La batalla en el Perú por la calidad universitaria

El Perú tiene uno de los sistemas universitarios más desiguales de la región. Solo dos de cada diez jóvenes transitan de la educación básica a la universidad, y en el caso de los jóvenes en situación de pobreza, solo uno de cada diez lo logra. Pero la desigualdad no solo es de acceso. Hasta el 2014, la calidad estaba restringida para los que podían ingresar y pagar una universidad de prestigio. Los jóvenes de escasos recursos eran, en su gran mayoría, víctimas de estafa por parte de los dueños o promotores de universidades que abrían locales sin las condiciones mínimas para la enseñanza. La tasa del subempleo profesional en el Perú alcanza el 49%.

Frente a esa situación, una coalición de académicos, especialistas, políticos y federaciones estudiantiles apostaron por una reforma del sistema y el 2014 lograron la aprobación de la Ley Universitaria (Ley Nº 30220) que tenía como objetivo garantizar el derecho de todos los jóvenes a una educación de calidad. Para ello se creó una superintendencia universitaria (SUNEDU) como organismo regulador y el Ministerio de Educación asumió la rectoría del sistema, haciéndose cargo del fomento y el financiamiento de la mejora de la calidad de las universidades públicas.

Luego de 8 años de iniciada la reforma, los resultados son evidentes: el porcentaje de docentes a tiempo completo pasó de 25% al 41%, las universidades casi triplicaron el número de publicaciones científicas, las universidades públicas mejoraron su infraestructura y equipamiento tecnológico a partir del financiamiento del Ministerio de Educación con herramientas de gestión por trescientos millones de dólares. De 145 universidades, más de un tercio (50) no logró el licenciamiento o autorización de funcionamiento al incumplir con las Condiciones Básicas de Calidad exigidas por la SUNEDU. En decir, el sistema se ordenó y se logró la mejora de los indicadores de calidad.

Pero estos resultados no se lograron con la cooperación de todos los actores. Desde su inicio la reforma enfrentó un escenario hostil y de permanente hostigamiento legal y judicial por parte de los partidos políticos que tienen vínculos o eran financiados por las universidades de mala calidad.

El último ataque se ha dado con la aprobación de una ley en el Congreso de la República que pretende colocar a representantes de las universidades en el Consejo Directivo de la SUNEDU, quitándole independencia al organismo regulador. La norma también elimina la rectoría del Ministerio de Educación y la posibilidad de financiar a las universidades públicas, beneficiando con ello a las universidades privadas que no lograron cumplir condiciones de calidad y que pretenden regresar al sistema por la puerta falsa.

El gobierno del presidente Pedro Castillo, a pesar de la crisis política que enfrenta por acusaciones de corrupción, ha observado la ley y la ha devuelto al Congreso. Ahora toca que el parlamento decida si la archiva o la aprueba por insistencia. La palabra final la tendrán los congresistas cercanos al gobierno.

Pero incluso si esta perjudicial norma es aprobada, la reforma universitaria no se detendrá. Hoy, son miles los docentes, estudiantes y autoridades de universidades públicas y privadas que han asumido el reto de mejorar la calidad del servicio educativo y de la investigación científica.

Aún está pendiente trabajar una ruta para consolidar la excelencia en el sistema, seguir ampliando el acceso a la educación superior (priorizando la educación técnica y tecnológica) y abordar de manera adecuada la irrupción postpandemia de la educación a distancia o semipresencial. En un escenario de cambio tecnológico y donde los mercados laborales se están transformando a una gran velocidad, se necesita que todos los jóvenes peruanos logren acceder a una educación superior pertinente y de excelencia.

Por ello, la batalla por la calidad universitaria en el Perú recién comienza.

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