Viejos y nuevos desafíos para la libertad de prensa

María del Carmen Alva, la presidenta del Congreso peruano, no es la primera ni será la última funcionaria pública que intente limitar el derecho ciudadano de acceder oportunamente a la información que está en poder del Estado. Tras su encontronazo de la semana pasada con los cronistas parlamentarios, la señora dejó en evidencia la vieja práctica de entorpecer el trabajo periodístico valiéndose de cualquier pretexto.

A pesar de las dos décadas de gobiernos civiles y cierta continuidad democrática, el poder siempre ha buscado, con diferentes estrategias y propósitos, la manera de eludir la vigilancia de la prensa independiente. Eso sucede porque el buen periodismo representa un obstáculo para la opacidad con que se mueve la clase política. Así que, enfrentados a la obligación de rendir cuentas por sus actos, no sorprende que algunos actores políticos se muestren incapaces de manejar el escrutinio público y terminen recurriendo al exabrupto y a la obstaculización frontal de la labor periodística. Por ello, hacen muy bien los gremios profesionales en levantar la voz y exigirle a la mandamás del Congreso el respeto de un derecho fundamental.

También existen otro tipo de desbarres menos flagrantes, aunque igualmente deshonestos con la opinión pública. Lo vemos desde el Palacio de Gobierno, donde la estrategia de comunicación los primeros meses de gestión consistió en evitar durante el mayor tiempo posible las comparecencias públicas, creyendo quizás que al esconderse de las cámaras y los micrófonos se acallaban las críticas como por arte de magia. Luego, como era de esperarse, se recurrió a las siempre seguras vallas metálicas y a los guardaespaldas para imponer distancia donde debió primar la empatía.

En otras esferas de poder también surgen desafíos importantes para el periodismo independiente. Formas más sofisticadas de controlar la información son las que se derivan, por ejemplo, de las aparentemente inocuas adquisiciones societarias. Una modalidad que se recuesta sobre las reglas del libre mercado y cumple con determinados requisitos que la ley exige para después, desde cuartos de mando distintos a los de una mesa de edición, terminar liquidando la pluralidad y construyendo agendas editoriales funcionales a intereses particulares.

De esto tenemos modelo en Perú, donde el Grupo El Comercio, principal referente mediático del país, se hizo del 80% del mercado de diarios impresos el año 2013 con las consecuencias que ahora todos conocemos. Hace un año, tras un largo proceso legal, un juez de primera instancia resolvió disolver esa concentración mediática por considerarla “violatoria del derecho constitucional de libertad de expresión e información-pluralismo informativo”. Aunque el litigio continúa por aspectos procesales, la argumentación del magistrado sobre el fondo del asunto se mantiene intacta.

Pero las amenazas para la prensa no llegan sólo desde los espacios del poder formal. Existen peligros mayores. Provienen del crimen organizado, las economías ilegales y algunos sistemas gubernamentales. Solo en lo que va del 2022 la Asociación Nacional de Periodistas del Perú ha registrado 74 ataques contra sus profesionales a nivel nacional. Estos van desde la agresión física y verbal hasta las amenazas y el hostigamiento pasando por la intimidación judicial y los ciberataques.

Como si todo esto no fuera suficiente, a las amenazas externas de políticos y poderosos se suman también otras de origen interno que son resultado de la impronta antiética que carcome por dentro el espíritu de no pocos profesionales. Llevamos varios lustros registrando el deterioro sostenido de la calidad del producto informativo por la pérdida del rigor profesional.

Walter Lippmann, el prolífico autor, asesor y columnista político estadounidense, escribía en su consagrado Libertad y Prensa de 1920 que “la crisis actual de la democracia es una crisis de su periodismo”. Decía Lippmann, con sorprendente vigencia, que la prensa vulnera su deber cuando incumple el mandato ético de brindar información veraz a la sociedad, porque sin ella no puede existir una opinión pública libre y los gobiernos se verían impedidos de tomar decisiones correctas.

Aunque el espacio de lo público haya experimentado cambios profundos desde los días de Lippmann y las relaciones entre gobernantes y gobernados se construyan ahora a través de nuevos canales de expresión, la libertad prensa y el derecho de acceso a la información siguen siendo pilares fundamentales del sistema democrático y tenemos el deber de protegerlos de aquellas fuerzas oscuras que flanquean su labor. Esa es al mismo tiempo la razón que justifica la necesidad de contar con cada vez más periodistas éticos cuyo único principio rector sea la búsqueda de la verdad.

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