Cuando Nicolás Maduro dice que la extradición de Alex Saab, su testaferro y “deal-maker”, “le ha dado una puñalada mortal a los diálogos y negociación de México”, dice la verdad. Claro, es así en tanto la impunidad—propia, de sus socios y de sus cómplices—sea condición sine qua non para que acepte una solución política a la profunda crisis del país.
Pues Maduro no ha mentido. En el mismo inicio de este diálogo, sus tres requisitos fueron presentados en orden de jerarquía: “El primero de todos”, palabras textuales, el levantamiento inmediato y completas de todas las sanciones y medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela.
“Inmediato y completas”, textual también, quiere decir que no distingue entre sanciones a instituciones y a personas. O sea, su prioridad es que PDVSA recupere sus recursos y los jerarcas del régimen, sus activos mal habidos. El régimen ha sido claro y consistente con su propia historia y naturaleza. Quienes escucharon otra cosa al comienzo de esta negociación no parecen haber comprendido con quien “negocian”.
El Distrito Sur de Florida ha imputado a Saab con siete cargos de lavado de dinero, operación ejecutada por medio de un sistema de sobornos que viola la Ley contra las Prácticas Corruptas en el Exterior. En el expediente del Departamento de Justicia se citan transferencias desde Venezuela a cuentas radicadas en bancos de Florida por un monto aproximado de 350 millones de dólares.
Cinco cómplices de Saab están acusados en el mismo distrito judicial por dirigir una red de corrupción para beneficiarse junto a Maduro de la venta de medicinas y alimentos sobrevaluados para el programa de subsidios CLAP. En conjunto, Saab controlaba el grueso de la recaudación de recursos ilícitos del gobierno de Maduro, alrededor de 32% del total, destinado al enriquecimiento de funcionarios. Era el tesorero de la corrupción, literalmente, de ahí el nerviosismo de Maduro.
Casi simultáneamente, Claudia Patricia Díaz, extesorera y enfermera de Hugo Chávez, fue acusada de corrupción en un juzgado de Miami por haber recibido 4.2 millones de dólares de Raúl Gorrín a cambio de acceso a transacciones de cambio en moneda extranjera por cientos de millones. Aprobada por la Audiencia Nacional española este 15 de octubre, su extradición a Estados Unidos está pendiente.
También en España, Hugo Carvajal, alias el pollo, fue detenido en Madrid en atención a los cargos de narco-terrorismo y trafico de cocaína radicados en el Distrito Sur de Nueva York. El ex jefe de espías de Hugo Chávez habría entregado al juez de la causa sustancial información sobre contratos del despacho de Baltasar Garzón con PDVSA y pagos de los gobiernos de Chávez y Maduro a miembros de Podemos
Asimismo, fue revelado que Carvajal declaró sobre campañas electorales financiadas por el chavismo en el exterior; en América Latina, Kirchner, Morales, Lula, Humala y Petro, entre otros; y en Europa, además de Podemos, Cinque Stelle. Su extradición iba a realizarse este sábado 23 pero fue suspendida por un tecnicismo, aparentemente de manera momentánea.
En el debate español, algunas voces dicen que Pedro Sánchez está deseoso de colaborar con la justicia estadounidense y acelerar la extradición de Carvajal. Al ser extraditado, ello archivaría los hechos delictivos contenidos en sus declaraciones ante el juez Manuel García-Castellón y que comprometen a la alianza gubernamental PSOE-Podemos. Sería una medida de auto-protección, pues los tiros le pasan cerca.
Cómo se ejerce el poder en Venezuela se sabe desde hace tiempo. Investigaciones periodísticas, académicas y de ONGs han dado cuenta del narcotráfico, el lavado, la corrupción y delitos conexos durante años. Lo nuevo es que ahora adquiere materialidad en el sistema judicial de Estados Unidos, y que la geografía y la profundidad de dichas redes criminales indica que estamos frente a la parte visible de un iceberg de proporciones inimaginables.
De ahí que el nerviosismo de Maduro no sea trivial ni ficticio. Debe temer que todo lo anterior derive en una tormenta perfecta. Agréguese que se espera en próximas horas una decisión por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en relación a abrir—o no—una investigación criminal exhaustiva de los crímenes de lesa humanidad denunciados: torturas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y desapariciones.
En Venezuela dichos crímenes son política de Estado. De eso se trata cuando el poder está en manos de una organización criminal. El frente externo se ha complicado para la dictadura venezolana y sus clientes en el exterior.
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