Mucho más que un referéndum

Uruguay disputa un referéndum el próximo domingo. En el país existe una larga tradición de utilización de mecanismos de democracia directa, que sobre todo una vez retomada la democracia en el año 1985 han tenido impactos directos en la agenda y en la gobernabilidad de los gobiernos de turno.

En este caso el escenario, a juzgar por las encuestas nacionales que se han dado a conocer en las últimas semanas, presenta un panorama de incertidumbre sobre el resultado. Lo que está en disputa es la mantención o derogación de 135 artículos de una Ley denominada de Urgente Consideración y que tiene en totalidad más de 480 artículos. La variedad de temas abordados por dicha ley, así como la propia complejidad legislativa de muchos de los temas han generado que buena parte de la población no tenga información detallada sobre lo que está en juego. En una serie de encuestas que pudimos realizar en el litoral del Uruguay nos encontramos con que buena parte de la población no había leído ningún aspecto ni de la Ley ni de los artículos que se pretenden impugnar (sumados los que no leyeron ningún artículo a los que leyeron sólo algunos llegan al 71% de la población), a lo que debemos agregar que luego de recolectadas las firmas que posibilitaron el actual referéndum (el 25% del padrón electoral de Uruguay), el 78% de la población admitió en la encuesta que probablemente no leería ninguno de los artículos. Llegados a este punto es claro que en una elección siempre se toman decisiones en base a determinados marcos comportamentales, ideológicos, sociológicos, etc. La mayoría de los electores del próximo domingo en Uruguay no van a votar con especial conocimiento de los diversos asuntos en cuestión[1].

Siguiendo una larga tradición de la historiografía de Uruguay podríamos afirmar que los “bandos” en disputa constituyen dos con nítidos perfiles socio políticos. Por una parte, la coalición de partidos que llevó a la presidencia a Luis Lacalle Pou, encabezada por su Partido Nacional, sumado al Partido Colorado (dos de los partidos políticos más antiguos del planeta) a quienes se le agrega Cabildo Abierto, una reciente aparición con una performance electoral que lo llevó a conquistar varias bancas parlamentarias y con un claro perfil militar entre sus principales referentes, el Partido Independiente, y el Partido de la Gente. A todos ellos se han sumado de manera bastante explícita muchas de las principales cámaras que nuclean al mundo de la producción, las empresas y el comercio. Este es el bloque oficialista que defiende la mantención de los 135 artículos y que vota una papeleta de color celeste con la inscripción NO. Sus posiciones lo ubican claramente en un eje que ocupa del centro hacia la derecha del espectro ideológico.

El otro bando, el que impulsa la derogación de los artículos y que vota una papeleta de color rosada con la inscripción Sí, también tiene una configuración muy clara: el principal partido político es el Frente Amplio que viene de una dura derrota en la segunda vuelta electoral en el año 2019, lo que lo llevó a dejar el gobierno después de 15 años; se le suma como partido político Asamblea Popular, partido de izquierda y que en la última elección no obtuvo cargos parlamentarios; pero por el lado de los apoyos sociales este bando tiene a la central sindical de Uruguay, el PIT-CNT como un brazo estratégico y con alta capacidad de movilización, así como a un variado entramado de diferentes actores y organizaciones de la sociedad civil. Claramente el sector ideológico que ocupa este bando es el que está del centro hacia la izquierda.

La campaña electoral ha transcurrido en un clima que ha tenido diferentes etapas e intensidades. En algunos momentos hubo niveles de confrontación importante, fundamentalmente en redes sociales, confrontación que tuvo como protagonistas a diferentes dirigentes de los principales partidos y organizaciones sociales involucradas. En otros momentos la campaña pareció dirigirse más a aspectos informativos sobre los contenidos de los artículos, llegando a ocurrir como suele hacerlo en el mundo de la política, que frente a un mismo texto los actores involucrados tengan interpretaciones diferentes sobre los impactos jurídicos del mismo, así como de las consecuencias a futuro. En las últimas semanas y en el marco de un escenario internacional adverso, así como de la concepción del gobierno de turno del manejo fiscal, se ha dado una serie de aumentos importantes en precios tanto de la canasta básica como de los combustibles. Esto ha generado que la economía se metiera de lleno en el tramo final de la campaña electoral.

Si realizamos un promedio de las últimas encuestas difundidas por las principales empresas demoscópicas a nivel nacional los resultados son los siguiente: votarían por el NO un 43%, lo harían por el SI un 39,5%; votarían en blanco y anulado un 2,25% y se mantienen como indecisos un 13,75% de los electores. La posición del oficialismo aparece con ventaja en todas las encuestas, pero una ventaja bastante menor que el nivel de indecisos existente. Estos datos de alguna manera les dan optimismo a los dos bandos en disputa.

Pero lo que está en juego es bastante más que el resultado por mantener o derogar 135 artículos de una ley ómnibus como las denominamos usualmente en la ciencia política. Lo que está en juego es ni más ni menos que la medición de fuerzas electorales entre el oficialismo y la oposición cuando estamos a pocos meses de llegar a la mitad del actual período de gobierno. Hay al menos tres escenarios posibles: un triunfo holgado del oficialismo lo pondrá en una excelente posición para afrontar no sólo lo que queda del período con una elevada legitimidad y acelerar reformas que tiene en su agenda, sino también para comenzar a pensar en la mejor forma para repetir el éxito electoral presidencial; una victoria de la oposición, aunque fuera mínima, generaría un escenario adverso para el actual gobierno. Adverso para el futuro mediato de la coalición política que lo conforma, para su funcionamiento interno y su proyección futura, así como una clara señal de que en las próximas presidenciales tendrán enfrente un desafío muy complejo. Pero existe un tercer escenario, en él se da la victoria del actual oficialismo, pero por una ventaja pequeña. Este escenario, si bien simbólicamente será celebrado como una victoria, también provocaría una serie de efectos bastante lógicos: si casi todos los partidos enfrentados a uno sólo apenas le ganan sería casi repetir el resultado de la segunda vuelta del año 2019 y eso, en cualquier caso, presentaría muchas más dudas que certezas para todos los actores involucrados, fundamentalmente en el oficialismo que como suele ocurrir en todas las elecciones, tiene bastante más recursos para enfrentar el actual proceso electoral que la oposición.

Un apunte final tiene que ver con la geografía electoral del Uruguay reciente, el último ciclo electoral 2019-2020 se caracterizo por tener una división entre centro y periferia. En el centro político del país, Montevideo y área metropolitana, el Frente Amplio ganó con relativa comodidad. En cambio, en la periferia política, es decir el resto del país o el denominado como “interior” más el “interior profundo” mostró el Partido Nacional sumado a sus socios de la coalición por encima del Frente Amplio. En el centro político hay más electores, pero si en la periferia se da una diferencia importante como ocurrió en la primera vuelta del año 2019 y se repitió en menor medida en la segunda, el efecto del mayor caudal electoral en el centro político pasa a segundo plano. Esta también será una elección donde unos irán por repetir esa ecuación territorial, y otros por revertirla.

*Investigador y docente universitario y fundador de la consultora ágora, radicada en la ciudad de Salto, Uruguay.

(1) Estas encuestas se pueden encontrar en www.agora.com.uy