Internacionalizar la protesta en Cuba

Las multitudinarias protestas del pasado 11 de julio fueron una clara expresión espontánea de los deseos de cambio político y económico de una parte importante de la sociedad cubana. El régimen dictatorial de partido único respondió con detenciones y encarcelamiento de centenares de personas inocentes, y está forzando al exilio a los jóvenes artistas independientes que vienen desafiando desde hace tres años la censura del pensamiento único y que cuenta con apoyo ciudadano en los barrios populares, como es el caso del Movimiento San Isidro. Hoy, su principal referente, el artista visual Luis Manuel Otero Alcántara, se encuentra en prisión luego de su detención el 11J.

Sin justicia independiente, sin libertad de prensa y sin organizaciones de derechos humanos que puedan funcionar legalmente, es imposible conocer el alcance que tuvo la represión durante las protestas del 11J. Se supo de un muerto víctima de la brutalidad policial, pero a Cuba no pueden ingresar los Procedimientos Especiales de Derechos Humanos de la ONU y, mucho menos, prestigiosas organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional.

En respuesta a los sucesos del 11J hubo importantes pronunciamientos de la comunidad internacional. Por ejemplo, António Guterres, Secretario General de la ONU, señaló: “Nuestra posición ha sido muy clara, en que las manifestaciones deben realizarse pacíficamente y que se debe respetar el derecho a la libertad de expresión y congregaciones pacíficas”.

Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expresó “Todos los detenidos por ejercer sus derechos deben ser liberados sin demora. Lamento profundamente la muerte de un manifestante en el contexto de las protestas en La Habana; es importante que haya una investigación independiente, transparente y efectiva, y que los responsables rindan cuentas. Insto al Gobierno a que aborde las demandas de los manifestantes mediante el diálogo, y a que respete y proteja plenamente los derechos de todas las personas a la reunión pacífica y a la libertad de opinión y expresión”.

El Canciller español, José Manuel Albares, afirmó que “España defiende el derecho a manifestarse libre y pacíficamente y pide a las autoridades cubanas que lo respeten”. En la misma línea lo hizo Sigrid Kaag, Ministra de Relaciones Exteriores del Reino de los Países Bajos: “Debe respetarse el derecho a manifestación, deben cesar las detenciones arbitrarias y todas las partes deben abstenerse de cometer actos de violencia. Los detenidos sin base jurídica deben ser puestos en libertad de inmediato. Los cubanos tienen que poder determinar su propio futuro”. Y hasta el Ministerio de Relaciones Exteriores de Suiza se pronunció: “Suiza sigue con preocupación las protestas de los últimos días en Cuba. Pide a las autoridades que respeten los derechos humanos, en particular la libertad de reunión y de expresión, y que liberen a todos los que han protestado pacíficamente. Alienta a las autoridades cubanas a entablar un diálogo inclusivo con los manifestantes sobre sus preocupaciones”.

Para el 20 de noviembre se había anunciado una nueva protesta en Cuba y enseguida el gobierno cubano respondió de manera provocativa impulsando una manifestación el mismo día. Entonces los sectores pro democráticos cambiaron la fecha, adelantándola al 15 de noviembre y el gobierno nuevamente busca impedirla. A través de su cuenta de twitter, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba aclaró, por si alguien tenía dudas, que el régimen del Partido Comunista es una dictadura: “Ni ahora ni en el futuro el derecho a la manifestación puede utilizarse para subvertir el sistema político, para derrocar el proyecto socialista cubano o para establecer alianzas con grupos y organizaciones que reciben financiamiento exterior”.

Protestar para “subvertir el sistema político” implica en realidad reclamar en favor de una apertura política y poner fin a la dictadura, es decir, nada distinto a las marchas durante las dictaduras militares del Cono Sur.

Protestar para “derrocar el proyecto socialista cubano” significa pedir el fin del partido y pensamiento único que pretende obligar a todas las personas en Cuba a pensar de la misma manera. Un delirio.

Respecto a las “alianzas con grupos y organizaciones que reciben financiamiento exterior” es el mismo discurso de todas las dictaduras, aunque en el caso de Cuba negando el derecho a la libertad de asociación. Sobre este aspecto hay que recordar que durante la última dictadura militar en la Argentina las organizaciones de derechos humanos tenían reconocimiento legal y se sostenían gracias al financiamiento externo, principalmente de Estados Unidos, Francia y los Países Bajos.

Ante la sinceridad brutal de la dictadura cubana de mantener su espacio cívico cerrado es necesario que se exprese la comunidad democrática internacional, reafirmando sus reclamos quienes lo hicieron luego del 11J y sumándose quienes hasta ahora se han mantenido indiferentes. Una dictadura puede llegar a su fin cuando el pueblo se manifiesta en las calles desafiando la represión, pero también cuando moralmente se ve debilitada por la condena y el rechazo internacional.

*Gabriel C. Salvia es Director General de CADAL

SEGUIR LEYENDO: