El mito de no hacer y no dejar

Desde el punto de vista de las políticas públicas, todas las decisiones que se sustentan en principios restrictivos, es decir, en el mito de no hacer y no dejar, traen consigo dos dificultades. De un lado, elevamos a la categoría de problema público unas circunstancias sociales que no lo son, y que realmente se pueden solucionar mediante la vigilancia del espacio público. Y del otro lado, es una renuncia expresa, injustificada y claudicante a la gestión de política pública bajo el argumento facilista de no poder manejar con el principio de autoridad la convivencia ciudadana.

Si el problema de convivencia en Bogotá consiste en garantizar que los ciudadanos tengan más horas de descanso en las noches, sin las interrupciones obvias y molestas del ruido o los escándalos, entonces la Alcaldía Distrital estaría a punto también de prohibir los encuentros nocturnos de los ciudadanos en sus espacios privados de residencia. Todos hemos lidiado con algún mal vecino que convierte su casa o apartamento en una discoteca. Ante esto, ¿la solución es prohibir las reuniones sociales en entornos privados? No, porque sería renunciar a la gestión de política pública.

Para manejar estos inconvenientes de la vida en sociedad se han establecido regulaciones públicas sobre el manejo del sonido, de tal forma que los encuentros sociales se puedan realizar sin afectar a los vecinos que necesitan descansar. Y si los decibeles del ruido son inmanejables -de acuerdo con los estándares distritales que se han establecido-, acudimos a la Policía Metropolitana para que le llamen la atención a ese vecino o, dado el caso, para que suspenda esa reunión, y en los dos casos es viable imponer un comparendo por su comportamiento. Esto sí es gestión de política pública.

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Que este sistema funcione o no es otro tema. Que la gestión de política pública entregue los resultados esperados es un asunto de seguridad ciudadana que compromete la prestación de un servicio público que está a cargo de la Alcaldía y de la Policía. Y es aquí en donde las medidas anunciadas se ven más comprometidas. ¿Tenemos en Bogotá la suficiente capacidad instalada para monitorear, sancionar y hacer cumplir esas restricciones a la convivencia en parques y plazoletas? ¿Van a arrestar o privar de su libertad a los infractores? Y si es así, ¿a dónde los van a conducir?

Hablemos ahora de la limitación al parrillero en la movilización de los motociclistas. Esta restricción es arbitraria y desproporcional. Parte del presupuesto de calificar, definir o señalar como sospechoso de tentativa de homicidio, hurto o tráfico de estupefacientes, entre otros delitos, a los motociclistas que se movilizan en las noches con un acompañante.

En otras palabras, es una medida discriminatoria que pone un estigma a unos ciudadanos que tienen derecho al trabajo, a su buen nombre, al principio de inocencia y a movilizarse por la ciudad con base en sus propias y libres decisiones. En muchos casos estas obedecen a razones prácticas, bien porque el servicio público de transporte no les facilita rutas de movilidad o simplemente porque les resulta mas cómodo y rentable transportarse en sus motocicletas acompañados de algún conocido.

Si de lo que se trata es de disminuir los homicidios, los atracos y el narcotráfico en Bogotá mediante la efectiva gestión de política pública, en el caso de los motociclistas con parrillero tendrían que formularse estrategias de control a la movilidad. Estas deberían operar mediante informes de inteligencia policial, mayores capacidades operacionales de respuesta ante las denuncias o, en otros casos, con base en estándares de selección territorial o de identificaciones visibles de los conductores y acompañantes para adelantar requisas, verificación de antecedentes o chequeos del estado técnico de las motos.

El mito de no hacer y no dejar es una renuncia a la gestión de política pública. Como no puedo manejar los encuentros ciudadanos en las noches y además el ruido y las eventuales peleas que se producen afectan a otros ciudadanos, entonces los prohíbo. Y como no tengo los datos de inteligencia para establecer si los motociclistas con parrillero que deambulan por la ciudad nocturna pero despierta son o no presuntos delincuentes, también lo prohíbo. Mmm... aquí también caben estas preguntas: ¿Decomisarán las motocicletas?, que probablemente son una extensión de la personalidad relacionada con el ámbito laboral. ¿En donde las van a ubicar? ¿Van a arrestar a los conductores y parrilleros infractores? ¿A dónde los van a trasladar?

Esas medidas de la Alcaldía Distrital no solo son inocuas en términos de política pública. También son incongruentes en materia de seguridad ciudadana. El pasado jueves ProBogotá entregó su informe anual sobre la situación de la seguridad urbana en Bogotá durante el 2021. Es un documento sólido y bien estructurado, en el que se destacan tres capítulos. El primero es un diagnóstico de seguridad objetiva con base en once indicadores de modalidades delictivas; el segundo, son las claves para la gestión pública de seguridad; y el tercer capítulo que destaco, es el de las alertas tempranas.

En materia de indicadores objetivos de seguridad, dos de ellos son alarmantes y están directamente relacionados con la convivencia ciudadana en el espacio público. Son un llamado de atención que debe ser abordado con gestión de estrategias de política pública, y no precisamente con prohibiciones. El homicidio aumento en un 8,8%, el 58% de esos homicidios se ejecutaron con armas de fuego y el 40,16% se registraron en la modalidad sicariato. Y el hurto a personas -atraco- se incremento en un 28,6%, y en el 53,3% de los casos se emplearon armas de fuego.

¿Los dos principales retos de seguridad ciudadana de Bogotá se solucionarán con limitaciones a la convivencia en el espacio público o con prohibición al parrillero en la movilización de los motociclistas? No. El diagnóstico es incongruente con las medidas de la Alcaldía Distrital. El problema real de seguridad en Bogotá consiste en que se perdió la apropiación ciudadana, la vigilancia y el control del espacio público. Y con un patrón claramente identificado en el estudio de ProBogotá: el uso ilegítimo e ilegal de las armas de fuego en el espacio público atraviesa como nota coincidente el homicidio y el atraco en Bogotá.

Prohibir por prohibir -armas, encuentros nocturnos, parrilleros en moto- no es una estrategia eficaz de política pública. En cambio las estrategias exitosas en seguridad y convivencia ciudadana son aquellas que están acompañadas de una gestión efectiva de política pública: controles, acompañamientos, inteligencia, campañas de socialización, programas culturales y de educación cívica, verificaciones estandarizadas, vigilancias escalonadas, sanciones por incumplimientos, entre otras.

Si desistimos de la gestión de seguridad y política pública, igualmente renunciamos a encontrar soluciones reales a los problemas públicos de la convivencia ciudadana, esto es, nos refugiamos en el mito de no hacer y no dejar, que puede gustarle a algún sector de la población, pero que al final del ejercicio no nos conducirá a ningún puerto seguro.

*Abogado, especialista en política internacional y profesor titular de seguridad y defensa nacional de la Universidad Externado de Colombia. Twitter: @JairoLibreros

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