El libreto de las dictaduras

La Cumbre de las Americas que se desarrolla en Los Angeles constituye un oportunidad para trazar una línea clara entre democracias y dictaduras

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Los dictadores Daniel Ortega y
Los dictadores Daniel Ortega y Nicolás Maduro

La estrategia de los dictadores latinoamericanos para perpetuarse en el poder tiene libreto conocido.

Primero, convocar una Asamblea Constituyente para que el mandatario electo pueda reelegirse por más periodos o permanentemente y, al mismo tiempo, para adecuar la nueva carta fundamental a los objetivos políticos que pretende alcanzar.

Bajo ese paraguas gobiernan en Cuba hace 62 años; en Venezuela desde 1999 y en Nicaragua lo hace, a sangre y fuego, el tirano Daniel Ortega.

Un segundo elemento del libreto, es someter el sistema de justicia. Así pueden reprimir libremente a los opositores y garantizar impunidad a quienes delinquen o violan derechos humanos. Jueces y fiscales se convierten, de ese modo, en monigotes, lacayos asalariados, cómplices de asesinatos o fechorías, recibiendo, en compensación, magníficas remuneraciones y privilegios económicos. Y en la misma línea de copamiento se encuentran los tribunales Constitucional y Electoral, la Contraloria y Defensoria del Pueblo; es decir, todos los poderes autónomos que garantizan el funcionamiento de un estado de derecho.

Forma parte del tóxico libreto controlar las Fuerzas Armadas y Policiales, desviándolas de sus funciones de garantizar la defensa nacional y la seguridad interna, para usarlas como agentes políticos. En Nicaragua, Venezuela y Cuba los uniformados son ministros, embajadores y altos funcionarios públicos, muchos de ellos implicados en escandalosas corruptelas.

Hay un cuarto componente del libreto: construir una plataforma diplomática para proteger y/o difundir un modelo autoritario, mediante organismos ad hoc creados con ese propósito - léase Celac, Grupo del Puebla o el Alba -, y forjando alianzas entre gobiernos afines, como han hecho Venezuela, Bolívia, Cuba y Nicaragua.

El esquema se consolida gracias a la “solidaridad diplomática” de gobiernos que se auto califican de izquierda. Alberto Fernández y López Obrador, mandatarios de Argentina y México, son dos exponentes de ese sector torpemente maniqueo.

En ese contexto, el círculo se completa cuando las dictaduras de la región pactan con potencias extra continentales - Irán, Rusia y China - que los proveen de recursos económicos y blindan en organismos internacionales. En reciprocidad se han hecho propietarios de minas, yacimientos petroleros y gasíferos y, sin duda, tienen mayor influencia que la superpotencia del hemisferio: Norteamérica.

La Cumbre de las Americas que se desarrolla en Los Angeles constituye, por ello, un oportunidad para trazar una línea clara entre democracias y dictaduras. Estados Unidos, país anfitrión, hizo bien no invitando a los dictadores de Venezuela, Cuba y Nicaragua, no sólo por representar regímenes anti democráticos, sino porque sus líderes están implicados en crímenes de lesa humanidad.

Es preferible, sin duda, definir y no zigzaguear diplomáticamente, camino fofo que conduce a un implícito acuerdo de tolerancia que refuerza a los sistemas totalitarios.

Ahora que el mandatario López Obrador decidió no asistir a la Cumbre en USA, debemos recordar que invitar a un evento es potestad del país anfitrión. Así sucedió cuando en 2018 el Perú desconvocó al dictador Maduro de la Cumbre de Lima. Este, bravucón, amenazó ingresar “por tierra, por mar o por aire”. Por supuesto que no lo hizo y sus aires bolivarianos se los llevó el viento, como ahora también se llevará el viento la llamada Cumbre de los Pueblos planificada entre Caracas y La Habana.

No se, en verdad, a cuál de las cumbres se habrá referido el canciller mexicano Marcelo Ebrard al sostener que el tema central será “terminar con el bloqueo a Cuba”, conforme consigna el diario Granma, asunto interesante a debatir como igualmente que se convoquen elecciones democráticas en la isla gobernada por el Partido Comunista desde hace 62 años y que se deje en libertad a docenas de ciudadanos cubanos sentenciados a penas de hasta 30 años de prisión por manifestarse pacíficamente demandando mejores condiciones de vida.

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