En el verano del 2015, visité el Centro Superior de Estudios Militares General de División, José Dolores Estrada (CSEM) donde el busto que se donara del Gral. José de San Martín se erguiría en la Plaza de los héroes militares latinoamericanos. Escoltado por la cadete del segundo año de la formación de oficial militar, luego de escuchar sobre materias y exámenes que se rinden al ingresar a la Academia militar, me sorprendió su comentario: “A las cadetas de 1er. y 2do. año les está vedado el derecho a mantener relaciones interpersonales y, constituye falta grave el embarazo, mientras que la primer prohibición no aplica a las relaciones interpersonales de cadetes varones, ellos pueden tener mujer y, en algunos casos hijos, por fuera de la Academia”. Por cierto, una doble discriminación contra las cadetas.
Silvia Tórrez se integró al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en 1973. Silvia comentó en la entrevista consignada en La Corriente que los comportamientos machistas también predominaban dentro de las estructuras del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el actual partido de gobierno del régimen del Presidente Daniel Ortega y la Vicepresidenta, Murillo, su conyuge, “por una lado exigían que fuéramos guerrilleras, pero por otro lado que fueras la mujer pura y la mujer buena. Para algunos guerrilleros no podías ser su novia, su novia era la que no era aventada. Se nos exigía que nos comportáramos igual que los hombres pero que fuéramos sumisas”. Asimismo, “después de la revolución desde la propia estructura del FSLN (…) pidieron a las lesbianas que se callarán para no dar una mala imagen de la revolución (sandinista), que debíamos esperar por todos nuestros derechos hasta que el socialismo estuviera completamente construido”.
También los homosexuales siguen hoy vedados al ingreso en la Academia militar, y si alguno osara, resultaría inmediatamente dado de baja deshonrosa. Así, le sucedió a un joven homosexual a quien le formaron la valla de la deshonra mientras era desalojado de la institución castrense de forma humillante y vergonzosa. Los homosexuales y las cadetas pierden por goleada y los heteros corren con ventajas en esta academia militar.
Durante dicha visita al CSEM, su Director destacó el origen guerrillero y popular del ejército nica y señaló el papel que este jugó para derrocar la dictadura somocista. Sin embargo, ese mismo ejército quedó impávido frente a las “camisetas azules” - grupos paramilitares - que provistos de armas y munición de guerra, fueron instrumento del terror político orteguista, cometiendo crímenes de lesa humanidad contra el pueblo nicaragüense en la crisis social y política que estalló el 18 de abril del 2018.
En medio de los momentos más crudos de la represión, el Ejército emitió sendos comunicados del 21 de abril, del 12 de mayo del 2018 para desmentir su participación en hechos de violencia y la nota de prensa del 30 del mismo mes donde expresa su respaldo al diálogo y su protección de las entidades y objetos estratégicos vitales para el funcionamiento del país. Una lectura de dichos comunicados es que no saldría a reprimir y así lo han recordado algunos exjefes del mismo ejército, a pesar de que en repetidas ocasiones el Jefe del Ejército, recibió cartas desde la sociedad civil en las que le solicitaron el desarme de los paramilitares. Sin embargo, no dio respuesta alguna. Desde entonces, el Ejercito del pueblo, se ha mantenido al margen de lo que consideran un problema de orden público, a pesar del reclamo de la sociedad civil de que desarmaran a los grupos paramilitares que reprimieron en complicidad con la Policía.
La Constitución política de Nicaragua, en su artículo 95, establece que “no puede existir más cuerpos armados en el territorio nacional que los establecidos en la Constitución, ni grados militares que los establecidos por la ley”. El ejército es la única institución armada que puede existir dentro del territorio de Nicaragua. Asimismo, el artículo 2 de la ley 855 establece que una de las 20 funciones del ejército es “disponer de sus fuerzas y medios para combatir las amenazas a la seguridad y defensa nacional, y cualquier actividad ilícita que pongan en peligro la existencia del Estado nicaragüense, sus instituciones y los principios fundamentales de la nación”.
Como corolario queda la certeza que ese mismo ejercito habría sido capaz de desarmar a las hordas paramilitares si hubiera estado en manos de una Generala, más proclive a proteger a los jóvenes, hijos de la patria, que en sostener una culposa neutralidad institucional que conlleva a una complicidad en contra del pueblo, elementos constitutivo del Estado de Nicaragua.
*El autor de este artículo fue Embajador de la República Argentina en la República de Nicaragua del 08 de julio del 2013 al 21 febrero de 2019. Es, además, miembro Consultor del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI).
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