Perú: la crisis política interminable

El escritor Mario Bellatin señala que nada es peor que una lenta agonía. Y eso es lo que precisamente sucede con el sistema de representación política en el Perú, está desahuciado, pero se niega a morir.

Encuestas regionales de percepción, como Latinobarómetro, anticipaban el actual escenario de precariedad e inestabilidad. De acuerdo con esta fuente, la aprobación del Poder Ejecutivo peruano, en el periodo 2002-2020, fue de 30 % en promedio, la más baja de todos los países estudiados en América Latina. De igual forma, el Congreso, con apenas 7 % de aprobación, ostenta el mayor nivel de desconfianza de todos los países analizados. Los partidos políticos son también los más repudiados del continente.

Con estos antecedentes, la llegada del coronavirus exhibió la real vulnerabilidad de un país con dos décadas de crecimiento económico ininterrumpido. Al momento de escribir estas líneas, el Perú es el país más golpeado del mundo por la pandemia, con 6 mil 292 fallecidos por millón. El Concejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Concytec), identificó las causas que originaron esta debacle; entre ellas destacan un sistema de salud muy débil y carcomido por la corrupción, un gran porcentaje de viviendas precarias y hacinadas, una de las tasas más altas de informalidad laboral del mundo, un sistema de transporte público viejo, destartalado y sumamente contaminante, por mencionar algunos.

Tomando en consideración lo anterior e impulsado por el antifujimorismo, Pedro Castillo llega al poder prometiendo una agenda refundacional, con la bandera reivindicativa de los históricamente discriminados. Sin embargo, sus idas y venidas, la cercanía de sus colaboradores con la corrupción, las pésimas designaciones de funcionarios en puestos clave y una oposición recalcitrante que nunca quiso reconocer su derrota electoral, han puesto al gobierno contra las cuerdas, en una situación donde la renuncia o la vacancia ya son vistas como altamente probables.

Sobre este punto, un factor externo, la guerra en Ucrania, puso en evidencia la falta de reacción y la ausencia de ideas de un gobierno cada vez más acorralado. El alza de precios de los fertilizantes, de los alimentos, de la canasta básica y de la gasolina, generaron un incremento de la conflictividad social. En este escenario de convulsión, transportistas, agricultores, campesinos, gremios empresariales y hasta organizaciones que operan en la ilegalidad, presionaron al gobierno que cedía en muchas de los reclamos, aunque estos fueran casi imposibles de cumplir.

Y actualmente nos encontramos en una situación límite. Desde que asumió la presidencia, Pedro Castillo lleva cuatro gabinetes y ha cambiado 30 ministros en nueve meses de gobierno, es decir uno por semana. Un nivel de inestabilidad que parece único en América Latina. ¿Cuál es la alternativa para salir de la crisis?

Algunas voces demandan adelanto de elecciones, reviviendo la consigna argentina del que se vayan todos. Sin embargo, nuevas elecciones con las mismas reglas darán resultados iguales o hasta peores. Es momento que los actores sociales, políticos, empresariales y de la sociedad civil, se pongan de acuerdo en una agenda mínima de reformas impostergables. La gran pregunta es: ¿Pedro Castillo asumirá estas reformas como propias o seguirá rumbo al despeñadero?

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