El 7 de mayo, un caso de viruela del mono detectado en Reino Unido encendió las alarmas y preocupó a la comunidad médica que aún se repone del virus del COVID-19 (también de origen animal). Con el correr de los días, como suele suceder con la mayoría de los virus, la enfermedad comenzó a propagarse y ya se identificaron nueve infectados en ese país.
Al igual que el COVID-19, la viruela del mono es una zoonosis, es decir, una enfermedad transmitida de animales a humanos. Existen muchos otros ejemplos tristemente conocidos: la rabia, el dengue, la fiebre amarilla y la gripe aviar son solo algunas de ellos.
Sin embargo, las enfermedades zoonóticas (a excepción de las transmitidas por zancudos) tienen un origen común: el tráfico ilegal de especies, considerado el cuarto negocio ilegal más lucrativo en el mundo, por detrás del narcotráfico y la trata de personas. Pero ¿Qué hace de este crimen un negocio tan beneficioso económicamente? El alto valor de las partes de las especies en mercados internacionales, el supuesto valor medicinal de las especies, el estatus social que otorga la indumentaria hecha a base de piel y pelaje de animal, entre otros.
Si hablamos de tráfico ilegal de especies, debemos admitir que, debido a su gran biodiversidad, el Perú es uno de los países más perjudicados. En nuestro país, este crimen opera bajo redes de alcance transnacional de la misma forma que la trata de personas y la minería ilegal. Y así como sucede con la contaminación de esta minería, el tráfico de especies también es un riesgo para la salud pública. Cuando los animales salvajes son sustraídos de su hábitat para ser comercializados aumenta el potencial de transmisión de enfermedades zoonóticas como la viruela del mono.
En el Perú existen 324 zonas de extracción ilegal de fauna silvestre, en 16 departamentos. Como si esto fuera poco, según cifras oficiales 80 mil animales silvestres en cautiverio se han decomisado entre 2000 y 2018; si nos referimos a especies marinas, podemos mencionar millones de especies decomisadas (como en el caso de los caballitos de mar). A esto hay que sumarle los animales que no sobrevivieron o que lograron ser traficados, con lo que el resultado seguramente sería una cifra escalofriante.
Existe una forma de combatir el tráfico ilegal de especies: los jueces y fiscales necesitan de herramientas legales apropiadas para investigar y castigar a las mafias internacionales que operan tras el tráfico ilegal de especies. Para ello, es necesario que el Congreso de la República promulgue una ley que incorpore estos delitos dentro de los alcances de la Ley Contra el Crimen Organizado. Esta propuesta ya fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Justicia del Congreso, sin embargo, aún falta lo más importante: que se ponga fecha para su debate en el Pleno y que se apruebe, esperemos, también por unanimidad. De esta forma evitaremos, no solo el maltrato animal y la destrucción de nuestra biodiversidad, también nuevas enfermedades y, por qué no, pandemias de larga duración como la del COVID-19.
*Columna escrita por Oceana, ONG dedicada al cuidado de los océanos del mundo.
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