Justicia para un país torturado: la Corte Penal Internacional debe acelerar su investigación sobre Venezuela

Razón tenía el Libertador Simón Bolívar cuando dijo que la justicia era la reina de todas las virtudes republicanas. Cuando no hay justicia, no hay verdad. Cuando no hay justicia, no hay democracia. Y por supuesto, cuando no hay justicia, no hay DDHH. La justicia no solo le da orden institucional a un país, sino humanidad. Es decir, sin justicia, los humanos no pueden hacer valer su condición. Sin justicia, reina la barbarie.

Recientemente, la Misión de Determinación de los Hechos establecida por la Organización de Naciones Unidas realizó una nueva actualización de sus investigaciones sobre las masivas violaciones a los DDHH en Venezuela. Muchas personas no lo saben, pero son contados con los dedos de la mano la lista de países en donde se ha establecido una comisión de estas características para indagar sobre presuntos crímenes de lesa humanidad. Venezuela lamentablemente es uno de ellos, y eso es un indicador del nivel de degradación que ha experimentado el pueblo venezolano en términos de sus derechos humanos.

En este nuevo reporte de la Misión de la ONU se hizo un balance general sobre los casos que se han investigado en Venezuela en cuanto a torturas, desapariciones forzosas, detenciones arbitrarias, violencia sexual, ejecuciones extrajudiciales, violación del derecho a la defensa, entre otros aspectos fundamentes que constituyen patrones que describen las atrocidades ejecutadas por el régimen de Nicolás Maduro durante muchos años. Dentro de esta actualización, los representantes de este ente de DDHH brindaron información sobre dos casos que nos tocan muy de cerca y que encierran en su justa medida la sed de justicia que tiene el país, hablo de Fernando Albán y Rafael Acosta Arévalo.

Fernando Albán mi hermano, mi mano derecha y mi compañero en Primero Justicia. Fue secuestrado por la dictadura cuando arribó al aeropuerto, luego de una gira que hicimos por la ONU. Desde ese momento no supimos absolutamente nada de él (fue como si la tierra se lo hubiera tragado) hasta que el régimen anunció, burlándose de su memoria y del sufrimiento de sus familiares, que se había suicidado. Con aquella versión la dictadura apuñaló la verdad, una verdad que para el país era verosímil; pues todos sabíamos que el régimen mentía y que Fernando Albán había muerto a causa de torturas. Fue tan así, que meses después el propio régimen cambió la versión y responsabilizó a dos funcionarios de bajo rango de la muerte del concejal.

Sin embargo, esto último formó parte de una táctica para manipular a la opinión pública e intentar engañar a la Corte Penal Internacional, ya que como bien lo detalló recientemente la Misión de Determinación de Hechos las investigaciones sobre el caso estuvieron viciadas al solo implicar a autores materiales y no a quienes dieron las órdenes, no tomar en cuentas las opiniones de los familiares y lo que es todavía peor, liberar a quienes inicialmente enjuiciaron por este delito.

El mismo patrón lo vemos repetirse en lo que respecta al Capitán Rafael Acosta Arévalo. Un oficial de nuestra Fuerza Armada que fue sometido a torturas tan duras que le provocaron al menos 50 lesiones corporales; y murió prácticamente frente a un juez, quien al verlo agonizando ordenó su traslado a un centro de asistencia médica, a donde no alcanzó a llegar con vida. Los tratos crueles fueron tan atroces, que le era prácticamente imposible hablar frente al juzgado, estaba postrado en una silla de rueda y solo rogaba por auxilio a su abogado defensor. Fue un oficial digno de nuestro ejército de libertadores, que fue asesinado por esbirros del régimen por oponerse a la entrega de la soberanía y soñar con un país distinto. Luego de documentar su caso, la misión de Determinación de los Hechos confirmó que el proceso de investigación también ha presentado múltiples irregularidades, desechando la participación de familiares en el levantamiento de testimonios y pruebas, y desconociendo la responsabilidad de altos cargos de la cadena de mando en el desarrollo de este crimen.

Lo anterior nos da pie para sostener que Maduro no está llevando adelante una reforma judicial, ni está cumpliendo con los compromisos asumidos ante los órganos internacionales que monitorean el desenvolvimiento de los DDHH en el país. Solo simula procesos judiciales independientes para retrasar y obstaculizar la búsqueda de una verdadera justicia.

Los casos de Fernando Albán y Rafael Acosta Arévalo deben constituir una piedra angular del proceso de investigación que actualmente adelante la Corte Penal Internacional por crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela. Hemos estado cerca de los familiares de estos dos mártires de la lucha democrática venezolana y sabemos de su insistencia y firmeza, en medio del dolor que produce perder a un ser querido por un hecho de monstruoso como la tortura, para lograr que se impongan la justicia, la verdad y la reparación.

Quienes sostienen la dictadura deben comprender que no importa cuántas maniobras dilatorias apliquen para tratar de eludir su responsabilidad frente a estos actos crueles e inhumanos, al final de cuenta la historia está llena de experiencias que nos hacen tener la plena certeza que la justicia llegará y llegará para sanar a un país torturado, pero también para poner fin al reino de impunidad edificado a la medida de quienes están en el poder.

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