempre teniendo presente que el único antídoto para esta enfermedad que significa Maduro es el restablecimiento de la democracia en Venezuela.

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