El 7 de diciembre, pocos días después del tercer Foro China-Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la Cancillería china dio a conocer el Plan de Acción Conjunto China-CELAC 2022-2024. Estableció los planes de Beijing para expandir la cooperación en una variedad de áreas, incluida la defensa, las finanzas, el comercio, la salud pública y los intercambios culturales.

Ese mismo día, el sitio web regional de noticias latinoamericanas Infobae informó que el gobierno ecuatoriano estaba demandando a la empresa china Sinohydro por trabajos de mala calidad en la presa Coca Codo Sinclair, que ha dañado gravemente el medio ambiente y la economía ecuatoriana. Construida en 2016, la presa tiene más de 7 mil grietas, está causando erosión a lo largo del río Coca y está funcionando muy por debajo de su capacidad prometida.

La erosión también ha obligado a cerrar dos de los gasoductos más importantes de Ecuador, lo que potencialmente amenaza la capacidad de Ecuador para cumplir con sus contratos de exportación. Asimismo, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos está trabajando ahora con el gobierno ecuatoriano para mitigar los efectos de la erosión.

La yuxtaposición de estos dos eventos destaca el enigma que enfrentan los gobiernos de América Latina y el Caribe: sus aspiraciones de aprovechar los recursos chinos para financiar el desarrollo nacional y otros objetivos frente a los verdaderos riesgos que puede conllevar la participación de entidades chinas.

La presa Coca Codo Sinclair de Ecuador es sólo un ejemplo de una serie de proyectos de infraestructura chinos fallidos, problemáticos o estancados en toda la región. ¿Hay algo en los proyectos gestionados o financiados por la República Popular China que genere un número desproporcionado de problemas? Hay tres elementos que contribuyen a un riesgo elevado de problemas que pueden destacarse mediante un examen en profundidad del caso Coca Codo Sinclair: La falta de diligencia por parte del socio que contrata el proyecto chino; corrupción; y desprecio por los derechos indígenas y la protección del medio ambiente.

En 1992, el gobierno ecuatoriano encargó dos estudios de factibilidad sobre la presa Coca Codo Sinclair. Uno de esos estudios apuntó que el proyecto podría afectar negativamente el suministro de agua del río Coca, lo que a su vez podría causar una “erosión regresiva”, carcomiendo el lecho del río y debilitando la tierra río arriba.

Cuando la empresa china Sinohydro comenzó a construir la presa en 2010, no cumplió con la diligencia debida para realizar un estudio de vulnerabilidad o riesgo, o simplemente ignoró los riesgos identificados en el estudio anterior.

En 2015, la Contraloría de Ecuador encontró más de 7 mil grietas en los distribuidores de la presa, lo que indica que el trabajo o los materiales utilizados por Sinohydro probablemente eran de mala calidad.

De manera similar y debido a la falla de Sinohydro para abordar los riesgos hidrológicos del proyecto identificados en el análisis anterior, en 2020, el flujo del río Coca se vio severamente afectado, lo que provocó que la icónica cascada San Rafael se secara, también fue así con el Oleoducto Trans-Ecuatoriano. El sistema y el Oleoducto de Crudo Pesado a la ruptura.

Todos estos problemas provocaron daños ambientales y afectaron temporalmente el suministro de petróleo de Ecuador. En tanto y como se señaló anteriormente, en 2021 Ecuador decidió demandar a Sinohydro y llevar el caso a arbitraje internacional.

En otras partes de Ecuador, muchos otros proyectos hidroeléctricos han enfrentado problemas. Estos han provocado que el gobierno ecuatoriano multara a China Water and Electric por incumplimiento de los compromisos contractuales en la represa Toachi-Pilaton, la remoción de China National Electric Equipment Corporation del proyecto hidroeléctrico Quijos por no completar el trabajo prometido, la cancelación de un proyecto en Chone de la firma china Tesijiu, y la muerte de tres trabajadores en un accidente por inundación en el proyecto Delsitsanisagua, entre otros.

En Bolivia, el gobierno ha rescindido a lo largo de los años los contratos de numerosas empresas chinas por incumplimiento de proyectos de infraestructura, incluida la expulsión de Beijing Urban del aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz y la rescisión de los contratos de China Railway Road y CAMC Engineering para construir una línea de ferrocarril de Montero a Bulo Bulo, entre otros incidentes.

Mientras tanto en el Caribe, la repentina finalización del proyecto de 71 mil 7 millones de Trinidad y Tobago entre China Gezhouba Group International Engineering Company y Housing Development Corporation en 2019 destacó la falta de transparencia en la adjudicación del contrato y “concesiones demasiado generosas a la empresa china”, según la Red Caribeña de Periodismo de Investigación.

En Guyana, el ministro de Obras Públicas denegó una solicitud de China Harbour Engineering Company para extender el tiempo de finalización de una mejora del Aeropuerto Internacional Cheddi Jagan.

Este proyecto de 150 millones permanece incompleto después de más de una década de su inicio debido a diversas preocupaciones sobre la mano de obra y otros problemas técnicos, aunque se espera que esté completo en un 65 o 70 por ciento para fin de año.

Estos ejemplos muestran un patrón de empresas chinas que no llevan a cabo adecuadamente la diligencia debida antes de que comience un proyecto o no lo concreten.

En 2018, el New York Times detalló el hecho de que casi todos los funcionarios del gobierno ecuatoriano involucrados en el proyecto de la presa Coca Codo Sinclair están ahora en la cárcel o están siendo investigados por soborno.

Si bien esos cargos de soborno tienen que ver, en gran medida, con la recepción de fondos de la constructora brasileña Odebrecht, también hubo una cinta grabada en secreto que se hizo pública que sugería que el exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas había recibido sobornos de los chinos.

En Venezuela, han habido innumerables proyectos que han sido cuestionados y no transparentes en los que no está claro a dónde se fue el dinero, pero los proyectos quedaron sin completar.

Uno de los ejemplos más evidentes fue una planta de producción de arroz contratada por CAMC Engineering de China. En septiembre de 2018, un tribunal andorrano determinó que los chinos habían pagado al menos 100 millones en sobornos a funcionarios venezolanos para asegurar el proyecto, que finalmente nunca se completó ni produjo arroz.

Quizás el caso más destacado es el “Canal de Nicaragua”, un proyecto de 100 mil millones que involucra relaciones no transparentes altamente cuestionables entre la familia gobernante de Nicaragua Ortega, incluido el hijo del presidente Laureano, y el multimillonario chino de telecomunicaciones Wang Jing.

En 2014, aprovechando el control del Congreso de Nicaragua por parte del gobernante partido sandinista de Ortegas, la empresa HKND de Wang Jing obtuvo una amplia autorización para construir un canal de 100 mil millones en todo el país.

El proyecto finalmente desapareció en 2016 después de no atraer inversores externos, aunque en noviembre de 2021, justo antes de la decisión de Nicaragua de establecer relaciones diplomáticas con la República Popular China, curiosamente, Wang Jing reapareció en público para abogar por la continuación del proyecto.

Si bien estos son los ejemplos más evidentes, de cómo las empresas chinas utilizan sobornos y otras influencias indebidas para asegurar proyectos en condiciones que les beneficien, existen otras formas sutiles.

Esto después de que Panamá estableció relaciones diplomáticas con la República Popular China en 2017, la administración del entonces presidente Juan Carlos Varela negoció acuerdos con China directamente a través de la oficina del presidente, lo que provocó acusaciones de corrupción.

Los proyectos chinos en toda la región han provocado repetidamente protestas de grupos indígenas, ambientalistas y comunidades afectadas por sus operaciones, por su forma de proceder con respecto a preocupaciones como el medio ambiente, los derechos a la tierra y al agua, y temas relacionados.

En 2018, la Federación Internacional de Derechos Humanos publicó un informe que encontró que la empresa china BGP Bolivia rompió su promesa al pueblo Tacana de Bolivia, destruyendo un bosque de castaños, crucial para la economía local, y obligando a los animales a migrar.

El derrumbe de un muro de contención mal construido en una operación minera boliviana de la empresa china Jungie provocó lesiones a 18 trabajadores y la contaminación de la comunidad local con relaves metálicos.

En 2019, la Comunidad Amazónica de la Cordillera Cóndor Mirador en Ecuador se manifestó contra un proyecto minero de cobre de la empresa china Tongguan, acusando a la firma de violar las leyes mineras nacionales al no consultarlos adecuadamente sobre el proyecto y luego desalojarlos por la fuerza de su tierra.

En Perú, las protestas locales por el impacto de la mina Río Blanco, desarrollada por la empresa china Zijin cerca de Piura, finalmente paralizaron el proyecto. También en Perú, en la mina Las Bambas, las reiteradas protestas de la comunidad de Chumbivilcas a la entrada del sitio obligaron finalmente al operador chino Minmetals a cesar la producción.

En Argentina, las operaciones de China Metallurgical Corporation (CMC) en la mina Campana Mahuida han estado congeladas desde 2009 debido a la resistencia por el impacto de la operación en la comunidad local y el medio ambiente.

En Brasil, el cultivo de soja de las empresas chinas, un producto extremadamente importante para la propia seguridad alimentaria de China, en áreas biodiversas está amenazando el ecosistema y contribuyendo a la deforestación.

Es cierto que el gobierno chino y las empresas chinas están aprendiendo de los fracasos pasados en la región y están adaptando sus prácticas comerciales, aunque no alterando fundamentalmente sus comportamientos.

Por ejemplo, Margaret Myers del Diálogo Interamericano ha escrito extensamente sobre cómo las empresas chinas se están “volviendo locales”, construyendo hermanamiento (relaciones de ciudades hermanas) con los gobiernos provinciales y municipales, aprovechando las comunidades locales de la diáspora china y confiando menos en el banco de políticas. préstamos y más sobre alianzas público-privadas para financiar proyectos en la región.

Pero los problemas persistentes en los proyectos financiados o administrados por China plantean la pregunta: ¿Cómo pueden los países de América Latina y el Caribe confiar en China como socio comercial? ¿Cómo se hacen negocios con empresas que con demasiada frecuencia, si no están supervisadas de cerca, no realizan la debida diligencia, se involucran en actos de corrupción y no respetan los derechos indígenas o el medio ambiente? ¿Cómo pueden los gobiernos regionales confiar en empresas que están conectadas de una forma u otra a un régimen autoritario que, apenas este mes, fue acusado de hackear y espiar a 29 países, 17 de ellos en la región: Argentina, Barbados, Brasil, Chile, Colombia? , República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Perú, Trinidad y Tobago, Estados Unidos y Venezuela? Con el historial problemático de las empresas chinas, ¿cómo pueden los gobiernos regionales confiar en ellas a medida que amplían su presencia en áreas esenciales para la seguridad nacional, como la red eléctrica y las telecomunicaciones?

Por supuesto, no es factible para los países de América Latina y el Caribe cortar por completo los lazos comerciales con las empresas chinas, dada la importancia de la República Popular China como comprador de sus productos básicos y una fuente cada vez más importante de inversión y crédito para sus países.

Sin embargo, existen nuevas formas para que los gobiernos examinen más a fondo los posibles proyectos chinos y aprovechen las alternativas proporcionadas por los socios democráticos.

Primero, los gobiernos locales pueden hacer más para aprovechar los recursos disponibles de los EE. UU. Para fortalecer su capacidad de interactuar con los chinos de una manera eficaz y transparente. Esto permitirá a los gobiernos regionales aprovechar mejor el potencial de las inversiones y proyectos chinos, al tiempo que mitiga los riesgos asociados.

Por ejemplo, como se mencionó al comienzo de este artículo, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE) está trabajando actualmente con el gobierno ecuatoriano para evaluar el impacto ambiental de la represa Coca Codo Sinclair y ayudar a elaborar un plan para mitigar esos impactos.

USACE está brindando apoyo técnico a Brasil en la gestión del agua; con la Autoridad del Canal de Panamá en servicios de consultoría y asesoría técnica para el Programa de Proyectos de Agua para una vía fluvial clave; con República Dominicana para expandir y desarrollar aún más el puerto de Manzanillo; y con Honduras para discutir el diseño de un Plan de Manejo de Riesgo de Inundaciones para el Valle de Sula.

El ministerio de obras públicas de cualquier país puede solicitar asistencia al USACE para realizar una evaluación adecuada de viabilidad, vulnerabilidad y riesgo antes de que se pongan en marcha grandes proyectos de infraestructura.

En segundo lugar, los gobiernos regionales tienen cada vez más alternativas a los proyectos financiados por la República Popular China, que implican una mayor transparencia, salvaguardas de las prácticas corporativas y gubernamentales contra la corrupción y un sólido historial de responsabilidad social corporativa en el trato con las comunidades locales, las leyes y el medio ambiente. Representantes de la administración Biden visitaron recientemente Colombia, Ecuador y Panamá para explorar oportunidades de inversión privada como parte de Build Back Better World (B3W).

Esta iniciativa, apoyada por la U.S. Development Finance Corporation, se enfoca en fortalecer la infraestructura en las áreas de clima, salud y seguridad sanitaria, conectividad digital y equidad e igualdad de género.

La Unión Europea también anunció recientemente Global Gateway, que moviliza 300 mil millones de euros para inversiones sostenibles en digital, clima y energía, transporte, salud, educación e investigación.

Tanto B3W como Global Gateway aspiran a apoyar proyectos que mantengan los más altos estándares de transparencia y anticorrupción, sustentabilidad financiera, protección laboral y preservación ambiental.

Estas herramientas y alternativas, ofrecidas por socios democráticos de larga data, permitirán a los gobiernos regionales permitir proyectos que apoyen el crecimiento económico en sus países sin comprometer sus estándares morales o ambientales. Y si los gobiernos regionales aún deciden trabajar con posibles licitadores chinos, pueden hacer que esas empresas cumplan con altos estándares. Es lo que la gente de la región necesita y merece.

Las opiniones expresadas en el artículo pertenecen a los autores y no reflejan necesariamente las del gobierno de EE. UU.

* Los autores:

Leland Lazarus

Es el asistente especial y redactor de discursos de la Comandante de Combate del Mando Sur de Estados Unidos, la general Laura Richardson. Anteriormente trabajó como funcionario del Servicio Exterior de Estados Unidos en China y el Caribe.

Evan Ellis

Es profesor de investigación de Estudios Latinoamericanos en el Instituto de Estudios Estratégicos de la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos. Su investigación se centra en las relaciones de América Latina con China y otros actores del hemisferio no occidental.

* Este artículo se publicó originalmente en el sitio web The Diplomat.

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